Dos acontecimientos marcaron la semana pasada en materia económica: la publicación en Gaceta Oficial de la Ley de Reforma del Impuesto a las Grandes Transacciones Financieras y el anuncio del presidente Nicolás Maduro de un aumento del salario mínimo que ahora se volverá a fijar en el equivalente a medio Petro.
La reforma establece un impuesto por ahora de 3% a las transacciones con moneda extranjera y criptoactivos distintos al Petro. La norma ha sido extensamente comentada y, sobre todo, criticada por sus potenciales efectos nocivos sobre la actividad económica, justo cuando parece que el país comienza a salir del profundo abismo de la recesión y más o menos controlar la inflación.
En nuestra opinión, uno de los peores impactos de este impuesto es su potencial poder contractivo del consumo. En el afán de imponer el uso del bolívar, los legisladores olvidaron que una inmensa mayoría de los trabajadores que recibe sus salarios o bonos en dólares compra con efectivo, no con tarjetas de débito o crédito.
Carece de sentido pretender que un trabajador que recibe 138 dólares mensuales, que es, según Conindustria, el salario promedio para los obreros del sector manufacturero, esté tentado a abrir una cuenta en divisas, porque, sin duda, tiene un presupuesto personal y/o familiar fuertemente deficitario y, por lo tanto, gasta ese ingreso rápidamente.
Lo dijo recientemente un presidente de Banco en una entrevista: en Venezuela circulan alrededor de 2.400 millones de dólares y solo 28% está depositado en el sistema bancario, por lo tanto exonerar solamente los pagos contra cuentas en divisas con tarjetas de crédito o débito es un beneficio muy relativo.
Por el lado de las empresas, además de la fuerte presión tributaria que se incrementa notablemente con la reforma del IGTF para gravar las operaciones con la moneda en la que realizan alrededor de 50% de sus transacciones, en promedio, ahora se suma un aumento superior a 1.700% del salario mínimo y su indexación al tipo de cambio del Petro, un criptoactivo de circulación reducida y cuya tasa de cambio, por ejemplo, se mantiene anclada en 60 dólares por unidad en el Banco Central de Venezuela, aún cuando es claro que el mayor impacto recaerá sobre el sector público.
No se trata de que este incremento genere un impacto inmediato en los costos de nómina de las empresas privadas, porque ya sabemos que, hace tiempo, el salario mínimo no es un factor relevante en la determinación de las remuneraciones, salvo para los empleados públicos; sin embargo, puede ser un factor inflacionario en un momento cuando las importaciones van a llegar con una inflación internacional en aumento.
Hay que decir que una recuperación sostenible de los salarios es indispensable. Sin ese requisito no hay crecimiento económico posible, y cuando hablamos de recuperación no solo nos referimos a cantidades, sino a formalización y a una mayor generación de empleo productivo.
Acabamos de conocer las cifras de la más reciente encuesta de coyuntura de Conindustria, donde se señala que 56% de la manufactura –uno de los sectores con mayor potencial empleador en cualquier economía- mantuvo sin cambios su nómina al cierre de 2021 y 59% estima que no creará fuentes de trabajo nuevas en 2022, un período que, se supone, será de crecimiento del PIB.
Igualmente, ninguna –vale decir, 0%- de las industrias encuestadas por el gremio estima que habrá un crecimiento importante de las nóminas, mientras que 29% considera que la creación de empleo será escasa.
Y un dato más para poner de contexto: 88% de las empresas industriales consideró que el principal factor que inhibe la producción es la baja demanda nacional. ¿Tiene sentido, entonces, una política impositiva más agresiva y atacar la dolarización que cada vez resulta menos una vía de escape para la contracción del consumo?
¿Podrá el nuevo salario mínimo tener un efecto poderoso, o siquiera apreciable, en un mejora del consumo interno o, sin lograr este propósito, implicará mayor emisión monetaria y más presiones inflacionarias? ¿Será que el gobierno estima que con la nueva recaudación cubrirán el aumento de salario?
Parece que el gobierno sobreestima la capacidad de recuperación de la economía e, incluso, la propia habilidad real de generar una mayor renta petrolera. Se debería mirar, en este sentido, la experiencia del sector privado, donde ha habido una recuperación progresiva de los salarios, aunque, claro está, insuficiente todavía para restablecer el poder de compra de sus trabajadores, severamente castigado por años de hiperinflación.
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