Los procesos de empalme entre el gobierno entrante y saliente de Colombia comenzaron con el nombramiento de los equipos técnicos. También han sido conocidos algunos de los nombres del gabinete ministerial. Esta transición culmina con la toma de posesión de Gustavo Petro, el 7 de agosto próximo. Histórico momento que conmemora, con la derrota final del ejército español en la batalla de Boyacá de 1819, el inicio de la independencia en los territorios de la Nueva Granada.
Esta fecha es tan importante como la del 24 de junio de 1821 en Venezuela, cuando la Batalla de Carabobo confirmó el inicio de la emancipación del coloniaje imperial de España. El nuevo Congreso bicameral, –senadores y representantes–, se instala el próximo 20 de julio, otro día significativo, que celebra «el grito de independencia» ocurrido en Santa Fe de Bogotá en 1810.
El presente de Colombia está cargado de incertidumbres y su población se mueve hoy entre el miedo y la esperanza. Ha habido varios signos que permiten vislumbrar la prefiguración de un futuro que no tiene por qué ser catastrófico ni va a significar, cual «franquicia ideológica y política», la repetición del trágico destino al que hemos llegado en Venezuela.
Los hechos políticos, por ser fenómenos humanos, son impredecibles y no hay «bola de cristal» que anuncie lo que puede suceder a mediano o largo plazo.
Pero en lo inmediato podemos señalar algunas consideraciones de cómo está organizando Petro su arranque como presidente de la República. Y nos podemos atrever a avizorar los escenarios probables de sus primeros dos años de gobierno. Hay tres aspectos que quisiéramos destacar: ¿Qué significan las escogencias anunciadas en los grupos de empalme? ¿Qué mensaje implícito hay en el nombramiento oficial de algunos ministros como integrantes del poder ejecutivo? ¿Qué se puede deducir del encuentro solicitado por Petro con el expresidente Uribe Vélez?
Después de una campaña cuya bajeza contra los contrincantes jamás se había visto en Colombia, sorprende que precisamente uno de los arquitectos comunicacionales de esta estrategia «B», que no tuvo empacho en reconocer que la ética debía dejarse de lado, el joven Sebastián Guanumen, periodista, haya sido nombrado para dirigir el empalme en relación con las nuevas tecnologías de información y comunicación (TICs). Petro, en su discurso de celebración por la victoria el 19 de junio pasado, habló de unión, de amor, de paz, para volver a ser otra vez una sola Colombia y no un país roto, de desarrollar el capitalismo para superar la «premodernidad» – ¿alusión a la teoría de Marx de la evolución histórica de los modos de producción? –, de dejar de matarnos los unos a los otros.
Habría sido deseable que el nuevo presidente electo, quien entró al «Movistar Arena» flanqueado por la «guardia indígena», se hubiera referido, para repudiarlo, al vil asesinato, previamente torturado, del líder indígena Misak en el Cauca Jesús Antonio Montano, hallado muerto el 13 de junio, por haber denunciado públicamente que el frente disidente de las FARC «Carlos Patiño» estaba coaccionando a los campesinos de su región a que votaran por Petro, a quien declaró criminal. Y se dirigió a los colombianos de bien y a las autoridades públicas a que los protegieran para ejercer en libertad su derecho al sufragio.
En ese mismo discurso, al calor de la emoción por su triunfo, Petro pidió a la Contralora de la República que restituyera en sus puestos a los alcaldes que habían infringido la ley por proselitismo público a favor del candidato ganador y fueron destituidos; igualmente pidió al Fiscal General de la República que liberara a los jóvenes que «solo tenían esperanza», presos por haber cometido actos graves de vandalismo, incendio y destrucción de bienes públicos, secuestro y quema de policías. Una buena señal fue la respuesta pública e inmediata por Twitter del Fiscal, que afirma uno de los principios básicos de la democracia, la separación de poderes y la no subordinación al Ejecutivo de los otros poderes públicos: «Señor presidente electo, diríjase por favor al Congreso para que se cambie la ley, porque la actual me impide soltar a personas que cometieron delitos y por ello fueron condenados.»
Veamos la estrategia del «gobierno del cambio» para garantizar la gobernabilidad y la gobernanza. En cuanto al primer interrogante, es preciso tener en cuenta las alianzas muy heterogéneas con las cuales Petro quiso «blindar» su victoria.
La coalición que «armó» no solo responde a las características utilitarias que históricamente han conformado pactos populistas para asegurar la permanencia y continuidad del líder en el poder, sino que representan un cambio de tipo «gatopardiano».
