En un contexto de rearme machista, instituciones y asociaciones conservadoras utilizan las denuncias penales y las multas para amedrentar e intentar desactivar el movimiento de mujeres. No son estrategias nuevas. Hacemos memoria.
Nosotras desafiamos el sistema patriarcal siendo irreverentes e insumisas, procesionando ese coño, de gran valor simbólico. Por eso nos odian tanto, porque saben que ya no estamos dispuestas a sostener ese edificio que nos maltrata, viola, explota, y que nos mete miedo en un cuerpo que hemos recuperado para hacer con él, con nuestras vidas y con nuestros sueños lo que queramos. Antonia Ávalos, encausada por la procesión del Coño insumiso.
Van a por las nietas de las brujas que no consiguieron quemar. Y saben quiénes son porque llevan años reivindicándose como tales en sus pancartas hechas a mano. La ola reaccionaria que recorre el mundo, así sea en forma de neofascismo ultraconservador o de islamismo radical, se nutre de una desaforada misoginiaque se ceba especialmente con aquellas mujeres que desafían el orden social teocrático, vertical y heteropatriarcal que busca reinstaurar. En el caso concreto del Estado español, la estigmatización de los movimientos feministas más disidentes no es nueva, pero sí cada vez más descarada, agresiva y coordinada. Normas como la ley mordaza –diseñada para reprimir y desincentivar la movilización–, las multas como sistema de amedrentamiento y desactiv ción de la participación de las personas con menos recursos, y las amenazas y denuncias de los sectores neofascistas son las nuevas hogueras.
El rearme neocon contra las feministas: el germen de Vox
La artista Pamela Palenciano empezó a impartir talleres sobre violencias machistas en 2003. Desde entonces, observa con atención el creciente fenómeno del neomachismo. “Con la ley contra la violencia de género, las cárceles se llenan de maltratadores, las mujeres se divorcian más y aparecen los discursos de que no puede haber tanto maltrato, que tiene que haber muchas denuncias falsas, el síndrome de alienación parental, y empiezan a señalarnos como responsables a las que defendemos los derechos humanos de las mujeres”.
Palenciano identifica un entramado de asociaciones de hombres con un único objetivo: la derogación de la ley contra la violencia de género. Custodia Compartida-SOS Papá, Projusticia Ausencia paterna, la Asociación Europea de Ciudadanos contra la Corrupción, Hazte Oír, el supuesto partido político Igualdad Real Ya… “Todos ellas están en la órbita de Vox”, apunta Palenciano que, como otras feministas con reconocimiento público, ha visto aumentar en los últimos años, y especialmente en los últimos meses, el número y la virulencia de las amenazas anónimas recibidas: “Ahora nos envían imágenes de balas en medio de la cabeza, nos llaman por teléfono para gritarnos: ‘Te vamos a matar, hija de puta’”.
A principios de 2019, Palenciano fue denunciada por incitar al odio a los hombres con su monólogo No sólo duelen los golpes por una asociación dedicada a la “resistencia contra la ideología de género”. La denuncia no fue admitida a trámite, pero el grado de acoso ha llevado a la artivista –que vivió años en El Salvador, uno de los países más violentos del mundo– a tener “una sensación de miedo, de estar alerta”. Interpreta que estos ataques no van contra ella “sino contra todas las feministas para que nos callemos. Temen mucho la pérdida de privilegios”.
La misma conclusión que extrae una de las integrantes de la Asamblea Feminista de València–que prefiere que se omita su identidad porque habla en nombre del colectivo– sobre las veinte multas, sustentadas en la llamada ley mordaza, que suman entre el 8 de marzo de 2018 y el de 2019 por hacer piquetes informativos y cortar calles. Les piden más de 11.000 euros. “Es represión política porque nos las han puesto por ejercer nuestro derecho a la huelga y porque identificaron a muchas más mujeres de las que han recibido la multa. Esa aleatoriedad tiene un carácter aleccionador para todo el movimiento feminista”, explica la activista.
Han decidido no pagar ni un euro, lo que les podría acarrear llegar a juicio y ser condenadas a s fragar, además, las costas procesales. Las sanciones fueron impuestas en 2018 por el Gobierno del PP y en 2019, por el del PSOE. “Los llamados feminismos neoliberales no están sufriendo esta represión, quienes la estamos sufriendo somos las que cuestionamos el sistema del que ellos forman parte”, concluye la activista que, sostiene, el año que viene volverá a ser piquetera.
Tres sindicalistas de CNT han sido condenadas por atentado contra el derecho de los trabajadores y la libertad sindical por hacer piquete el 8M de 2018 en una tienda de Mango en Xixón. El denunciante, el encargado del comercio, también las acusó de agresión y, posteriormente, por acoso a causa de los piquetes informativos que se celebraron en otras ciudades en solidaridad por lo ocurrido. De estas dos últimas acusaciones resultaron absueltas.
