Los casos de censura fueron los más frecuentes, con 18 incidencias, seguidos de las restricciones administrativas (6) y la intimidación (3), detalló la ONG
La ONG Espacio Público detectó 31 violaciones del derecho a la libertad de expresión en febrero pasado en 19 casos distintos, lo que supone más de uno por día en promedio, según se desprende de su informe mensual publicado este lunes.
Los casos de censura fueron los más frecuentes, con 18 incidencias, seguidos de las restricciones administrativas (6) y la intimidación (3), detalló en un comunicado Espacio Público, ONG dedicada a la promoción y defensa de la libertad de expresión, el derecho a la información y la responsabilidad social en medios.
En su reporte mensual, detallaron que internet «fue el espacio donde se registraron más incidencias (19)», mientras que el resto de casos ocurrieron en los estados Miranda y La Guaira (vecinos de Caracas), así como en el céntrico Portuguesa.
Las instituciones del Estado «siguen siendo los victimarios más frecuentes, responsables de 14 casos de violaciones a la libertad de expresión, lo que representa el 56 %», agregó Espacio Público.
Entre los casos que destacan, recuerdan que las proveedoras de internet Cantv, Digitel, Movistar, Inter, NetUno y Supercable bloquearon los portales de noticias Efecto Cocuyo, EVTV Miami y Crónica Uno.
Piratas informáticos al acecho
En Twitter, una red social a la que acuden con frecuencia los venezolanos para informarse debido a la dificultad de acceder a otros medios, el perfil del movimiento educativo Fe y Alegría «fue tomado por piratas informáticos, quienes ingresaron a la cuenta de forma no autorizada la noche del primero de febrero».
También recuerdan que el sitio web del diario TalCual «sufrió un ataque de denegación de servicios (DDoS) que procuraba sacarlo de línea, el 9 de febrero», cuando «el medio detectó un tráfico inusual proveniente de direcciones IP controladas por la empresa estatal de telecomunicaciones Cantv».
Entre las violaciones a la libertad de expresión en febrero, Espacio Público recuerda que la Justicia adjudicó al número dos del chavismo, Diosdado Cabello, la propiedad de la sede de El Nacional y el terreno sobre el cual está construida.
A juicio de la ONG, es el resultado de «un proceso judicial desproporcionado en contra del periódico por la réplica fiel de información del diario español ABC, donde se afirmaba que funcionarios estadounidenses investigaban a Cabello por presuntos vínculos con el narcotráfico».
Espacio Público también recordó que la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) cerró el 25 febrero la emisora Triunfo 99.3 FM, «que funcionaba bajo la gestión del actual alcalde opositor del municipio Ospino, Carlos Barrios, en el estado Portuguesa».
EFE