En la medida en que la cohesión sea acomodaticia y no haya una lealtad basada en principios y valores compartidos, su alcance efectivo va a estar limitado por los intereses en juego, muy contradictorios entre ellos, que confluyen en el pacto. «Prebendas», «cuotas de poder», «pagos de favores», «amiguismo», «familismo» o «clientelismo», estas exigencias heterogéneas apuntan a lo mismo: «que todo cambie para que nada cambie». Los que garantizan la transición son precisamente exfuncionarios o «politiqueros» con los peores vicios de la clase política tradicional.
Hay que agregar que no hay «lealtades» por razones éticas y, por tanto, estas pueden diluirse o afianzarse si conviene o no a los beneficios particulares a los que se aspira, porque no es el «bien común» lo que importa. En último término, las expectativas no responden a cumplir un servicio público, ni a que, en el ejercicio del poder, la ética y la política se combinen y complementen. Pareciera que la acción y prácticas políticas se vayan a desplegar, una vez más, disociadas de la ética. Y así, la corrupción queda convertida en el habitual mecanismo de participación política y en la dinámica de engranaje de la sociedad con las estructuras del Estado. Grave amenaza para una democracia frágil.
La posibilidad de que pueda lograrse una transformación estructural y esta sea real para profundizar la democracia y preservar el Estado de Derecho está en duda. Lo primero sería reformar y consolidar las instituciones en aras de la transparencia y el buen gobierno. Pero forman parte del «equipo ganador» de las elecciones presidenciales personas vinculadas a grupos de irregulares criminales y del narcotráfico. Piedad Córdoba, por ejemplo.
Igualmente han estado en el equipo más cercano de la campaña del presidente electo representantes del statu quo y entre los más viciosos políticos tradicionales, como Armando Benedetti. ¿Cómo conciliar las aspiraciones de radicales y corruptos con gente de buena fe que considera que es urgente un cambio verdadero para que inclusión, equidad y la justicia social dejen de ser un mero desideratum?
Los llamados «Petro vídeos» desenmascararon los procedimientos inmorales y sin escrúpulos de algunas de las figuras más destacadas, como Sebastián Guanumen o Roy Barreras, que diseñaron las estrategias de ataque y destrucción a los adversarios de Petro. Hoy se encuentran en los comités de empalme. Petro, «amarrado» a quienes le ayudaron a triunfar, no puede «deshacerse» de algunos de estos nombres polémicos, protagonistas de lamentable recordación durante la campaña del hoy presidente electo, así como el «nepotismo» que ponen en evidencia algunos de los escogidos para realizar el tránsito hacia el nuevo gobierno, como la exesposa de Roy Barreras, la suegra y la hermana de Armando Benedetti, el papá de Sebastián Guanumen, la esposa de Alfonso Prada.
En relación con la segunda pregunta, el anuncio de la designación de dos de los ministros en carteras claves, pretende enviar señales de sensatez y tranquilidad, que aseguren la gobernanza. José Antonio Ocampo, Ministro de Hacienda y uno de los economistas más respetados incluso a escala internacional, dijo: «Colombia tiene que explorar más y buscar más gas; tiene que seguir exportando petróleo», al referirse a la transición energética, en marcha en Colombia, en entrevista a Noticias Caracol el 1 de julio. Estas declaraciones son un cambio fundamental con respecto a lo que Petro había prometido.
Sobre la reforma tributaria, Ocampo destacó que tiene que ser «estructural»: «es poder continuar con el crecimiento económico, aumentar el gasto para mejorar la situación social de la población pobre y vulnerable de Colombia». Se preserva uno de los principios fundadores de la Constitución de 1991: Colombia es un Estado Social de Derecho. El otro ministro es Álvaro Leyva Durán, experimentado dirigente del Partido Conservador, ministro de Relaciones Exteriores y uno de los negociadores más respetados en los procesos de paz.
Y, por último, la reunión con el expresidente Uribe no solo muestra respeto por un principio indispensable para consolidar la institucionalidad democrática, que es el reconocimiento al adversario y la necesidad de una oposición inteligente y seria, sino también encontrar aliados para construir juntos un camino hacia la unidad de una población escindida en dos mitades antagónicas. Es buscar el respaldo en interlocutores que no son complacientes, pero que, sobre todo, deponen sus preferencias personales ante un valor superior, que es fortalecer todo cuanto favorezca la estabilidad, el futuro y el bien del país. Es una garantía de gobernabilidad, porque Petro sabe que solo obtuvo el 29% del total de los votos de la población sufragante.
Investigadora en las áreas de filosofía política, estética, historia. Profesora en UCAB y USB.
