En Venezuela es necesario rescatar el concepto y objeto de la seguridad social. Urge devolver su sentido a la pensión por vejez, la indemnización por incapacidad de origen laboral, la asignación por otras contingencias de salud o por muerte de familiar con derecho a pensión. Se trata de pensiones basadas en los aportes al IVSS de la persona trabajadora y su empleador, por lo cual poseen carácter contributivo, y fueron financiadas con un dinero que hace 25 o 30 años tenía capacidad adquisitiva. Por ejemplo, un año después que se instituyó la figura del salario mínimo nacional (1994), se estableció que la pensión mínima vital no sería inferior a su monto, mientras que la cantidad promedio de ese parámetro base, expresada en dólares, era equivalente a 100,00 $ mensuales.
Así mismo, es necesario reivindicar la naturaleza y propósito de la jubilación a que tiene derecho la persona que trabajó en la función pública, al menos durante 25 años. Esta asignación, que puede regularse según la Ley Sobre el Régimen de Jubilaciones y Pensiones de los Trabajadores y las Trabajadoras de la Administración Pública Nacional, Estadal y Municipal, el Reglamento de la Ley del Estatuto sobre el Régimen de Jubilaciones y Pensiones de los Funcionarios o Empleados de la Administración Pública Nacional, de los Estados y los Municipios, o responder a normas especiales de los órganos y entes con competencia en la materia, está destinada a cubrir este personal cuando no era asegurado por el IVSS.
Igualmente, es fundamental redimir las jubilaciones de empresas del estado y personas jurídicas de derecho público, como Pdvsa y Universidades Nacionales, pues tienen el mismo sentido que las otorgadas en la función pública.
En su caso y desde 2011, cuando fue creada la Gran Misión en Amor Mayor absorbiendo progresivamente las asignaciones asistenciales para personas precarizadas laboralmente, el gobierno nacional desarrolla políticas de reparto social de la renta fiscal y algún excedente de la petrolera. Este mecanismo, destinado a sectores como el comercio informal, servicio doméstico, amas de casa y el trabajo por cuenta propia, entre otros, beneficia a 5 millones de personas, según fuentes oficiales. Muy por debajo de un ingreso mínimo vital, esta población carece de capacidad para adquirir la canasta alimentaria y cesta básica.
Ahora bien, Prodavinci realizó un reportaje este mes de marzo de 2022 sobre el colapso de la seguridad social en Venezuela que evidencia la devaluación de la pensión contributiva y de la jubilación en la función pública y demás entidades del estado. Esta publicación indica que es abismal la pérdida real del ingreso respecto a los montos cotizados en dólares y lo que se percibe:
“El valor de la pensión en el año 2000 era 330 veces mayor al de septiembre de 2020. Un profesor universitario que se retiró en el año 2000 disponía de 174 mil 200 dólares en prestaciones sociales y pensiones para vivir durante los siguientes 25 años. Quien se retiró en 2020 sólo recibirá 371,61 dólares. Los trabajadores venezolanos que se retiraron en 2020 aportaron al Seguro Social hasta 57 veces más de lo que recibirán en pensiones durante toda su vejez. Para que la pensión cubriera el valor de la canasta alimentaria, el Estado debió transferir a todos los beneficiarios al menos 8 mil 396 millones de dólares adicionales durante los últimos 20 años.
Tomando el ejemplo de una persona con salario mínimo y otra dedicada al magisterio, en el primer caso, si se retiró el año 2000 esperando 93.000,00 $ por concepto de pensión durante 25 años, sólo recibirá 281,43 dólares en toda su vida. Mientras en el segundo, si se retiró el mismo año esperando 116.795,32$, solamente recibirá 320,57 $ en su vida.
Provea ha denunciado año tras año la precariedad de la situación de toda la población pensionada y jubilada en Venezuela, así como la pobreza que enfrentan quienes perciben las asignaciones de tipo asistencial. En el quinquenio que va de 2014 al 2019, los informes anuales de esta organización en el capítulo dedicado al derecho humano a la seguridad social, reportan un decrecimiento sostenido de la capacidad adquisitiva que posee el dinero percibido por estos conceptos. Esta problemática se traduce prácticamente en una estafa de enormes dimensiones si se compara con lo aportado en su día, básicamente en el caso de quienes forman parte del sistema contributivo o trabajaron para el estado y sus empresas.
Por ello el rescate, redención o reivindicación de la pensión contributiva, la jubilación y las asignaciones asistenciales no sólo transita por la lucha colectiva para elevar los salarios y sueldos mínimos y mejorar las escalas de remuneración a todos los niveles de las trabajadoras y trabajadores actuales, sino que exige el diseño de una estrategia de largo aliento, un compromiso estratégico de orden público, que indemnice a las víctimas de una clara estafa, perpetrada por una violencia institucional del estado, contra millones de personas que aportaron al fisco nacional pagando impuestos, cotizaron al sistema de seguridad de social y brindaron los mejores años de su vida para construir una país decente, digno y vivible, pero que hoy padecen la más atroz de las pobrezas. Trabajar para morir de inanición…
Activista de DDHH, clasista, profesora y sociosanitaria – @espehermida
