La seguridad social es un derecho humano reconocido en el artículo 22 de la declaración universal y el acceso pleno a su disfrute está sujeto a las políticas públicas definidas por el estado. En cuanto a la apropiada protección para la salud, uno de los pilares de este derecho, el gobierno venezolano tiene una deuda creciente con el pueblo, especialmente, la población jubilada y pensionada. Es un hecho que va más allá de la crisis sanitaria producto de la pandemia.
Diversas plataformas internacionales de estudio sobre el fenómeno migratorio venezolano del presente siglo, así como gremios y sindicatos del sector salud, coinciden en señalar que Venezuela viene padeciendo una fuga de personal sanitario calificado. Análisis de PROVEA y Amnistía Internacional sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela, evidencian que la asignación presupuestaria en materia de salud, demuestra que la tendencia en los últimos 20 años es decreciente en cuanto a la inversión del estado en este rubro, considerando globalmente los gastos regulares y las misiones que se destinan infraestructura hospitalaria, atención primaria y personal sanitario a nivel nacional, estatal y municipal. Esta situación, que posee múltiples y complejas causas, impacta en la calidad del servicio público de salud, siendo uno de sus déficits la atención a las patologías de las personas adultas mayores.
Ahora bien, tomando como referencia temporal las primeras experiencias de la política pública denominada “Barrio Adentro”, es decir, en la época de la crisis mundial de 2008, con muy buenos precios del barril petrolero venezolano y mucho antes del llamado “bloqueo imperialista” y la pandemia por la covid19, ya la población jubilada y pensionada encontraba dificultades para acceder a la cobertura sanitaria del sistema público. Entendiendo que se trata de un amplio espectro de servicios, la atención integral a la salud de la población adulta mayor debió incluir su acceso real y efectivo a medicamentos, medicinas de alto costo, la posibilidad material de realizarse intervenciones quirúrgicas y recibir asistencia terapéutica diversa.
De esta falta de apoyo sanitario integral, gratuito y de calidad, dan cuenta las múltiples denuncias formuladas tanto por organizaciones de pacientes renales, con cáncer o enfermedades inmunosupresoras, como por defensores y defensoras de los derechos humanos. En líneas generales, estas demandas fueron descalificadas por las autoridades gubernamentales venezolanas o sencillamente ignoradas. Así lo demuestra el resultado del examen periódico universal (EPU) en el caso venezolano, valoración que se realiza para medir el cumplimiento de tratados suscritos en materia de derechos humanos, como es el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
Así mismo, pueden contabilizarse como omisiones gubernamentales las reacciones negacionistas de las autoridades ante las quejas presentadas por el movimiento sindical y gremial sobre la precariedad en que se encuentra el sector de la salud. En este sentido, cabe destacar la definición que sobre seguridad social hace la OIT, ya que Venezuela es signataria de convenios que amparan su concepto integral y sujetan al país a los mecanismos de control de esta instancia internacional: «la protección que una sociedad proporciona a los individuos y los hogares para asegurar el acceso a la asistencia médica y garantizar la seguridad del ingreso, en particular en caso de vejez, desempleo, enfermedad, invalidez, accidentes del trabajo, maternidad o pérdida del sostén de familia».
Como quiera que la seguridad social, como garantía universal, es un instrumento político, cuando el Estado no brinda a la población igualdad de condiciones de acceso a los beneficios que de ella se derivan, vulnera derechos colectivos, genera discriminación y el gobierno nacional respectivo tiene comprometida su responsabilidad. En el caso de la población pensionada y jubilada, así como las personas adultas mayores en general, consideradas en su conjunto como sector vulnerable, la falta de políticas públicas garantes de asistencia médica y medicamentos, aunada a la precariedad de su ingreso económico, conllevan a empeorar su natural deterioro de salud y en algunos casos, contribuyen a acelerar su muerte.
Es por ello que carecer de un sistema público de salud accesible y de calidad, representa un ataque directo los fundamentos de la dignidad y que afecta a millones de personas en Venezuela. El gobierno no debe seguir eludiendo su cuota de responsabilidad en la solución a esta evidente problemática, ni puede escudarse en supuestos o reales efectos de su política internacional. Su deber es buscar las opciones y alternativas que garanticen la cobertura universal de la seguridad social, especialmente la asistencia médica a la gente más necesitada, sin peajes partidistas, ni chantajes. La seguridad social universal es un derecho humano y no se negocia. La población adulta mayor, las y los pensionados y jubilados venezolanos son titulares de ese derecho. Son ciudadanas y ciudadanos, trabajaron, cotizaron, pero lo más importante es que son y somos seres humanos.
Activista de DDHH, clasista, profesora y sociosanitaria – @espehermida
