No le temía tanto el régimen a la realización de un referéndum Revocatorio, amenaza que bajo las limitantes normativas que inconstitucionalmente ellos crearon siempre tendrían la máxima posibilidad de conjurar, como a la apertura y reanimación del debate político que insuflara nuevos arrestos a la ciudadanía opositora y que obligara a los partidos a salir de su dispersión, vacilación e indefiniciones.
No, no estaba la cúpula gobernante dispuesta a dejar que la lucha en el terreno comicial se avivara cuando todavía no se habían apagado las ascuas de la simbólica victoria opositora en Barinas, máxime si se presagiaba un llamado, por primera vez vigoroso desde 2015, a la organización y al ejercicio masivo del voto desde los predios de la Asamblea Nacional.
Bajo una institucionalidad secuestrada, el inventario de los costos políticos en el plano sancionatorio, como los que podía ocasionarle el zarpazo que asestaron el 21 de enero, tampoco resultaban atemorizantes ni paralizantes porque, en todo caso, estamos hablando además de una camarilla política que en materia de violación del Estado de Derecho ya traspuso todos los umbrales de la impudicia.
Quienes fueron capaces de engullirse una Asamblea Nacional electa con mayoría calificada, o bien resultados electorales desfavorables como el de la gobernación de Bolívar en 2017, o que por la dificultad en alcanzarlas desaparecieron instancias gubernamentales como la Alcaldía Mayor no iban a tener ninguna clase de recato en reincidir en la anulación arbitraria de una segunda solicitud de referéndum revocatorio, como ya lo habían hecho criminalizando la que se produjo en 2016.
Pero aquí y ahora nada tiene tanta fuerza convocatoria ni unifica más a los venezolanos que verse ante la posibilidad que abre un referéndum revocatorio de hacer rodar la cabeza del régimen, la del circense jefe de pista que preside el desmantelamiento de la nación en todos sus ámbitos, coaligado con regímenes extranjeros.
Y eso a despecho de las propias divisiones y paradojas internas en la oposición. Porque no es un secreto que sectores menos radicalizados estaban por pasar a la reorganización partidista para ir directo a las presidenciales. Planteamiento razonable pero que hubiera tenido que lidiar contra la impaciencia de una población agobiada al extremo.
De otro lado, quienes sirvieron las interpretaciones jurídicas que dieron base al interinato sostenían que unirse al revocatorio significaba el reconocimiento de la presidencia de Maduro, amén de aquellos que consideran que no es posible participar en ningún evento electoral convocado por un CNE con mayoría sesgada hacia el oficialismo. Y dudoso por demás que el llamado alacranato se sumara al impulsar la convocatoria.
Si seis meses, del 26 de abril al 20 de octubre del 2016, le llevó al régimen poner en ejecución el maquiavélico plan que concluyó con la atropelladora decisión de impedir la recolección de firmas, esta vez liquidó en una semana el derecho constitucional de los venezolanos a revocar a un mandatario que en este caso lo merece sobradamente.
Se ahorraron los seis meses de puja y debate política que les llevó la vieja tramoya judicializadora del 2016. Se ahorraron la millonaria campaña criminalizadora que en ese entonces cubrió de propaganda todo el país. Evitaron tener que maniobrar al margen de la ley con una supervisión probablemente más eficaz desde lo interno del CNE, dicho esto sin pretender sobrevalorar el rol de los dos rectores no chavistas, que están minoría en el directorio del ente electoral.
Pero no evitarán que la gran mayoría de los venezolanos y la comunidad democrática internacional los siga condenando como un régimen autocrático, cercenador de libertades y violador de los derechos humanos, un azote para este pueblo. Ni que quienes en el continente se pudieran considerar ideológicamente cercanos los traten de lejitos y con tapabocas como a un contagiado y en consecuencia los excluyan de todo podio a cuyo lado pudieran verse retratados.
La muestra más reciente: el Senado chileno destituyó al presidente de la Comisión de Derechos Humanos, Alejandro Navarro, señalado como negador de las violaciones a los derechos humanos en Venezuela, además de Cuba y Nicaragua.
En esta hora, no olvidarse que la prioridad número uno del régimen es blindar la cabeza de Maduro y que así como lo ha hecho en el revocatorio tratará de hacerlo en las presidenciales. Estamos a tiempo para unirnos, reorganizarnos e impedirlo.
Gregorio Salazar es periodista. Exsecretario general del SNTP – @goyosalazar
