Nicolás Maduro ha llevado a cabo una indiscriminada y opaca política de venta de las reservas del oro monetario de Venezuela. Como resultado, las reservas se han reducido en casi un 80% respecto a 2014.
Durante varias décadas, Venezuela fue uno de los países con mayores reservas de oro monetario en el mundo. En el año 2011, estas se situaban en 365,82 toneladas, lo cual ubicaba a Venezuela en el puesto 16 en la lista de los países con mayores reservas de oro del mundo. En ese momento, el 42% (154,47 t) de las reservas de oro se encontraba bajo custodia en las bóvedas del Banco Central de Venezuela, mientras que el restante 58% (211,35 t) se hallaba depositado en bancos ubicados en Inglaterra (46,44%), Estados Unidos (5,85%), Suiza (3,24%) y Canadá (2,25%).
La repatriación del oro venezolano
A pesar de que el Banco Central de Venezuela (BCV) goza de autonomía constitucional en la admiración de las reservas monetarias venezolanas, Hugo Chávez le ordenó, en agosto de 2011, que repatriara el oro monetario venezolano depositado en bancos de Europa y de Estados Unidos. Chávez adujo la necesidad de asumir el control físico de los activos del país en momentos en los cuales Estados Unidos y la Unión Europea atravesaban una crisis económica y financiera. Muchos analistas, sin embargo, advirtieron que las verdaderas razones del traslado tenían que ver con la intención del gobernante venezolano de manejar directamente estos recursos de manera discrecional, aunado al temor que tenía Chávez de que sobre esos activos pudieran recaer sanciones internacionales.
Nelson Merentes, entonces presidente del Banco Central de Venezuela, obedeció y anunció a inicios del año 2012 la repatriación de 160 toneladas del oro monetario que se encontraban depositadas en bancos de Suiza, Inglaterra, EEUU y Canadá. Con esta repatriación, 315 toneladas quedaron en las bóvedas del Banco Central de Venezuela, mientras que el remanente se mantuvo en centros financieros del exterior para utilizarlas en futuras operaciones. Dentro de ese remanente quedaron las 31 toneladas de oro que hoy se encuentran bajo litigio en Londres.
La centrifuga de oro de Maduro
A partir del 2014, tan pronto asumió la presidencia del país luego del fallecimiento de Chávez, Maduro comenzó a hacer un uso intensivo de las reservas de oro monetario venezolano para intentar sortear el desplome de los precios internacionales del petróleo y la destrucción de la producción venezolana ocasionada por las políticas económicas del Socialismo del Siglo XXI.
Apremiado por la necesidad de liquidez, Maduro utilizó el oro monetario como garantía (swap) para recibir préstamos a mediano plazo de bancos internacionales. Algunas de esas garantías auríferas se perdieron por impago. En el año 2019, por ejemplo, el Deutsche Bank tomó el control de 20 toneladas de oro que Venezuela había colocado como fianza para respaldar un préstamo de 750 millones de dólares que el gobierno de Maduro recibió en el 2016 y no canceló.
El segundo mecanismo que viene utilizando Maduro para obtener divisas es la vertiginosa y acelerada venta del oro monetario venezolano. Según la investigación titulada “BCV, La exprimidora oficial del oro venezolano”, realizada por las periodistas venezolanas Lisseth Boon y Lorena Meléndez, “el Banco Central de Venezuela está en el eje de una silenciosa pero millonaria centrífuga del oro venezolano. Este organismo, que en el papel es autónomo e independiente de las políticas del gobierno nacional según la Constitución de 1999, ha dejado de cumplir con su función de velar por la estabilidad monetaria y mantener el nivel adecuado de las reservas internacionales para convertirse en una máquina exprimidora del oro monetario”.