“Buscan lo de siempre: criminalizar, reprimir para que nos quedemos en casa, ‘que estamos más guapas’”, ironiza Zoraida Chao, una de las tres condenadas. “Los 14.000 euros que nos piden son para jodernos a nosotras y a nuestras organizaciones, dejarlas con las cajas vacías y obligarlas a centrarse en recaudar en lugar de en protestar”, opina Chao, una treintañera madre de dos hijas que trabaja como limpiadora. Otra de las encausadas está empleada en la hostelería y la tercera es estudiante. Asambleas feministas de todo el Estado han comprado garrafas de aceite del Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT) para pagar la pena-multa impuesta: por cada dos días que no se pague la multa, se impone un día de prisión.
El 14 de marzo de 2018, agentes de paisano fueron al amanecer a sus casas a detenerlas . No les habían comunicado que habían sido denunciadas, ni las habían identificado el 8M ni en otras protestas, según sostienen. La Policía de Xixón no ha explicado a este medio cómo sabía entonces sus nombres y domicilios, y declinó aclarar si había listas negras.
Lo mismo ocurrió con las tres denunciadas por la Asociación de Abogados Cristianos de atentar contra el sentimiento religioso al organizar la procesión del Coño Insumiso el 1 de mayo de 2014 en Sevilla. Ninguna fue identificada durante la acción y solo la más joven de las tres había sido denunciada previamente por realizar pintadas en una pared. Niegan haberla organizado, pero reivindican su presencia en la acción.
“Tuvieron que acudir a listas negras y creo que nos eligieron por nuestros perfiles: la joven universitaria, la anarcofeminista y yo, la migrante mayor”, intuye Antonia Ávalos Torres, presidenta de la asociación Mujeres Supervivientes de Violencias de Género. Ávalos llegó a España procedente de México en 2007 huyendo de un maltratador, padre de sus hijos. Siete años después, cuando fue denunciada, Ávalos seguía en situación administrativa irregular. “Estaba muerta de miedo pensando que me podían deportar, con mi hija estudiando acá… Te sientes tan pequeñita frente al poder judicial”, recuerda.
Los denunciantes no ingresaron la fianza exigida y, sorpresivamente, la Fiscalía asumió de oficio la causa y pidió 3.000 euros a cada una de ellas por un delito contra los sentimientos religiosos e incitación al odio. Ávalos interpreta su juicio y la judicialización de las protestas del 8M como “parte del rearme del machismo que está en plena revancha contra las que reivindicamos y practicamos la libertad, el placer y el empoderamiento de las mujeres”.
Las tres encausadas por la procesión del Coño Insumiso volverán a sentarse en el banquillo de acusadas el 3 de octubre de 2019 [finalmente ganaron el juicio, como explica la abogada Pastora Filigrana] y será difícil no entrever en esa estampa las ascuas de las hogueras de la “nueva caza de brujas” a la que estamos asistiendo, como sostiene Silvia Federici. “Seamos ignífugas”, invoca Mar Cambrollé.
La batida nunca cesó
Las feministas más contestatarias no han tenido nunca un aliado en el Estado español, ni siquiera tras la extinción de la dictadura franquista, que llegó a crear prisiones para las mujeres republicanas y para las personas del colectivo LGTBIQ+, como re- ¡cuerda Mar Cambrollé, presidenta de la Asociación de Transexuales de Andalucía. “Cuando se dice que el franquismo tuvo cerca de 5.000 homosexuales en las cárceles, nos están anulando porque más del 80 por ciento de los encarcelados eran trans. Fuimos las más maltratadas de la dictadura y somos las olvidadas de la democracia”.
La asociación de Cambrollé consiguió que en 2017 se aprobase la Ley andaluza de Transexualidad, que despatologiza esta identidad y reconoce la libre autodeterminación del género. Sin embargo, hasta llegar a verse reconocidos como sujetos de derecho, este colectivo ha tenido que derribar leyes dictadas expresamente para negárselos.
Cambrollé fue detenida en 1978 por pegar carteles anunciando la primera manifestación por el Día Internacional de la Liberación Homosexual. Tras 48 horas en comisaría, fue liberada “porque Suárez ya había dado orden de permisividad”, sostiene la activista. Poco después, su Gobierno aprobó excluir los actos de homosexualidad de la Ley de Peligrosidad y Rehabilitación Social, sacando de las prisiones a cientos de personas que habían sido condenadas por disidencia sexual y de género, además de prostitutas, personas drogodependientes o sin hogar.
Pero la batida continuó a través de la figura de escándalo público que, recuerda Cambrollé, sirvió para continuar “deteniendo, apalizando y molestando a las mujeres trans. Sobre todo, a aquellas que, a consecuencia del apartheid laboral, afectivo y educativo que seguimos sufriendo, se vieron obligadas a prostituirse para subsistir”. Un delito que no fue eliminado por el Gobierno de Felipe González del Código Penal hasta 1988.
