El clímax de la incoherencia
Los empleos productivos, de calidad y la protección social son la base de un enfoque integral que incluya las dimensiones económicas, sociales y medioambientales del desarrollo sostenible. Juan Somavía.
El gobierno de Venezuela desde el 2013 se ha autodefinido como un gobierno de origen obrero, el señor Nicolás Maduro no deja de referirse a sus anécdotas como obrero del Metro de Caracas, específicamente como conductor de una unidad de trasporte superficial, sin embargo, es menester aclarar que en los tiempos en los cuales el primer mandatario desempeñaba funciones como chofer de autobuses, las condiciones laborales eran diametralmente opuestas a las actuales. En primer lugar, existía tripartita o acuerdo entre empleadores públicos y privados con sus contrapartes sindicales para la fijación salarial, se gozaba del derecho a las cajas de ahorro y las nóminas del sector público estaban descentralizadas.
Hoy en día luego de 47 meses de hiperinflación el poder de compra del salario ha descendido a niveles insospechados, siendo cierto que relativamente se aumentó en proporción el 1700% del salario, no deja de ser una realidad que este aumento ajustado a medo petro, para luego anunciar que esta unidad de cuenta no tendría incidencia en el salario constituye un valor más que simbólico de 29,08 dólares es decir unos ciento treinta bolívares mensuales.
Desagregando esta cifra del salario aumentado y haciendo el ejercicio que otrora les correspondería a los sindicalistas diariamente se requieren de 70,5 bolívares para vivir es decir con lo devengado solo se puede vivir una semana cubriendo los gastos de una canasta de subsistencia necesaria, categoría que el Banco Mundial le ha conferido a los nuevos estándares de pobreza extrema. Los ajustes salariales se realizan desde la discrecionalidad de quien ejerce el poder, las nóminas han sido secuestradas por el Ejecutivo Nacional restándole la capacidad a las unidades de recursos humanos de cumplir con los pasivos derivados de las contrataciones colectivas bien sean cajas de ahorros e institutos de previsión social, el sistema patria le escinde autonomía a la liberad que se pivota en la remuneración libre del empleo que propende hacia la progresividad justa del trabajo.
Las condiciones laborales en Venezuela son absolutamente indecentes, no se cuenta con seguridad social, no hay acceso a la salud pública, a la educación y formación continua y mucho menos a la discusión de las convenciones colectivas, de facto el ejercicio sindical ha sido conjurado y desde el 2018 durante la segunda reconversión monetaria en él lo que va de siglo las tablas salariales de la administración pública han sido absolutamente irrespetadas, las primas por profesionalización se han hecho tan semejantes que no existe progresividad, ni escalafón y sencillamente el salario de la administración pública ha desaparecido.
Sin embargo, aun y cuando el salario del sector público es inexistente, dada su escasa capacidad para comprar bienes y servicios los pasivos ajustados de acuerdo a las tasas de interés de la administración pública, no fueron tomados en cuenta a la hora de medir el impacto de la carga pasiva sobre la capacidad de pago del Estado, la canasta básica de subsistencia presenta un valor de bs. 2.115.50 es decir unos 471,16 dólares, el salario en poder de paridad de compra solo compra el 8,06% de la canasta básica de necesidades alimentarias.
¿De cuáles reivindicaciones salariales se habla en este país absolutamente decosntruido desde la verdad?, los trabajadores de la administración pública sobreviven y han migrado hacia la informalidad, los jubilados presentan los signos del abandono y la indolencia de quienes ejercen el poder en fin no existen condiciones objetivas ciertas para el ejercicio laboral en la república, tenemos trabajo más no empleo.
El chavismo ha impuesto los mismos niveles de inequidad que sustentaban su ascenso al poder, los rigores que soportan los sobrevivientes quienes devengan un salario mínimo son indecibles y el espejo de la informalidad es la clara demostración de la horrida realidad de supervivencia a la cual estamos sometidos como sociedad, colectivamente no tenemos moneda y menos salario, el Estado patrono él es principal violador de los acuerdos de la Organización Internacional del Trabajo.
Finalmente contamos con la expectativa de la visita de la comisión técnica de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), a los fines de que sea rescatada y respetada la institucionalidad de la tripartita, el derecho a un salario digno y el rescate del espíritu del legislador recogido en el artículo noventa y uno (91) de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, aprobada por Chávez y violada constantemente por la hegemonía en el poder, el trabajo como proceso social requiere de un marco institucionalmente sólido.
Como corolario a este horror, debemos recordar a Hugo Chávez pito en boca botando a los funcionarios de Petróleos de Venezuela y sustituyéndolos por cualquier sujeto sin formación, este evento significó la destrucción de la Industria Petrolera Nacional, contando con un atraso de ochenta años en las cifras de producción petrolera, no hay proceso social de trabajo sin instituciones claras, sin Estado de Derecho y defenestrados a la anomia y la anarquía de no contar con una instancia clara ante la cual acudir, en tal sentido nada tenemos que celebrar, no hay conquista alguna y desde la presidencia de un obrero se desmantela el proceso social del trabajo, otra de las incoherencias del chavismo en este marasmo de errores y horrores.
También sabemos que para que haya trabajo decente, tiene que haber trabajo. Juan Somavia.
