Ayer hablé con Claudia, en vísperas de uno de sus tantos viajes a Caracas desde Maturín, estado Monagas, al oriente del país, su ciudad natal, a donde la regresó un coletazo del fenómeno represivo autóctono o endógeno descrito en el recién publicado Informe de Derechos Humanos del Departamento de Estado del gobierno estadounidense.
Su principal motivación, en esta oportunidad, además de traerle provisiones y medicamentos, obtener garantías de que podrá ver y compartir con su esposo el venidero 29 de mayo, día en el que éste cumple años, aunque es domingo, día de visita, en El Helicoide nunca se sabe si habrá inconvenientes para visitar a los internos. De ahí las previsiones de ella con tanta antelación, pues pocas veces sabe a qué atenerse en el proceso penal seguido a su conjugue tras saludar a quien habría sido urgido por una patología de la madre para escapar de su arresto domiciliario y dejar el país.
Las limitaciones a los derechos ciudadanos, invocadas en el informe aludido, son patentes en el esfuerzo de Claudia del Valle Morillo, cuyo esposo, Jhon Hader Betancurt Restrepo, desde agosto de 2019 es uno de los muchos presos políticos en Venezuela y el único civil tras las rejas por la llamada Operación Libertad.
A Jhon, en casi tres años de confinamiento arbitrario, no le han hecho juicio, las causas se desconocen, a todo evento ninguna sería imputable a él o sus abogados defensores, ni a ellos ni a Claudia, desde que culminó la Audiencia Preliminar que se prolongó por más de un año, nunca le han sabido explicar el motivo de ese retardo procesal, agravado por los riesgos a la vida e integridad personal inherentes a las condiciones de reclusión, potenciados con el Covid-19, causa de muerte en internos del Sebin-Helicoide.
Este 17 de abril, Claudia escribía:
#DiaInternacionalDeLosPresosPoliticos siento tristeza tan solo de conmemorar esta fecha, pero me solidarizo con todos lo que como yo atravesamos por esta cruel realidad, así como con las familias que también sufrimos por igual.
A ese sufrimiento iría aparejado un sentimiento de impotencia abrumador, por limitaciones no sólo de derechos sino también económicas, que no las habría tenido quien, tras esfumarse de una legación diplomática, en España vio restablecerse a su madre en un palacio. Literal.
Jhon, su esposa, así como toda su familia, aunque inmersos en “la erosión de garantías de DDHH, persecución y la impunidad”, albergan la esperanza de que se haga realidad el exhorto hecho por Michelle Bachelet al gobierno venezolano, con ocasión de la actualización oral del informe sobre Venezuela:
Todas las personas detenidas arbitrariamente deben ser puestas en libertad.
Anhelo surgido en un contexto esbozado por Claudia:
Cuantos seres inocentes allí privados de libertad y con ellos, nosotros, sus familiares, en eterna agonía.
Tarek William Saab debería prepararse para solicitar también la revisión de este caso y le sea otorgada libertad a Jhon Hader, entre otras razones, según la última reforma del Código Orgánico Procesal Penal (COPP), ello procede respecto a los procesados con más de tres años detenidos sin juicio, algo a sobrevenir dentro de poco en el caso bajo análisis.
Cuando excluyeron a Rusia del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, se le escuchó decir a su presidente, Federico Villegas: “los derechos humanos tienen que ser universalmente protegidos”. Visto que los presos políticos, a decir del Observatorio Nacional de DDHH, “han sido víctimas de violación a sus DDHH”, estaríamos en un escenario como para poner las barbas en remojo.
A Jhon, con el mundo reducido al escaso espacio que ocupa en El Helicoide, apretujado con otros internos, la ansiedad le calcome el espíritu alegre, entusiasta y emprendedor que lo distinguía en el Mercado de El Cementerio, a poca distancia de alli, donde tenía un próspero negocio; enfrentado, a cada instante, a la depresión, a la frustración de verse convertido en simple referencia numérica, despojado de su dignidad en una línea temporal inundada del resentimiento corrosivo de principios, sentimientos, afectos y la salud, que en su caso ya presenta afectaciones agravadas por falta de atención.
Los padecimientos que lo aquejan superan en agustias, incertidumbres, dolor y sufrimiento a los vividos por los insurgentes del 4F en la cárcel, a quienes además de respetárseles sus garantías constitucionales, especialmente el debido proceso, se les otorgó beneficios en grado superlativo. Suena trillado decirlo, pero es necesario insistir en ello ante las dramáticas circunstancias vertidas sobre los presos políticos y sus familias.
@jolcesal
