Una de las cuestiones que destacó la Comisión es que cuando un abogado acepta un caso con un alto perfil público termina “descalificado como opositor político”, lo cual aumenta el riesgo de terminar víctima de hostigamiento o criminalización
El capítulo para América Latina de la Comisión Internacional de Juristas (CIJ) aseguró que los abogados venezolanos se constituyen en víctimas de “intimidación, hostigamiento, amenazas y ataques, tanto dentro como por fuera del sistema de justicia”, según señala su más reciente informe.
En el documento, sobre las barreras a la profesión legal en el país, la CIJ destaca que los abogados no pueden ejercer libremente en el país. “La imposición de obstáculos y ataques específicos o institucionales contra las abogadas y los abogados contravienen las obligaciones legales de Venezuela y las normas que rigen la independencia y el papel de la profesión legal”.
Una de las cuestiones que destacó la Comisión es que cuando un abogado acepta un caso con un alto perfil público termina “descalificado como opositor político”, lo cual aumenta el riesgo de terminar víctima de hostigamiento o criminalización.
Intervención judicial en Carabobo y Lara
También señaló que el derecho de asociación se les ha vulnerado “por las medidas que se han adoptado para intervenir, cooptar y debilitar los colegios de abogados. Con motivo de la entrada en vigor de la nueva Constitución, las elecciones de las autoridades de los colegios han estado sujetas a la intervención del Consejo Nacional Electoral y decisiones del Tribunal Supremo de Justicia”.
Este año, tras una resolución del CNE donde llamaban a la renovación de autoridades de sindicatos, asociaciones, colegios y federaciones, el TSJ ordenó detener las elecciones en los estados Carabobo y Lara.
Represión del Poder Ejecutivo
Al igual que la Misión de Determinación de Hechos sobre Venezuela, un mandato del Consejo de DD.HH de Naciones Unidas, la Comisión Internacional de Juristas expresó que “resulta claro que el Poder Ejecutivo utiliza el poder judicial como un instrumento de represión y control, lo cual restringe de manera significativa las acciones que abogadas y abogados pueden realizar para hacer valer sus derechos y los de sus clientes”.
Por ello, la CIJ hizo 12 recomendaciones al Estado venezolano, entre ellas que cesen todas aquellas acciones que limitan el ejercicio libre e independiente de los abogados, garantizar que puedan ejercer todas sus prerrogativas, invitar a los mecanismos de la ONU que tienen relación con la administración de justicia, así como respetar las elecciones de los Colegios e investigaciones efectivas para aquellos profesionales que han sufrido amenazas o ataques.
TalCual
