Dentro de las múltiples competencias que le corresponden al sector público, existen las asociadas con el área económica.
Al respecto, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV, 1999) ordena la promoción y defensa de la estabilidad económica, lo que pasa por evitar la vulnerabilidad y velar por el aseguramiento del bienestar social.
A simple vista luce comprensible puesto que sería muy cuesta arriba el desempeño de una gestión política sin sustento económico para poder afrontar los múltiples compromisos, por ejemplo, en gasto público.
Las normas constitucionales al emplear la palabra Estado lo dirigen tanto al ámbito funcional como territorial; esto es lógico para dar sentido a lo expuesto.
Una de las formas como el sector público encausa este mandato del Texto Fundamental es la llamada actividad de fomento.
Sobre ésta – siguiendo al maestro Eloy Lares Martínez en su “Manual de Derecho Administrativo”, Universidad Central de Venezuela, 12º Edición, Caracas, Venezuela, 2001 – es la acción desarrollada por la Administración encaminada a estimular, ayudar y proteger las empresas privadas, cuyas tareas sean favorables al interés general.
Aquí quien escribe se permite una licencia en el sentido del concepto “empresa”, pues no debería tomarse en el significado estricto de sociedad mercantil, sino toda iniciativa de los particulares – entendido desde las ciencias de la Administración – constituida como unidad de producción, capital (dinero, herramientas, maquinarias, mobiliario y demás bienes), trabajo, personas (socios, administradores, trabajadores) en función del desarrollo de una actividad – generalmente lucrativa – de servicio u otras categorías con ánimo de permanencia en el tiempo, nombre y finalidad.
Esto puede corresponder tanto al sector público como privado, ya que existen iniciativas o proyectos donde se asocian ambos, por ejemplo; lo que da pie para el estudio de las formas descentralizadas y el holding público, en sus casos, propios del Derecho Administrativo.
A diferencia de otros cometidos como policía (inspección, verificación, fiscalización) o servicios públicos, el fomento no tiene tendencia hacia la limitación de derechos (policía) ni la realización prestacional (servicios públicos) en pos de la satisfacción de necesidades colectivas, sino que – partiendo de la definición supra – se inclina hacia la promoción, creación, funcionamiento.
El profesor José Peña Solís en su “Manual de Derecho Administrativo”, Volumen III, Colección Estudios Jurídicos, Tribunal Supremo de Justicia, Caracas, Venezuela, 2006; identifica como características de la actividad de fomento:
Actividad de la Administración que constituye un título que la habilita para intervenir en el desempeño cotidiano de los particulares.
En principio, su ejercicio excluye la coacción sobre los destinatarios.
Estimula la esfera de derecho de los privados, ya que accede a posiciones jurídicas que anteriormente no detentaba.
Debe ser aceptada voluntariamente por los beneficiarios y estar dirigida a incidir sobre el interés general o público.
Actúa como una competencia concurrente, evidenciándose en materias como: salud, empleo, emprendimiento, cultura, deporte, recreación, desarrollo económico, participación ciudadana, artesanía, microempresa, pequeña y mediana industria.
Cabe preguntar a estas alturas, ¿Cómo se puede poner de manifiesto la actividad de fomento en el municipio?
Partiendo que uno de los principios cardinales del quehacer municipal es la participación ciudadana, lo que implica interacción con las comunidades, la actividad de fomento tiene en lo local un excelente sustrato donde hacer vida, pues puede manifestase de diversas maneras.
La Ley Orgánica del Poder Público Municipal (LOPPM, 2010) contiene normas categóricas al respecto que actúan en concordancia con políticas públicas nacionales por ser – como se acotó- una competencia concurrente, lo que no resulta exclusiva del Municipio.
Generalmente ello se hace a través de los Medios o Modos de Gestión; los municipios tienen la potestad de elegirlo, lo que mantiene estrecha relación con la autonomía, puesto que el ordenamiento jurídico venezolano le señala al nivel local, la posibilidad de llevar a cabo las materias de su competencia; esto incluye la capacidad para legislar a través de los distintos instrumentos jurídicos: ordenanzas, decretos, reglamentos, entre otros.
De igual manera existen mecanismos para el control, evaluación y seguimiento del desempeño de los funcionarios a través de esos medios de gestión, como sería el caso de los consejos comunales (contraloría social), concejales (interpelaciones, investigaciones, entre otros) los consejos locales de planificación de políticas públicas, la contraloría municipal, entre otros.
