En los medios de comunicación internacionales, el gobierno venezolano sigue siendo mencionado a menudo con el prefijo “socialista”. Dentro del país, un proceso de desregulación desordenada está abriendo más espacios al mercado, pero también está creando nuevas y aparentes desigualdades. ¿Hacia qué tipo de sistema económico se dirige Venezuela? Ante la escasez de datos públicos, comenzamos a realizar encuestas en tres ámbitos de la economía, con la esperanza de aportar algunas piezas al rompecabezas que supone el funcionamiento real de la economía venezolana actual. Lo que encontramos fue más un capitalismo depredador y autoritario que un socialismo.
El ascenso global del capitalismo autoritario
Es evidente que el capitalismo no es el mismo sistema en todo el mundo. Aunque siempre implica una actividad lucrativa por parte de actores privados, el capitalismo está regulado de diferentes maneras y con diferentes fines. La mayoría de los países reservan algunos espacios, como la sanidad, la educación y el cuidado de los niños, para que se rijan por otros principios que no sean el lucro, y ven algún tipo de participación del Estado en la economía.
Los acontecimientos recientes han dejado muy claro que no existe una asociación automática entre capitalismo y democracia. Por el contrario, hemos visto el auge de sistemas capitalistas en países autoritarios de todo el mundo, incluyendo, por supuesto, a China. Otra dimensión que distingue a los distintos sistemas capitalistas es la solidez de las instituciones. En los Estados con instituciones débiles, es difícil hacer compatible una economía con ánimo de lucro con objetivos sociales como proporcionar un cierto nivel de bienestar para todos.
Sin embargo, las instituciones débiles pueden coexistir con gobiernos autoritarios que tratarán de dirigir la economía de forma que se refuerce su control político y se compense la debilidad de las instituciones. Este es el caso de los países nominalmente socialistas que pueden emplear formas de reformas de mercado a instancias de los dirigentes políticos para su beneficio y el de sus aliados cercanos.
Con un equipo coordinado por Manuel Sutherland, director del Centro de Investigación y Formación Obrera (CIFO) y supervisado por Antulio Rosales, de la Universidad de New Brunswick, y por mí mismo, hemos realizado tres encuestas que han tratado de aportar información sobre diferentes aspectos de la nueva economía. ¿Cómo se relaciona con el proceso ad hoc de desregulación de la economía? ¿Cómo sobrevive la gente en lo que se ha convertido en una economía de alto coste pero en la que los salarios siguen siendo “de hambre”?
La minería ilegal
La primera parte de la investigación fue una encuesta a los trabajadores de la minería ilegal en el estado de Bolívar. Como una forma de enfrentar los menguados ingresos de la producción petrolera, en 2016 el gobierno de Maduro estableció la zona especial de desarrollo Arco Minero del Orinoco (AMO) con el objetivo de formalizar alianzas y atraer nuevas inversiones en el estado Bolívar.
Con ello, el Estado aumentó su presencia en la zona. Sin embargo, continuaron las prácticas informales de control territorial existentes por parte de los grupos armados y aumentó la producción y venta ilegal de oro. En nuestra encuesta entre los trabajadores de la zona, descubrimos que soportaban jornadas laborales de 12 horas y más. La mayor parte de las veces se les pagaba en gramos de oro. No existían formas de protección social y respondían a una combinación de bandas locales, guerrillas, mafias y la Guardia Nacional.
Todos estos actores se dedican a la extorsión, cobrando a los trabajadores “vacunas” (dinero de protección), en una depredadora sin ley. Las extorsiones se suman al extremo coste de la vida en la zona, con precios de 4 a 5 veces superiores a los de las zonas centrales del país, debido a una serie de trabas al mercado.
La nueva cara de la desigualdad: los bodegones
La realidad de las zonas de minería ilegal contrasta fuertemente con la de los nuevos comercios de importación, los llamados bodegones. Como forma de enfrentar la escasez generalizada de bienes y la inflación asociada, se flexibilizó la prohibición del cambio privado de dólares.
En 2018, la Asamblea Nacional Constituyente, controlada por el gobierno, derogó la Ley de Ilícitos Cambiarios. Esto significó el fin de los controles de divisas y la bendición gubernamental de la dolarización informal. Esto, y varias exenciones temporales de los aranceles y las regulaciones de importación, permitieron las importaciones de bienes a gran escala, incluyendo los llamados servicios “puerta a puerta” – la importación directa de bienes por parte de personas privadas sin ningún tipo de aranceles, o regulaciones sanitarias.
Este es el telón de fondo de la aparición de los llamados bodegones, que empezaron con pequeñas tiendas que vendían productos importados en unos pocos lugares de lujo de la capital. Con el tiempo, estos evolucionaron hasta convertirse en un fenómeno nacional e incluyeron enormes supermercados en zonas urbanas de todo el país que vendían tanto alimentos normales como un amplio surtido de artículos de lujo.
