Hace poco resumí, como corresponde a un artículo en éste y otros medios, unas ideas sobre el deber ser de los docentes-investigadores en las universidades nacionales. No pretendí “despachar” el tema en unas pocas líneas. De hecho, hay varias publicaciones académicas de mi autoría sobre la materia, a las cuales se puede recurrir si se está interesado. Pero sí debo afirmar que, dentro de las distorsiones impuestas por la Ley Orgánica de Educación, instrumento interventor inconstitucional, no puede lograrse una ley universitaria que signifique un avance e impulse la universidad que se requiere para Venezuela. Entiendo, pero no justifico, que esto produzca algunos disgustos y que se pretenda defender disposiciones legales inconstitucionales, dada la ideologización existente y los fanatismos políticos.
La universidad cambia al igual que lo hace la sociedad, pero los cambios no son necesariamente positivos cuando en algún momento los gobiernos los imponen en determinadas condiciones. La ley de 1959 fue muy positiva; en esencia es la actual 63 años después. Lusinchi y Caldera I impusieron cambios que lejos de significar un avance entorpecieron el desarrollo universitario. Las imposiciones en este siglo tampoco han significado la generación de cambios positivos. De hecho, los indicadores académicos demuestran que toda esa pléyade de instituciones “universitarias” rimbombantes ha contribuido a la generación de un inmenso deterioro y no ha servido para de alguna manera frenar el desastre ocurrido en el país o ayudar a salir del mismo.
Ninguna universidad del mundo puede realizar investigación en todas las disciplinas que enseña y la universidad venezolana mucho menos. Esto es comprensible y deriva de la gigantesca diversidad del conocimiento hoy día, lo que hace que haya universidades que dirijan sus esfuerzos hacia determinados temas, dejando otros de lado. No es algo para asombrarse, es normal.
Entiendo que sufrimos un gobierno que no le gustan las evaluaciones ni los exámenes. De hecho, ha dejado de publicar indicadores como fórmula para no ser evaluado ni nacional ni internacionalmente. Pero, cuando un profesional se enfrenta a distintos retos en su vida, cada uno de ellos es un examen de sus capacidades, cuyos resultados pueden tener consecuencias desastrosas, no para el profesional, pero sí para los individuos y comunidades afectadas. Las mejores universidades del mundo no sólo hacen exámenes y concursos, sino que los mismos se extienden hasta el más elevado nivel y, en este caso, son concursos internacionales, en los que los aspirantes se presentan frente a los académicos más distinguidos de esas instituciones.
Jamás he dicho que el concurso de oposición debe ser ante los candidatos a autoridades universitarias. Ésa es una ligereza manipuladora, por decir lo menos, dirigida a descalificar lo que es una propuesta lógica: los jurados deben ser integrados con los profesores más calificados en la materia objeto de los concursos. Evitar los concursos de oposición, en cambio, sí es mantener el vicio de la designación politiquera de los profesores, lo cual algunos ven como normal en las instituciones controladas por el gobierno.
Los docentes-investigadores universitarios no son empleados públicos ni se les puede aplicar las normas de estabilidad de éstos. Un profesor-investigador tiene la obligación de ascender dentro de un lapso establecido, preferiblemente variable, pues no todos avanzan a la misma velocidad, hasta el penúltimo nivel del escalafón. Si no cumple con sus ascensos debe ser removido de su cargo o si se quiere trasladado a una institución, donde no sea necesaria la realización de labores de investigación. El personal académico constituye la planta que hace funcionar a la universidad. Es éste el que no debe ser menor del 60 por ciento del total delos docentes.
El otro 40 por ciento sería contratado a tiempo parcial (convencional), por horas, algo que ocurre actualmente, sólo que en una proporción muy alta, que compromete el funcionamiento de la universidad. No hay ningún “apartheid”, como no lo hay hoy con este personal, ésta es otra ligereza manipuladora. En previos artículos he aclarado que en la universidad existen derechos académicos, que las jerarquías se establecen de esa manera, por lo cual hablar de gente privada de sus derechos políticos es como mínimo una insensatez.