Los medios de gestión más comunes son:
Gestión directa, es decir, por las dependencias de los órganos (direcciones, departamentos, entre otros).
Constitución de empresas de economía mixta (participación societaria con particulares u otras personas jurídicas estatales con formas de derecho público o privado) o exclusiva, donde el Municipio ejerce el dominio societario.
Creación de entes sin forma empresarial (fundaciones, asociaciones).
Concesiones.
Autorizaciones otorgadas a particulares.
No es la (LOPPM, 2010) el único instrumento legislativo en este sentido, ya que desde lo nacional (República) se han implementado diversos mecanismos de participación ciudadana, pudiendo mencionar los previstos para los servicios de electricidad, gas doméstico, agua.
Esto tampoco se circunscribe al área de servicios públicos.
Al desarrollar el Municipio mecanismos de participación ciudadana, busca con ello el estímulo para la desconcentración, descentralización administrativa, participación comunitaria, creación de empresas de economía social (cooperativas, cajas de ahorro, mutuales, entre otros), empresas autogestionarias y cogestionarías; enmarcado dentro de la ordenación y promoción del desarrollo económico y social que incentive el mejoramiento de las condiciones de vida de la comunidad, lo que obedece a mecanismos de planificación.
La materia de emprendimientos, como se puede colegir, perfectamente puede ser un área económica de interés para el Municipio.
Esto conecta con el concepto de marca territorial. No se trata de un certificado otorgado por una institución como el Servicio de Propiedad Intelectual (SAPI), el cual se ocupa en Venezuela de la materia de derechos intelectuales: derecho de autor o las marcas y patentes.
La idea de una marca territorial debe consistir en explotar las bondades que un municipio puede ofrecer.
Algunas veces en un ámbito local se cuenta con un espacio rural en el cual las hortalizas u otros productos del campo son de gran calidad. Otras se habla de artesanía.
Puede darse el caso de una zona urbana gastronómica con ofertas de comidas criollas o internacionales e – inclusive – ambas. Ambas son viables en lo urbano como en el campo.
La construcción de una marca territorial comprende la participación del sector público y privado con programas y proyectos que, en forma tesonera, vaya creando en los moradores y foráneos una conciencia de valor.
Una reputación que se transmite por distintos medios digitales o no para la promoción de productos, servicios u otros de igual o distinta naturaleza.
Está claro que los municipios deben resaltar las fortalezas que poseen para recibir recursos que le permitan el crecimiento positivo, lo que podría traducirse en ingresos más allá del situado constitucional u otras provenientes del nivel nacional o estadal.
Sin embargo, la idea no es que se trate exclusivamente de inversión pública, sino que el papel de los particulares sea relevante interactuando con el sector oficial local.
Podría ser – y es – una forma para que el municipio atraiga emprendimientos de mayor rango cuyo fin es captar inversiones que generen empleo, turismo, tributación, entre otras.
El municipio, por ejemplo, dictando las ordenanzas correspondientes, puede ofrecer incentivos para la instalación de determinado tipo de contribuyentes, como actividad de fomento de acuerdo con lo previsto por el Derecho Administrativo.
Las políticas públicas locales en este sentido – de manera coordinada con los particulares – también moverían iniciativas estadales o nacionales para su realización, ya que el empleo, turismo y otros elementos les reditúan beneficios hasta en lo político.
Existen ordenanzas que buscan incentivar el primer empleo como se concibe en la legislación nacional sobre juventud, lo que es una forma valida en torno al tema.
Otro elemento que justifica o sustenta implementación de la actividad de fomento es la desburocratización de las instituciones públicas, por cuanto se procura el adiestramiento – por ejemplo – en artes u oficios para amplios sectores de la población, lo que también – a la larga – permite la incorporación al mercado de trabajo y eso permite el desarrollo, la libre competencia diversificación económica, exportaciones no tradicionales, tecnología nacional e innovación, entre otras bondades.
En ese sentido, la Asamblea Nacional aprobó un texto legal denominado Ley de Fomento y Desarrollo de Nuevos Emprendimientos (2021), cuyo objeto es:
El desarrollo de emprendimientos.
Generar una cultura emprendedora en la población.
Orientar hacia el aumento y diversificación en producción de bienes y prestación de servicios
Desplegar iniciativas innovadoras y su incorporación al desarrollo económico y social de la Nación.
En otra oportunidad se tocarán tópicos relacionados con el tema.
No lo olvide, el país se construye desde sus municipios.
@Edularalaw