La autoinculpación, la sororidad en la Transición
La Transición fue un periodo de gran incandescencia para los movimientos feministas, que vieron cómo el reconocimiento de los derechos de las mujeres era pospuesto una y otra vez. Tras la muerte de Franco, comienzan las primeras manifestaciones exigiendo la derogación del delito de adulterio, que se cebaba fundamentalmente con las mujeres y que podía conllevar penas de prisión de hasta seis años. Nació así una de las prácticas más efectivas y rompedoras del movimiento feminista: la autoinculpación. Miles de mujeres y algunos hombres salieron a las calles para gritar y portar pancartas con el lema de “Yo también soy adúltera”.
Una estrategia que reprodujeron en la otra batalla del momento: la exigencia de amnistiar a las mujeres encarceladas por los llamados “delitos específicos de su género”; el más común era haber abortado. Llega así, en 1979, uno de los procesos más emblemáticos de la lucha feminista del Estado español: la campaña para el sobreseimiento del juicio a Las 11 de Basauri, acusadas de haber abortado y ayudado a abortar. De nuevo, la autoinculpación brotó por todo el mapa en forma de manifiestos y concentraciones. La despenalización del aborto se convertiría así en el motor del movimiento feminista español en los siguientes años, en los que se llegó a marchar con antorchas a la Moncloa y a practicar dos abortos durante el Encuentro Estatal Feminista de 1985, celebrado en Barcelona. El escándalo fue mayusculo y las autoridades retuvieron un tiempo a las organizadoras del evento e intentaron enjuiciarlas.
“No se atrevieron a hacernos nada porque éramos tantas las personas implicadas y el apoyo recibido… Esa es la clave, cuando algo pasa a ser tan grande que no puedes reprimir a todo el mundo”, insiste Empar Pineda, histórica activista feminista y lesbiana, que no recuerda muchas más detenciones durante las protestas, “pero sí mucha presión para que desapareciéramos”. No lo lograron. “Había una alegría en el movimiento que no encuentro ahora”, lamenta Pineda.
La aprobación de la ley del aborto basada en supuestos en 1985 trajo una relativa relajación entre los movimientos feministas, mientras activistas trans como Cambrollé seguían asistiendo a sus compañeras presas, las feministas lesbianas arriesgándose a ser detenidas por besarse en espacios públicos y respondiendo con acciones colectivas como una besada en la Puerta del Sol por la detención de dos mujeres en 1986, y Pineda comprobando que la lucha por el derecho al aborto nunca acaba.
De la clínica Isadora al Tren de la Libertad
En 1993, la exdiputada socialista Marisa Castro abría en Madrid la clínica de abortos Isadora, la primera para mujeres sin recursos económicos y en situación administrativa irregular. “Ahí descubrí el apoyo que reciben las organizaciones propenalización de instituciones como la judicatura, la Policía, la Guardia Civil…”, lamenta Empar Pineda, que recuerda aquella etapa profesional envuelta en la nebulosa del acoso, de los insultos en la puerta del centro, de manifestantes tirándoles a las mujeres que iban a abortar folletos con fotografías de fetos de siete meses de gestación… “Conseguimos que ninguna tuviera que ir a juicio ni pagar una multa, pero fue muy duro porque hubo jueces que llegaron a enviar a policías a sus casas, con el consecuente miedo para ellas y su familia”, añade.
El extemporáneo anuncio en 2012 del Gobierno de Mariano Rajoy de su intención de suprimir el derecho al aborto libre y volver a los supuestos supuso una rearticulación del movimiento feminista con la inclusión de los sectores más jóvenes y menos institucionalizados, movilizados ya desde un año antes, gracias al 15M.
El Tren de la Libertad, convocado por la asociación asturiana feminista Les Comadres, consiguió canalizar la indignación y llevar a Madrid a decenas de miles de mujeres de todo el Estado español. “Fue la primera manifestación por el aborto en la que no recibimos insultos, ni hubo detenciones ni multas. ¿Por qué? Porque éramos munches”, concluye Begoña Piñero, una de sus impulsoras.
Después llegaron las denuncias contra el Coño Insumiso y artivistas como Pamela Palenciano, las multas por participar en las últimas huelgas feministas, el recrudecimiento de la ciberviolencia contra las feministas más reconocidas a través de la red… Pero también “una vuelta a la capacidad de coordinar acciones como no ocurría desde principios de los años 90. Eso es lo que han conseguido las Asambleas del 8M, y una entrada de aire fresco en un movimiento que estaba muy polarizado entre el feminismo de las instituciones y otro subterráneo, en el que estábamos algunas, pero con mucho menos poder”, sostiene la feminista y escritora Paloma Uría Ríos, autora entre otros libros de El feminismo que no llegó al poder: trayectoria de un feminismo crítico.
Quizás desde esas asambleas y ese feminismo crítico se pueda empezar a articular la defensa de las feministas a las que más teme –y castiga– el poder.
