Cuesta creer que lo que se ha comenzado a conocer en el oficialismo como la “Operación Mano de Hierro”, esté llamada a combatir el narcotráfico; así como el contrabando de gasolina, y mediante la cual han rodado varias cabezas; sobre todo, porque resulta una hipocresía de parte de esta gente, toda vez que por Nicolás Maduro y su entorno la justicia estadounidense está ofreciendo 45 millones de dólares, repartidos en varias cabezas; acusada esta gente de crímenes de tráfico de estupefacientes y lavado de dinero, lo que ha suscitado una ola de humor, que se ha expresado a través de memes en las redes sociales; caricaturas: una de ellas bien patética, donde aparece una rata con una ratica en su boca; aparte de audios, donde se habla un tanto de los personajes involucrados, y hasta del origen de la droga.
De hecho, el ingreso grueso de este gobierno proviene del comercio del oro, que están extrayendo del mal llamado Arco Minero, y de los aportes, que hacen los cárteles, en especial, el Cártel de los Soles, que es el más conocido; porque, según la OPEP, la producción de Pdvsa apenas alcanza los 500 mil barriles diarios de petróleo, y eso no es muy significativo para un país, cuyo aparato productivo está en la absoluta ruina; de modo que a falta de una abundante recaudación, como ocurría cuando estaban en plena producción cientos de miles de empresas para el año 1999, y de lo que no queda nada; el gobierno ahora pretende raspar la olla con varios subterfugios, y para lo cual ha modificado leyes, en una forma muy desconsiderada, como la de las notarías, y la que contempla por legalización o registros de documentos unas tarifas en dólares, que pudieran regir para un país del primer mundo, pero que en el nuestro con un salario mínimo y en bolívares, que no alcanza ni siquiera para comprar un paquete de harina de maíz, resultan imposible de pagar; como pretende imponerle un impuesto a las transacciones en dólares; aparte de la matraca que le aplican los funcionarios de los organismos tributarios o fiscales a los empresarios, a partir de los registros contables de sus respectivos negocios o de la forma del mercadeo de los productos; además de la vacuna, que le imponen los grupos paramilitares; llámese narcoguerrilla o colectivos, a los propietarios de cualquier negocio rentable, y así sucesivamente: cosas que no vienen al caso, pero para que se vea lo indefensa, en que está la ciudadanía frente a un gobierno de mafias; es decir, un gobierno que le mete la mano en el bolsillo al pueblo, que está muerto de hambre, por todas partes, sin misericordia alguna.
Incluso, a nivel internacional se considera a Venezuela un narco-Estado, y entonces viene esta gente con una operación, que se lleva por los cachos, dicho en términos taurinos, hasta una alcaldesa y un par de diputados; para hablar del caso más emblemático; que la verdad, que lo primero que pensó el ciudadano común, que era que estaba frente a un caso de siembra de droga; estando de por medio un ajuste de cuentas. ¿Acaso una infidelidad? Porque cuesta creer que van a interceptar en una alcabala, como ocurrió en este caso, el vehículo donde viajaban semejantes personajes con tan alta investidura, y luego ser objeto de una requisa, para dar con siete kilos de coca. Una alcaldesa, además, de muy alto perfil en el mundo del oficialismo, de acuerdo a los videos, que llegan por las redes sociales; de la llamada “Generación de Oro”; esto es, la generación de dirigentes jóvenes, que se han venido formando con la revolución (algunos le dicen robolución) bolivariana; elogiada por Nicolás Maduro y por Diosdado Cabello. ¿Acaso algún marido celoso, que resulta un pez gordo de este gobierno, con motivo del cobro de una venganza? Uno no sabe.
Porque lo que se dice es que la droga proviene de una sede policial, donde la tenían en sus depósitos; marcada, y registrada en sus libros de actas, luego de haber sido incautada a un traficante en una alcabala de una de las carreteras del Zulia, y que incluso esta gente, al tratar de traficar con ella, ni siquiera se había preocupado por desempacarla de los envoltorios, donde la conservaban en los depósitos, como tampoco de borrarle las marcas policiales. Es posible que valiéndose de lo que he llamado su investidura; es decir, tanto de la inmunidad, de la que gozarían los parlamentarios, como la de la alcaldesa, les haya dado por birlar los 7 kilos de coca, que les incautaron, de los depósitos de la sede policial, de marras; los hayan metido en la camioneta, donde iban a viajar, y entonces ganarse unos reales, en ese sentido; sólo que en esas alcabalas; que no las comandan sino oficiales de menor rango, no hay poder militar que pueda contra esa investidura oficial: estamos ante una gobernante municipal y dos representantes del pueblo ante la Asamblea Nacional. Otra cosa, a uno de los parlamentarios le habían incautado en otra oportunidad más de trescientos kilos de coca, y, como se observa, andaba en libertad. Es demasiado evidente que se trata de un ajuste de cuentas.
Lo mismo que el caso del alcalde, que cayó por contrabando de gasolina; cuando en este país se prefiere, que no le falte el combustible a La Habana, y aquí el parque automotor se paralice frente a las estaciones de servicio, a la espera de la gandola, que las provee de gasolina o gasoil. Facturas políticas; derivadas del descubrimiento de alguna traición, y entonces cae el que hasta entonces se consideraba un incondicional de la causa. El hecho es que, si lo que quiere el gobierno es lavarse la cara con esta “Operación Mano de Hierro” ante el campo internacional, resulta demasiado descarada dicha intención; como todo lo que hace esta gente, para tapar las apariencias, como se dice; si tomamos en cuenta, además, que son continúas las informaciones relacionadas con la incautación de cargamentos de coca, procedentes de Venezuela.
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