Hace escasos veintidós años, Venezuela exhibía estructuras mucho más simples. Desde 1.958 había experimentado notables procesos de modernización. Que con la reforma de la Constitución de 1.999 y las nuevas estructuras de los poderes públicos, en términos de rediseño administrativo, han servido lamentablemente, para nuevas prácticas de corrupción, que han significado, no sólo un descenso, sino un genuino descalabro histórico para el País.
Los factores que han producido este descalabro histórico, son bien conocidos y no necesitan ser nombrados. Basta solo mencionar los estrechos nexos entre civiles y militares que han empobrecido una buena parte de la historia republicana de Venezuela. La cultura del autoritarismo, el uso de los bienes públicos como instrumento de control social, los fenómenos de corrupción, que representan igualmente aspectos indelebles asociados a las antiguas oligarquías.
Sin embargo, en la generación del 58, la clase política tradicional mantenía una comprensión paternalista de las penurias y los sentimientos de los venezolanos, actitud que es extraña a este régimen.
El fenómeno de la corrupción, lo conocemos hoy en su verdadera extensión, su profundidad y la aceptación de la misma en la actualidad. En el pasado, entendimos y no fue mera casualidad, que los sectores esclarecidos propugnaban, una política promotora de la educación obligatoria y gratuita, la construcción acelerada de un extenso sistema de transportes y comunicaciones y una modesta introducción del Estado de Derecho, es decir, factores de desarrollo que contribuyeron al bienestar de toda la población. Ejemplos de estos programas, modernizante y con resultados democratizadores, los vimos con los líderes de la revolución de Octubre de 1.945 en Venezuela y luego con la Generación del 1.958.
Uno de los aspectos básicos de este periodo estribaba precisamente en la carencia de prácticas populistas, en la ausencia de falsas ilusiones igualitarias y en el control que la clase política, que se pudo mantener sobre las esferas de la política y la cultura.
Algunos de estos argumentos, que podrían parecer, como intolerable resabio de un pasado idealizado y felizmente superado, pueden contener un significado inesperado, para el presente.
Los nuevos políticos, usan mecanismos democráticos para llegar al poder, pero una vez allí, se consagran a favorecer unilateralmente intereses particulares, a tolerar los fenómenos de corrupción y, por ende, a desvirtuar la democracia. Hoy en día practican una violación abierta de las normas legales, y un manejo discrecional de los mecanismos del poder. Uno de sus mayores méritos reside en el saqueo refinado y tecnificado de los fondos públicos.
Ni este Régimen, ni esta oposición, poseen ni el buen gusto, ni la moderación de la generación de 1.958, de esos políticos tradicionales, ni el talento creador del empresariado protestante, ni una visión estructuradora original para toda la sociedad venezolana.
El Régimen y esta oposición de las nuevas élites en Venezuela deben su acceso privilegiado al enflaquecido aparato estatal del modelo neoliberal (pero muy provechoso si se lo sabe exprimir adecuadamente), al control del Poder Judicial (para evitar ser sometidas a juicio y castigo) y a un pacto mafioso del silencio.
Por todo ello se puede afirmar que la contribución de las nuevas élites a la consolidación democrática y a una genuina modernización a partir de 1.999 ha resultado ambigua y accidentada. Se trata, en realidad, de un tipo de neoliberalismo plutocrático-plebeyo, que, pese a su expansión, no parece ser un modelo a la altura de los tiempos ni frente a las demandas siempre crecientes del resto de la sociedad.
Poseen una visión inmediatista e instrumentalista de toda la esfera política, suponen que la preservación de la situación actual les brinda todavía buenas oportunidades de maniobra, de enriquecimiento y de consolidación del propio estrato social. Estos liderazgos han mostrado ser precarios y proclives a descomponerse y fomentan paradójicamente el resurgimiento de regímenes personalistas y caudillistas.