De acuerdo con la investigación de Boon y Meléndez, las operaciones de venta del oro venezolano realizadas desde el 2014 no solo han sido muy opacas, ya que el BCV no ha rendido cuenta de sus actuaciones ni ha publicado resultados de sus políticas al respecto, sino que, además, este ente financiero se ha valido “de mecanismos legales para lavar ‘el oro sucio’ que compra procedente del Arco Minero del Orinoco”. Este “oro sucio” u “oro de sangre” proviene de circuitos criminales que operan en el sur de Venezuela.
En cuestión de cinco años, la centrifuga del BCV condujo a que las reservas de oro monetario del país registraran una caída de 66%. Venezuela pasó de poseer 360 toneladas en el año 2013 a 161 toneladas en el 2018. Durante los años 2017 y 2018, según el Concejo Mundial del Oro, el Banco Central de Venezuela fue la institución bancaria que vendió más oro monetario en el mundo.
En agosto de 2020, Julio Borges, para ese momento Coordinador Nacional del partido Primero Justicia (PJ) y responsable de la política exterior del gobierno interino de Juan Guaidó, presentó ante el Comité de Relaciones Exteriores del Senado de los Estados Unidos los resultados de una investigación sobre un esquema ilícito de venta del oro monetario venezolano desarrollado por el régimen de Nicolás Maduro con la complicidad de Rusia y los Emiratos Árabes Unidos. Según Borges, este plan de cambio de oro por efectivo, dirigido a “eludir las sanciones internacionales en contra de Maduro y financiar su régimen represivo”,generó unos mil millones de dólares solo en el año 2020.
Según los balances del Banco Central de Venezuela, las reservas de oro monetario venezolano quedaron reducidas a 98 toneladas para finales del año 2020. Un año después, en diciembre de 2021, la cifra llegó al mínimo histórico de 79 toneladas.
El litigio sobre el oro venezolano depositado en Londres
En diciembre de 2018, ante el temor de nuevas sanciones internacionales y de posibles embargos por parte de acreedores y tenedores de bonos de deuda venezolana, las autoridades del Banco Central de Venezuela solicitaron al Banco de Inglaterra la devolución de las 31 toneladas de oro monetario venezolano depositado en sus bóvedas. En enero de 2019, el Presidente de la Asamblea Nacional electa en 2015, Juan Guaidó, se proclama “presidente interino” de Venezuela, argumentando que las elecciones de 2018 ganadas por Maduro fueron fraudulentas. El interinato de Guaidó es reconocido por más de 50 países, entre ellos Estados Unidos, el Reino Unido y la mayoría de los Estados de la Unión Europea.
En febrero de 2019, el Secretario de Asuntos Exteriores del Reino Unido Jeremy Hunt ofreció una declaración sobre el reconocimiento de Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela: “El Reino Unido reconoce ahora a Juan Guaidó como presidente interino constitucional de Venezuela, hasta que se puedan celebrar elecciones presidenciales creíbles”. En su condición de presidente interino, Juan Guaidó solicitó al Banco de Inglaterra no devolver el oro que pedía el gobierno de Maduro a través del Banco Central. En marzo de 2019, el Banco de Inglaterra informó al BCV su decisión de no permitir la movilización del oro venezolano depositado en sus bóvedas.
En mayo del 2020, la Junta Directiva del Banco Central de Venezuela demandó al Banco de Inglaterra ante la Corte Comercial por haberse negado a cumplir la solicitud de entrega del oro venezolano. En julio de 2019, Juan Guaidó, con base en el “estatuto que rige la transición hacia la democracia” sancionado por la Asamblea Nacional electa en el 2015, nombró una junta administradora ad hoc del BCV. El 20 de diciembre de 2021, la Corte Suprema de Justicia del Reino Unido sentenció que el Gobierno de Su Majestad reconocía de manera clara e inequívoca al gobierno interino de Juan Guaidó y. en consecuencia, a la junta administradora ad hoc designada por éste. Sin embargo, como el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela anuló el “Estatuto de Transición” aprobado por la Asamblea Nacional en 2015 para designar a Juan Guaidó como presidente interino, la Corte Suprema del Reino Unido le solicitó a la Corte de Comercio que dictaminara si reconocía o no los efectos jurídicos de esta decisión. El juicio se verificó entre el 13 y el 18 de julio bajo la dirección de la jueza Sara Cockerill.
