La lista de evidencias que confirman la presencia de la guerrilla colombiana en territorio venezolano es larga, analiza en su columna Ramón Cardozo. Y Maduro tolera la actividad de organizaciones terroristas en el país.
Por cuarta vez en los últimos doce meses, un alto mando de la guerrilla colombiana disidente cayó abatido en territorio venezolano. El pasado martes, Miguel Botache Santanilla, alias “Gentil Duarte”, máximo jefe de las disidencias de las FARC, murió presuntamente en combate frente a otros grupos guerrilleros, de acuerdo a las declaraciones de Diego Molano, ministro de Defensa de Colombia.
El deceso de Gentil Duarte se suma a la muerte en suelo venezolano de los jefes guerrilleros de la disidencia de las FARC-EP Segunda Marquetalia: Seuxis Pausías Hernández, alias Jesús Santrich, abatido el 17.05.21 en el estado Zulia; Henry Castellanos, alias Romaña, y Hernán Darío Velásquez, “El Paisa”, ambos caídos en combate el 07.12.21 en el estado Apure.
Aunque el régimen de Nicolás Maduro ha mantenido como política comunicacional el guardar silencio y no dar explicaciones al país sobre este tipo de hechos, estos decesos se suman a una larga lista de evidencias que confirman que la guerrilla colombiana desde hace varios años viene utilizando el territorio venezolano como teatro de operaciones y fuente de abastecimiento de recursos.
Esta penetración guerrillera a Venezuela ha venido acompañada de un proceder violento y delincuencial, tal y como lo han denunciado y documentado periodistas, organizaciones no gubernamentales e instancias internacionales desde hace más de una década: “La franja limítrofe entre Venezuela y Colombia se ha convertido desde hace años en un territorio de conflictividad debido a la presencia de grupos armados irregulares y bandas delictivas con alto poder de fuego, que se disputan el control de las rutas del narcotráfico, el contrabando de combustibles y minerales”, señaló la organización no gubernamental Fundaredes en su boletín de mayo de este año.
Fragmentación territorial
De manera paradójica, a la par de la progresiva concentración del poder político por parte de Hugo Chávez y, posteriormente, por Nicolas Maduro, se ha producido en el país un debilitamiento creciente de la capacidad del Estado para garantizar el control y la paz en todo el territorio nacional.
En su informe del año 2021, el Observatorio Venezolano de la Violencia describió cómo en Venezuelase han incrementado los espacios territoriales”que se encuentran fuera del control del gobierno nacional, y donde la gobernanza local y el control social y político lo ejercen los grupos armados no estatales. Se puede observar un retraimiento del Estado de variados territorios rurales y urbanos, en gran medida por el resultado de su incapacidad para poder ejercer la soberanía (…) Como resultado de ese abandono y retraimiento del Estado, se ha generado una nación fragmentada territorialmente”.
En el mismo sentido, John Polga-Hecimovich, profesor de la Academia Naval de los Estados Unidos (U.S. Naval Academy), a partir de los datos proporcionados por el proyecto Varieties of Democracy (V-Dem), muestra evidencias de cómo desde el año 1998 viene cayendo de forma preocupante el índice que mide la autoridad del Estado venezolano sobre su territorio: “El Estado venezolano, por supuesto, no tiene el monopolio del uso legítimo de la fuerza en su territorio nacional. La frontera es porosa, guerrillas colombianas están dispersas desde Táchira, Zulia y Apure hasta Bolívar y Anzoátegui, diferentes grupos armados irregulares compiten por el control de minas de oro ilícitas, y las bandas criminales y paramilitares mantienen el control de algunas áreas urbanas. Incluso si el Estado quisiera retomar el control sobre las fronteras y el territorio, sería difícil hacerlo” (Venezuela: ¿Estado débil o fallido?, 2019)
De acuerdo con el Informe de países sobre terrorismo 2020, elaborado por el Departamento de Estado de los Estados Unidos,”el ELN estuvo presente en 12 de los 23 estados de Venezuela. Los medios informaron de un papel cada vez mayor del ELN en la distribución de alimentos subsidiados por el Estado, el contrabando la extorsión, la minería ilegal y la propaganda de reclutamiento, en ocasiones a través del control de las estaciones de radio”.
