En Ciudad Guayana, estado Bolívar, los representantes manifiestan inconformidad ante la obligación tributaria, mientras personal administrativo aseguró que el proceso ha paralizado el sistema económico y la recepción de pagos.
La primera semana de aplicación del Impuesto a Grandes Transacciones Financieras ubicó a los sectores comerciales y productivos en medio de un caos fiscal, debido a la falta de consulta, discusión y planificación del nuevo gravamen para la compraventa de productos en divisas -operaciones que ya estaban normalizadas bajo una dolarización impulsada por los ciudadanos-.
Los colegios Lino Valle, Los Próceres y Monte Carmelo son algunas de las instituciones educativas que ya iniciaron el cobro del tributo. Los mecanismos para ejecutar el pago van desde la actualización del algoritmo de las máquinas fiscales hasta la facturación manual, ya que personal administrativo consultado en los centros educativos aseguró que los agentes de retención necesitaban más tiempo para efectuar la providencia.
Nancy Gómez, propietaria del Colegio Los Próceres, aseguró que actualizar la máquina fiscal -requisito indispensable para la fiscalización tributaria- no es un proceso sencillo, ya que requiere de personal especializado y tiempo de espera que no corresponde con el asignado por la administración de Nicolás Maduro. “En la zona hay muy pocos proveedores de máquinas fiscales y, además, en este momento todos están saturados. Estuvimos varios días con facturación manual”, explicó.
Edicto: 44915
Las quejas de los padres han sido el día a día del área administrativa de los planteles, ya que estos aseveran que el cobro del nuevo impuesto, además de generar desconfianza, obstaculiza aún más el cumplimiento de obligaciones en un contexto de crisis económica e inflación.
“No todos los padres tienen liquidez. Los colegios cobramos en bolívares pese a que el monto esté anclado en dólares. No es obligante recibir dólares, pero de hacerlo tenemos que cobrar el impuesto como agente de retención”, manifestó Gómez.
La presidenta del Consejo Nacional del Comercio y los Servicios (Consecomercio), Tiziana Polesel, presentó un balance en nombre de la organización en el que aseguran que el 75% de las empresas del sector privado no están en capacidad de recibir pagos en divisas debido al IGTF. Esto se debe a las complicaciones para actualizar el software de las máquinas fiscales y, en el peor de los casos, algunos poseen máquinas muy viejas para recibir la actualización.
La administradora del Colegio Lino Valle, ubicado en San Félix, aseguró que se mantienen haciendo facturas manuales, ya que aún no cuentan con la máquina fiscal; asimismo aseguró que una modificación de este tipo al esquema tributario debió tener mucho más tiempo de preparación. “Todo se ha paralizado ante el desconocimiento por parte de las empresas. El primer día los papás se llevaron su dinero y nos hicieron transferencias. Están preocupados, ya que eso afecta su bolsillo. Aún no sabemos cuál es el verdadero impacto económico”, aseguró.
El Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (Seniat) publicó en su página oficial que la declaración de este impuesto se deberá presentar cada 15 días, sin embargo, apenas el 25% de los comercios ha podido empezar a recaudar el gravamen.
Por su parte, un responsable del área administrativa del Colegio Monte Carmelo, quien pidió mantener su nombre en reserva, aseguró que no están recibiendo dólares debido a la falta de claridad por parte del Ejecutivo sobre las condiciones del impuesto.
Ante esto, especialistas temen el retroceso de las leves mejorías en la economía nacional, debido a un posible incremento en los precios de los productos y la inusitada baja en la demanda de divisas. Asimismo, la economía informal es uno de los pocos sectores beneficiados, mientras que los comercios bregan entre la incertidumbre generalizada y el riesgo de multas por evasión fiscal.
Francesca Díaz – Correo del Caroní