Según el abogado Ramón Escovar Alvarado, profesor de derecho internacional de la Universidad Central de Venezuela, “los efectos de la nulidad del ‘Estatuto de transición’ se hubieran traducido en que, por vía de consecuencia, hubiera quedado sin efecto el nombramiento realizado por Guaidó de la denominada junta directiva ad hoc del BCV. La consecuencia práctica de esta decisión hubiera sido que el BVC de Maduro habría podido movilizar el oro retenido”. Por esta razón, continúa Escovar, “la estrategia los representantes de la Junta Ad hoc se orientó hacia el no reconocimiento de esas sentencias del TSJ”. El viernes 29 de julio, la jueza Cockerill sentenció a favor de la junta ad hoc nombrada por Guaidó, señalando que “no tenía ninguna duda de que el enfoque de la junta de Guaidó es correcto. A esta conclusión se puede llegar tanto por la revisión de las autoridades, como por un razonamiento independiente a la luz de la naturaleza de la doctrina de la ‘voz única’”. La doctrina de la “voz única” es un principio del derecho constitucional inglés que prescribe que el ejecutivo y el poder judicial deben hablar con una sola voz en las cuestiones relacionadas con el reconocimiento de Estados, gobiernos y jefes de Estado extranjeros.
Considera Escovar que será muy interesante analizar con detalle los argumentos que sustentaron la decisión de la jueza Cockerill, sobre todo aquellos que hayan podido hacer referencia a la falta de imparcialidad de los jueces del TSJ. “Usualmente, las jurisdicciones de tradición anglosajona suelen evitar dictaminar sobre la independencia o no de los tribunales de otro Estado. Los abogados internacionalistas consideran que esto se debe al temor de una política judicial de reciprocidad. Sin embargo, como lo demuestra las sentencias de los Estados Unidos sobre la relación de alter ego entre PDVSA y Venezuela, los casos relacionados con nuestros países han significado la excepción a varias tradiciones jurisprudenciales sobre la materia”.
Esta sentencia, donde no se reconocen las decisiones del TSJ de Maduro, va a tener implicaciones jurídicas y políticas relevantes a futuro y será un importante precedente para resolver otros litigios sobre activos venezolanos que se hayan en el exterior, como, por ejemplo, quien estaría autorizado para disponer de los 120 millones de dólares que se derivaron de la terminación de un contrato de permuta de oro entre Venezuela y el Deutsche Bank.
Juan Guaidó, en su condición de presidente interino de Venezuela, declaró: “Esta decisión representa un paso más en el proceso de protección de las reservas internacionales de oro de Venezuela y su preservación para el pueblo venezolano y su futuro”. Por su parte, la vicepresidenta Delcy Rodríguez, a nombre del gobierno de Nicolás Maduro, rechazó la sentencia y anunció que el BCV acudirá a todas las instancias internacionales para reclamar en contra decisiones que vienen adoptado los tribunales del Reino Unido en este caso.
El futuro del oro monetario en Venezuela
De continuar Maduro y el BCV con su política centrífuga, en menos de tres años se agotarán las reservas de oro monetario en Venezuela. El impacto no solo será devastador para el presente y el futuro de Venezuela en términos financieros y de capacidad crediticia, sino que, además, esta lamentable situación servirá de excusa para intensificar aún más la extracción del oro del Arco Minero del Orinoco. Así, la devastación del sur del país se acelerará y, con ello, la destrucción de las comunidades indígenas que habitan en esa región así como la irreversible ruina ecológica de la amazonia venezolana.
