Las sanciones a terceros se extienden a compañías o instituciones internacionales que suministran maquinarias, equipos o servicios a empresas venezolanas sancionadas. Al no poder distinguir claramente la naturaleza pública y privada de su contraparte, proveedores y clientes internacionales deciden unilateralmente cerrar sus operaciones con Venezuela. Las redes de suministro internacional han sido afectadas y esto modifica la inserción de Venezuela en las cadenas de valor internacional, toda vez que obliga a buscar proveedores en otros países como Rusia, China, Turquía e Irán, con los consiguientes efectos geopolíticos que no fueron calculados.
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