«Y hoy, ante la situación de degeneración política, económica y sobre todo moral que continúa convulsionando y desgarrando la sociedad (exigimos) la convocatoria a un Referéndum Nacional para Revocar el mandato al Presidente de la República, a los Parlamentarios que componen el Congreso Nacional, a los integrantes de la Corte Suprema de Justicia, Consejo de la Judicatura, la renovación del Poder Judicial, así como la renuncia del Consejo Supremo Electoral…».
La declaración no corresponde, como usted habrá supuesto, a ninguna organización política del presente ni tampoco a los tres grupos de ciudadanos que en días pasados solicitaron al CNE que active los pasos para la realización de un referéndum revocatorio del mandato de Nicolás Maduro. Salió del Cuartel San Carlos, a cuatro meses y veinte días de la intentona golpista del 4 de febrero, y lo firmaban poco más de una treintena de oficiales de cuyos nombres quizá solo se recuerde el de Hugo Chávez y de algún otro oficialillo hoy perseguido por la justicia internacional.
Eran tiempos de pleno furor revocatorio alentado no solamente por los golpistas sino también por sectores de la sociedad civil que habían hecho suya la consigna: Pérez vete ya.
Ese pedimento de revocatorio nació casi desde un principio asociado a la propuesta de convocatoria a una asamblea nacional constituyente y a que la nueva carta magna que de allí emanara incluyera, ineludiblemente, el derecho a la activación de un referéndum revocatorio, que ahora figura en la CRBV no solo para el presidente de la república sino para todos los cargos de elección.
Vale la pena recordar que tras el primer mes del golpe las encuestas señalaban niveles de popularidad para el jefe de los golpistas, pero en paralelo sobraban los señalamientos acusatorios del intento de ruptura del hilo constitucional, cuyas sanciones estaban claramente señaladas en el Código de Justicia Militar.
La defensa argumentativa de los golpistas apelaba a dos artículos de la Constitución que ellos habían violado. El 132, que le asignaba a las FAN asegurar la estabilidad de las instituciones y el respeto a la Constitución; y el artículo 250, según el cual «todo ciudadano, investido o no de autoridad, tendrá el deber de colaborar en el restablecimiento de su efectiva vigencia». O sea, de la Constitución. Apelaban de esta forma al «sagrado derecho de la rebelión», pues supuestamente los felones de entonces perseguían la restitución de la soberanía, de los derechos democráticos consagrados y el más alto interés de la patria.
El otro aspecto, dicho de manera no tan técnica pero igualmente justificativa, señalaba que visto que la Constitución de 1961 no daba alternativa legal para salir de un gobierno cuyas acciones estuvieran derogando por la vía de hecho, a ellos, salvadores de la patria, no les quedó más remedio que arremeter con las armas de la república contra un gobierno constitucional.
Así las cosas, resultaba prácticamente ineludible para quienes llegaron al poder por la vía electoral siete años más tarde, incluir la figura del referéndum revocatorio en la Constitución que quedó aprobada en 1999.
Pero una cosa es clamar por una oleada de revocatorios desde el Cuartel San Carlos y otra tener que afrontarlos desde Miraflores en medio de una crispación social provocada por una profunda crisis política, económica y social.
La historia es bien conocida. El referéndum del 2004 fue demorado mediante un enjambre de triquiñuelas y solo fue posible ejecutarlo ocho meses después, cuando Chávez había desarrollado el sistema de misiones asistencialistas, hoy inexistentes o ineficientes, y logró movilizar el voto favorable
Desde ese entonces, la posibilidad de una referéndum revocatorio ha sido convertido en una carrera de obstáculos por la yunta CNE y TSJ que, en la práctica, han desnaturalizado o hecho nugatorio ese derecho. Para ello incluso se ha violado expresamente la Constitución, como es la disposición de que el 20% de las firmas para activarlo se haga por el registro electoral de cada estado, obviando que el circuito que elige al presidente de la república es nacional. Lo mismo que adosarle la necesidad de que la votación para revocar sea mayor que la obtenida por el funcionario en ejercicio.
El debate sobre los aspectos técnicos, jurídicos y políticos han cogido cuerpo en el comienzo de año, mientras la oposición venezolana no da muestras todavía de ir hacia su reorganización, paso fundamental si se quiere actuar con posibilidades de éxito en el campo electoral, ahora o en las presidenciales.
Periodista. Exsecretario general del SNTP – @goyosalazar
