¡Juntos lo hacemos mejor! ¡Juntos y juntas hacemos poder! ¡Juntos venceremos! ¡Vamos juntos a un 2022 de prosperidad para la Patria! Consignas del gobierno y el PSUV, que vendría siendo lo mismo, cuyo eje central, el adjetivo en plural “juntos”, usado con la clara intención de integrar y sumar voluntades a ejecutorias gubernamentales y políticas, en su acepción de cercanía o proximidad estaría ausente del proceso de designaciones de magistrados del TSJ.
Las diferencias internas en el oficialismo arrasaron con ese sentir de estar “juntos”, en todo caso, juntos, pero no revueltos, por ende, dieron al traste con la connotación de cohesión propugnada desde el régimen, dando lugar a la problematización del proceso de designación de magistrados, con ambigüedades e interpretaciones insólitas, con las que se ha pretendido justificar el retraso de la designación. “La justicia no es tema de mayorías, ni prisas”, es una de esas interpretaciones, con sesgo excluyente, en boca de un político opositor identificado como palmípedo.
Otros, exhibiendo mayor sensatez, dicen que no es cuestión de acuerdos, pues “cualquier designación de magistrados tiene que hacerse conforme a lo que manda la Constitución, que tiene unos requisitos muy claros para ello”. Quienes así opinan, no hacen más que confirmar un hecho preocupante: desde el 26 de marzo se acentuó el carácter de letra muerta de la Carta Fundamental, por eso se habla de “los vicios de la designación inconstitucional de los nuevos magistrados”, frase que, aunque redundante, sugiere escenarios nada halagadores para la justicia en Venezuela.
La designación de nuevos magistrados, implica, por simple lógica, un nuevo Poder Judicial, como resultado de su reestructuración, con un efecto aparentemente contrario al esperado, puesto que el concurso de oposición y credenciales se habría hecho a un lado, por esa vía llegamos, desde hace más de dos décadas, a la perversión de la estructura y funcionamiento del Poder Judicial, que, entre otras cosas, decretó la sepultura del sistema adversarial penal, como lo ha advertido el académico Leonardo Pereira Meléndez.
El Poder Judicial, como cualquier otro poder público, está para fortalecer al país, le compete coadyuvar a elevar la calidad de vida de la sociedad venezolana, a reactivar la economía, la producción, la industria petrolera con personal capacitado, de la mano con la seguridad jurídica, la seguridad ciudadana, el respeto a la propiedad privada y con la determinación de alentar la inversión nacional y foránea, lo cual sería posible si los magistrados a designar se caracterizan por su profesionalismo y experiencia, por ejemplo en el ámbito académico y en el ejercicio de la abogacía.
Sonará simplón, y hasta trillado decirlo, pero es necesario insistir en ello, hasta que prevalezca la norma, sin complejos para nadie, a saber: el concurso de oposición y credenciales como medio idóneo para ingresar al Poder Judicial. El coronel y Doctor en Derecho, Ángel Bellorín, ha venido llamando la atención sobre ese particular, incoando recursos extraordinarios ante el máximo tribunal del país, con argumentaciones, además de sustento jurídico y jurisprudencial, reveladores de la tergiversación de las designaciones con riesgos y/o afectaciones para la soberanía nacional, todo ello como parte del bypas político atentatorio contra la correcta designación de magistrados y de cualquier funcionario público.
¿El proceso no cumplirá la norma? Preguntan unos, afirman otros y exclama más de un postulado a magistrado del TSJ. Ese no sería el punto, pues la norma habría que cumplirla bajo cualquier escenario, incluso fuera de lapso, como están desde el 26 de marzo; el punto estaría en la correcta escogencia de los magistrados, de hacerlo así, cabalmente, en atención a las credenciales de los postulados, pudiese considerarse con un mal necesario haber baipaseado la Constitución.
El Comité de Postulaciones tendría, por caso, en el abogado Leonardo Pereira Meléndez, uno de los juristas más calificados y reconocidos del país, quien reúne con excelencia los requisitos para optar a la Magistratura de nuestro máximo tribunal, tanto por su calidad humana como por su impecable trayectoria profesional, signada por la ética y los más altos valores ciudadanos, quien ha destacado tanto en la academia, de investigador como abogado en ejercicio, además de ser un gran escritor en el ámbito jurídico nacional e internacional, con ediciones jurídicas importantes y una excelsa obra literaria.
Ese sería el perfil de los juristas a seleccionar, incluir otros criterios en la escogencia desdeciría el discurso oficialista manejado en torno al proceso bajo análisis. Sobran ejemplos y estadísticas de la tendencia de llevar al Poder Judicial personas por vías diferentes a las establecidas en la Constitución y las leyes, es de esperar, así pequemos de ingenuos, que en esta oportunidad sobresalga la decencia legislativa y ciudadana.
@jolcesal
