Es del conocimiento público, tanto en Venezuela como en el resto del mundo, que la suerte de nuestro país está en manos de una cúpula de usurpadores, quienes ejercen funciones de Estado a pesar de la ilegitimidad de los cargos que ocupan; además podría afirmarse, sin posibilidades de incurrir en especulaciones, que el régimen gubernamental venezolano se desempeña a mano armada, puesto que su soporte fundamental, probablemente el único, es un grupo de militares de alta graduación, quienes actúan a nombre de toda la Fuerza Armada Nacional, incluso al margen de la Constitución y las leyes de la República.
Quizás sea esa la razón por la cual la gente considera que los militares son los primeros culpables de la tragedia ya casi irreversible, que ha conducido al pueblo venezolano a los más elevados niveles de pobreza del planeta; mejor dicho, a un estado de miseria sin precedentes en el país. Es obvio que quienes tienen esta convicción se fundamentan en hechos tangibles que ocurren a la vista de propios y extraños. Sin embargo, es saludable aclarar que la mayoría de los militares y sus familias, igual que la población civil, también son víctimas de las calamidades que ha generado la crisis multidimensional que afecta, de alguna manera, a más del 90% de los venezolanos. Por supuesto, es difícil establecer diferencias entre los militares honestos y los otros, situación que se manifiesta cuando el común de la gente hace acusaciones indiscriminadas sobre la culpabilidad de su hambre, su agua sucia, sus apagones, la falta de una buena educación, de un sistema eficiente de salud pública y muchas otras carencias. ¡Sólo los militares ajenos a la complicidad con el régimen, pueden evitar cualquier confusión!
Es una obligación moral tocar este delicado asunto, sobre todo después de los graves delitos electorales cometidos por el árbitro pertinente, tanto en el estado Barinas, donde se desconoció la victoria de un gobernador, como el descarado acto de cercenamiento del derecho constitucional que tenemos los ciudadanos de este país, a revocar a los funcionarios electos que ejercen sus cargos al margen de nuestra Carta Magna y en detrimento de los ciudadanos y de sus garantías. Este último delito fue cometido por el CNE, ente que impidió la revocatoria del mandato de quien hoy atiende el teléfono en el palacio presidencial. ¡Los militares honestos tienen la palabra!
Educador / Escritor – urdaneta.antonio@gmail.com -@UrdanetaAguirre
