Durante trece años el Centro Sambil de La Candelaria ha sido un triste monumento a la arbitrariedad, el testimonio más que elocuente del poder ejercido sin freno por un solo hombre al que valía cualquier pretexto baladí para pasar incluso, como en este caso, por encima de las atribuciones y disposiciones legales del Poder Municipal.
Chávez no necesitó argumentaciones legales para la toma de ese centro comercial concluido en diciembre del 2008. Su funcionamiento, según sostuvo, iba a producir un congestionamiento del tránsito, independientemente de que los proyectos que él mencionó como sustitutos (una clínica, una universidad, una escuela) podían generar también problemas de esa índole.
Las mismas alternativas planteadas a voleo fueron un irrespeto a la inteligencia, como si en la concepción arquitectónica de cualquier obra no estuviera contemplado en forma implícita y determinante el uso al cual se va a dedicar y de esa forma, por ejemplo, un espacio hecho para alojar una tienda pudiera ser convertido en aula de clase o sala de operaciones.
Pero Chávez estaba en el paroxismo del poder. Reelecto en el 2006, fue capaz de cerrar un año después, por retaliaciones políticas, a Radio Caracas Televisión, el canal de televisión más antiguo, de más alto rating y el de mayor alcance en la geografía nacional. Sus antenas y repetidoras y otros equipos le fueron arrebatados sin pago alguno. Hasta la fecha.
La ola expropiadora creció, en las ciudades y en el campo, ejecutada por ministricos delirantes de supuesto socialismo del siglo XXI y fantoches de revólver del cinto con empleo de las fuerzas armadas. ¿Dónde están hoy esos funestos personajes?
En el 2010 el país presenció el deplorable espectáculo de Chávez acompañado del para entonces alcalde Jorge Rodríguez apuntando su dedo expropiador hacia los cuatro puntos cardinales en el corazón de la capital. Es una cifra aceptada que más de 800 empresas cayeron bajo el furor expropiador de la llamada “revolución bolivariana”, que hoy, después de casi dos décadas de autoestrangulamiento, trata de desandar con premura sus caotizantes pasos en el campo económico
Tras la sentencia del caudillo, el Sambil de La Candelaria fue dedicado a cualquier cosa: depósito de materiales de organismos públicos o refugio por varios años de damnificados que parecían haberse instalado allí para siempre, visto que el lado de las vestimentas secándose al sol en los ventanales también se veían las antenas de Directv (luego también intervenida), como en cualquier edificio residencial.
Ahora, finalmente, después de dos años de negociaciones en las cuales indudablemente y como es usual el régimen habrá salido con alguna tajada arrebatada al sector privado, el Sambil de La Candelaria ha sido devuelto a sus dueños, quienes anuncian que cuando esté en plena actividad generará 3.500 empleos. ¿Cuántos de quienes pudieron invertir y trabajar allí no se encuentran hoy en el exterior pasando calamidades en tierras lejanas?
Todos aquellos que vieron sus empresas intervenidas, expropiadas, confiscadas durante estos 22 años tienen derecho a exigir un trato semejante al que se le ha dado al Sambil. Ojalá sea cierto que hay otras 50 en planes de devolución. Las que todavía existan, claro, porque hay otras que sucumbieron para siempre a la devastación chavista.
Tras el anuncio del regreso del centro Sambil La Candelaria a sus propietarios se acaba de conocer la sentencia del Ciadi condenando a Venezuela a pagar más de 1.614 millones de dólares por la expropiación de Agroisleña en el 2010. ¿Cuánto retroceso, cuánta caída en la producción agropecuaria, cuántas pérdidas de empleo provocó ese otro desmán revolucionario? Pérdidas que ya no serán resarcibles en lo social y en lo económico
Pero bien, qué bueno que el régimen esté dando algunas muestras de examen de conciencia y acto de contrición. Qué devuelva lo expropiado, lo intervenido, lo robado, lo acabado, al menos lo material, porque el dolor moral infringido a tantos no se resarce con monedas. Eso sí, no se olviden también de devolvernos lo que implica vivir en estado de derecho, las plenas garantías electorales, la plena libertad de expresión, el derecho a disentir y a la protesta sin que eso signifique poner la libertad y la vida en riesgo, entre otras tantas garantías y amparos constitucionales que nos adeudan.
Periodista. Exsecretario general del SNTP – @goyosalazar