A finales de 2020, realizamos 81 entrevistas a responsables de bodegones y 103 clientes en 73 bodegones, de los 613 que se calcula que existían en ese momento. Se encontraban en barrios de lujo de los estados Aragua, Miranda, Mérida, Barinas y Zulia, además del Distrito Capital. La mayoría de los establecimientos (81%) se establecieron después de la dolarización, y 47% tenían menos de dos años de antigüedad.
La mayoría de los propietarios no tenía experiencia previa en el comercio minorista, lo que indica que este es un negocio que puede contribuir a establecer una nueva clase de empresarios. Los bodegones son claramente una de las expresiones de la creciente importancia del dólar. Comprobamos que, aunque el 66% de las compras se realizaban en la moneda nacional, se trataba de compras menores, equivalentes a 1 o 2 dólares. Los importes elevados se pagaban en dólares.
Curiosamente, la mayoría de los trabajadores de los bodegones (56%) reciben sus salarios en bolívares, y sólo el 12% en dólares o euros. Los sueldos, si bien son significativamente más altos que el salario mínimo y el que se paga en el sector público, también son bajos: el 73% gana menos de 60$ al mes, y el 33% gana entre 20$ y 40$.
Los precios de los bodegones van desde lo relativamente razonable, hasta lo extremo. Sin embargo, los precios generales son elevados a pesar de que los bodegones no pagan impuestos ni aranceles, debido en parte a la sobrevaloración de la moneda. Como noruega, me resultó casi cómico encontrar salmón noruego en su envoltorio original con texto en noruego a un precio unas cuatro veces superior al que habría tenido que pagar en mi caro país de origen.
Una comida familiar de salmón costaría el equivalente al salario medio mensual de uno de los trabajadores del mismo bodegón donde se vendía. Así, en muchos aspectos, los bodegones son la cara de las nuevas desigualdades. Son propiedad de un grupo de nuevos empresarios que se ganan la vida vendiendo productos de lujo en un mercado no regulado a clientes de alto nivel a precios totalmente prohibitivos para la mayoría de la gente.
La supervivencia en el sector público
El tercer aspecto que hemos estudiado son las estrategias de supervivencia de los trabajadores del sector público. Nuestro equipo realizó 207 entrevistas a empleados públicos de 68 instituciones diferentes en 8 estados, sobre una serie de cuestiones, como los salarios, las estrategias de supervivencia y la politización del lugar de trabajo. En cuanto a los salarios, el 47% ganaba menos de 6 dólares al mes; el 83% ganaba menos de 15 dólares al mes. La mayoría recibía además un salario en especie en forma de alimentos, pero en el 47% de los casos, éste valía menos de 1$ al mes.
Llevar el controvertido “carné de la patria” controlado por el gobierno significaba para muchos una bonificación adicional. Sin embargo, en dos tercios de los casos suponía menos de 10$ al mes, y para la mayoría mucho menos.
Casi todos complementaban su salario de una forma u otra. De los encuestados, el 68% tenía puestos adicionales o su propio negocio. Más del 70% permaneció en el puesto de trabajo esencialmente como medio de mantener cierta estabilidad o de acceder a contactos políticos, a la espera de tiempos mejores. Cuando se les preguntó por la formación en el puesto de trabajo, sólo el 34% de los informantes respondió haber recibido alguna, y de ellos la mayoría sólo había recibido formación ideológica (en el 85% de los casos).
La imagen que se desprende de nuestra encuesta, ciertamente limitada, es la de una forma de capitalismo bastante fragmentada en la que algunos espacios están abiertos a la competencia privada, pero en la que la regulación está politizada y las oportunidades para la mayoría de las personas son escasas.
Los espacios para la producción y el intercambio capitalista se han ampliado aún más a medida que la ley antibloqueo adoptada en 2020 ha abierto a la privatización a gran escala de las empresas públicas, beneficiando sobre todo a los aliados del gobierno. Recientemente, el país ha dejado atrás el tercer período más largo de hiperinflación jamás registrado, y ha visto un ligero aumento en la producción de petróleo y se ha registrado un crecimiento económico mientras la dolarización continúa.
Todo esto mientras el gobierno de Maduro se ha fortalecido en el poder, y la democracia sigue maltratada, con el país celebrando elecciones en su mayoría injustas y escasamente competitivas que no disputan el poder del ejecutivo.
Nuestras encuestas abren una serie de interrogantes adicionales sobre hacia qué modelo económico se mueve Venezuela. ¿De dónde sacan los dólares los clientes de los bodegones? ¿Quiénes son las nuevas élites que controlan los negocios emergentes? ¿Cuán profundas son realmente las desigualdades en la economía?
Es demasiado pronto para sacar conclusiones sobre estas grandes preguntas. Con la recién adoptada Ley de Impuesto a las Grandes Transacciones Financieras (IGTF), que agrega un impuesto a transacciones en divisas o criptomoneda, puede producir nuevos cambios. Pero lo que está cierto es que el sistema actual tiene más rasgos de un capitalismo autoritario que del socialismo democrático que los chavistas aspiraban a instaurar en un principio.
(América Latina21)