La fragmentación territorial ha exacerbado los niveles de violencia y criminalidad en el país. Solamente en el primer trimestre de este año, Fundaredes registró en seis estados fronterizos “un total de 229 homicidios, 70 supuestos enfrentamientos en los que 103 personas perdieron la vida a manos de las fuerzas de seguridad del Estado –casos que se configuran más como presuntas ejecuciones extrajudiciales– y 96 desaparecidos y/o secuestrados”. Según esta ONG, esas cifras evidencian que “la frontera venezolana continúa sumergida en una espiral de violencia y que entre las actividades criminales persiste la extorsión, el secuestro y ataques con armas de guerra ante la inacción del Estado venezolano en garantizar seguridad a los habitantes de la frontera”.
Causas de la fragmentación
Si bien es cierto que el nacimiento y desarrollo del grupo guerrillero ELN y el de la disidencia de la FARC están vinculados a circunstancias históricas y sociopolíticas de la vecina Colombia, las razones por las cuales estos grupos han podido penetrar y controlar parte del territorio Venezolano son de otro tipo.
De acuerdo con el referido informe norteamericano sobre el terrorismo (2020), el régimen de Nicolás Maduro “permite y tolera el uso de su territorio por parte de organizaciones terroristas. Gran parte de Venezuela está desgobernada, subgobernada o mal gobernada”. Este informe hace referencia a que, en mayo de 2020, el jefe guerrillero de la FARC Seuxis Pausías Hernández, alias Jesús Santrich,”apareció en fotografías en Caracas, con un destacamento de seguridad supuestamente proporcionado por el régimen de Maduro”. Estos señalamientos al régimen de Maduro fueron ratificados el pasado mes de mayo por Laura Richardson, jefa del Comando Sur de los Estados Unidos en una entrevista para el portal de noticias Infobae: “La corrupción es endémica en Venezuela, y el régimen participa activamente en el narcotráfico y da cobijo a grupos terroristas regionales como el ELN y las disidencias de las FARC”.
El Observatorio Venezolano de la Violencia, en su Informe Anual de 2021, indica un segundo factor que afecta la capacidad del Estado venezolano para mantener el control sobre su territorio: “Una importante disminución en las capacidades operativas debido a la reducción del pie de fuerza, por renuncia o deserción de los funcionarios militares y policiales, por las limitaciones en el equipamiento y en el entrenamiento del personal, y hasta por las limitadas posibilidades de ofrecer una adecuada alimentación diaria a sus funcionarios o tropa durante los días que ejecutan sus labores”.
Elecciones presidenciales en Colombia
El próximo 19 de junio se realizará en Colombia la segunda vuelta electoral entre Gustavo Petro y Rodolfo Hernández para elegir al próximo presidente de ese país. Ambos candidatos han presentado propuestas similares para abordar el problema de los grupos armados colombianos que abandonaron o no se sumaron a los Acuerdos de Paz suscritos en al año 2016. Petro propone “[Iniciar] las negociaciones con el ELN para finiquitar la existencia de la insurgencia armada en Colombia a partir del diálogo político”. Por su parte, Hernández se plantea “abrir un proceso de acercamiento del ELN al Acuerdo de Paz firmado con las FARC”.
La eventual suscripción de estos acuerdos podría ser de ayuda para que el Estado venezolano avance en la recuperación del control de sus territorios fronterizos. Sin embargo, es muy pronto para hacer cálculos ya que no son tan evidentes los incentivos que tendrían estos grupos guerrilleros para abandonar los beneficios que están obteniendo actualmente en Venezuela.
Abogado y politólogo venezolano
