El artículo 91 de la Constitución establece, con suficiente nitidez, el derecho que tienen los trabajadores del sector público y privado, a recibir un salario que les permita cubrir sus necesidades básicas y satisfacer también las de su familia. Al efecto puntualiza que mínimamente el Estado le garantizará un ingreso mensual equivalente al costo de la canasta básica.
Esta cesta, como también se denomina actualmente, rebasa los trescientos dólares ($300,00), mientras que el sueldo mínimo apenas alcanza a ciento treinta bolívares digitales, suma que equivale a veinticinco dólares ($25,00) aproximadamente, lo que representa el 8,33% de lo que se necesita para hacer efectivo el respectivo derecho constitucional.
Con respecto a esta situación, producto del incumplimiento del mandato legal pertinente por parte de los entes gubernamentales a quienes compete el asunto, a menudo se pronuncian los afectados. Es muy común ver dispersas acciones de protesta que realizan los sectores laborales reclamantes, en especial los trabajadores de la administración pública. Llama la atención que la mayoría de las protestas son protagonizadas por jubilados y pensionados, mientras que el personal activo es muy poco lo que hace, como si el conformismo los mantuviese en estado de inercia progresiva.
Visto el problema desde el punto de vista expuesto, en principio se pueden sacar dos conclusiones; ambas perjudiciales para los trabajadores públicos en general. En primer lugar, es obvio que la fuerza distribuida en focos de presión, a nadie convence, menos a un régimen que ha demolido todas las herramientas de lucha de las que dispuso, durante mucho tiempo, la clase obrera venezolana. Por otra parte, la tácita indiferencia de obreros, personal administrativo y los profesionales que laboran en la administración pública, con relación a la iniciativa de jubilados y pensionados, abona en beneficio de la actitud antiobrera del patrono oficialista.
Sin embargo, si el personal en retiro, que hoy está calculado en más de cuatro millones, se organiza unitariamente, es indudable que se convierten en una fuerza convincente, capaz de obligar al Estado, para que éste cumpla el mandato constitucional. Hay quienes piensan que si esto sucede, y además se suma un familiar por cada jubilado o pensionado, surgiría un movimiento social respetable y poderoso. Tanto que podría lograr los cambios políticos que demanda la sociedad venezolana. Se trata de despertar esa fuerza en reposo que representan los jubilados y pensionados. Si los partidos políticos democráticos dan un paso al frente, podrían contribuir a la activación de ese poder que hoy da señales de quererse desarrollar.
Educador / Escritor – urdaneta.antonio@gmail.com – @UrdanetaAguirre
