A la percepción del ciudadano sobre el funcionamiento de los órganos de justicia se le definió como la “cultura jurídica”, que se constituye en un elemento que condiciona la acción o inacción del ciudadano para acudir al sistema jurídico, vale decir, de su percepción confiará en acudir o abstenerse por desconfianza de activar los órganos de justicia (tribunales, Ministerio Público).
¿Por cuál razón son importantes estos planteamientos que estamos formulando? En primer lugar, porque el Estado de Derecho es un límite al Poder, de los que Poder tienen. En el Estado de Derecho, el Estado y los ciudadanos estamos en igualdad de posición frente a la ley, sometidos a ella, si esto se pierde valdrá más la influencia política (antes sancionada como tráfico de influencias) que el Derecho en las decisiones.
En los estudios de opinión ya consolidados y en los que actualmente se trabaja, van ofreciendo resultados que van consolidado percepciones ya evaluadas, como son, por ejemplo: “la justicia siempre favorece al rico”, “la justicia favorece al amigo y/o compañero de partido”, “nunca el policía será sancionado”, “al Estado nadie le gana un juicio”, “la influencia política determinará el resultado”. Estas forman parte de un conjunto de afirmaciones recurrentes y otras afirmaciones nuevas de los estudios de percepción sobre la justicia y su funcionamiento.
Capítulo aparte es la consulta con los abogados, que tienen una percepción negativa del sistema de justicia, donde las afirmaciones dan cuenta de la influencia de la política en los resultados de los juicios, da cuenta de afirmaciones de designaciones por mérito político, correspondiéndose a líneas nacionales, haciéndose depender de quien los nombra., y surgen afirmaciones como “pilas si le cae en x tribunal”, “déjelo así, apele y arriba arreglamos (TSJ)”, y otras tantas que se ofrecen.
Esas circunstancias revelan una situación crítica del sistema de justicia, en las consultas ciudadanas, los que han acudido y los que no han acudido al sistema de justicia, tienen la misma opinión negativa, y entre los abogados existe igual opinión.
Este tema es relevante para la sociedad por una sola y elemental razón, sin sujetos de Derecho no hay ciudadanos y sin ciudadanos no hay Estado de Derecho, sino un Estado de Hecho.
Si se repite y se populariza la conversión del Estado de Derecho por un Estado de Hecho, entonces se deja de lado el Derecho y la Ley, para decidir los casos en favor del recomendado, ajustando la decisión a favorecer, así cambien los contenidos de la ley. La inseguridad jurídica caminará ahora contra el ciudadano.
Si la inseguridad jurídica llega hasta el ciudadano ahora, pues estará en indefensión, y es lo que sucederá si la Sala Civil no corrige su propio dictamen sacado en un mes entre su recepción y decisión, de donde por cierto cobra fuerza entre abogados que no fue hecho en el TSJ, sino firmado y elaborado por otros.
Si la falta de pago no es causal de desalojo, si estar insolvente con la municipalidad no es causal de desalojo, si el cambio de uso no es causal de desalojo, si la falta de cobertura de seguro de un local comercial no es causal de desalojo, pues a nadie desalojarán por incumplimiento, todo esto así, para favorecer un caso, termina perjudicando al resto.
Si un tribunal civil en una inspección judicial de un local cerrado durante seis años, encuentra que hay 4 mil cauchos, y la razón social de la empresa no es para ese tipo de rublo, y si está inactiva comercial y financieramente, pues obvio que cambió el uso y si no paga impuestos es un evasor y si no tiene factura, ¿cómo los compro?, esto le sucedió a un juez civil aquí, en San Cristóbal.
Ese juez, por ejemplo, envió esa actuación al Ministerio Público, al Seniat, y no pasó nada; qué surge ahí, en este caso, pues la impunidad, en favor de quién, del que debió ser sancionado, sea venezolano, chino, ruso, colombiano, opositor, chavista, independiente, rico o pobre.
Se comenta de las presiones políticas que dos exdiputados regionales realizan para sacar casos, lo cierto es que sin juzgar si se dejan o no los jueces presionar, solo diré que el que así lo acepte será prisionero del presionador.
Finalmente, la sentencia del TSJ dará lugar a que estos dos exdiputados se pasen por el centro revisando quién realizó bienhechurías en locales alquilados, para convencerlos de plantar demandas, esperando una sentencia que presiona, conforme a la cual, el dueño del terreno debe obligadamente venderle al que realizó las bienhechurías, poniendo énfasis en el Estado de Hecho, destruyendo así el Estado de Derecho.
