La administración pública hay que verla, entenderla y gerenciarla con la integración de la diversidad, percatándose de que hay compromisos que deben ser honrados con los funcionarios en los distintos niveles que ellos representan, dando respuestas adecuadas en tiempo perentorio al planteamiento que les hacen a los gobernantes. Esperar el último momento para cancelar lo que mejor le parece al patrono, y luego sacar como excusa temas como el de las sanciones, deja ver que les asiste la improvisación, y juegan con la buena voluntad de quienes asumen con respetabilidad sus funciones.
Los funcionarios de la administración pública no son culpables de las funestas decisiones que asume el gobierno nacional. Un bedel asea el lugar de trabajo; el obrero refacciona, mueve, arregla; el personal administrativo atiende a las personas, agiliza tramites; el docente educa, forma, estimula, orienta, saca de su bolsillo para hacer mejoras del aula, preparar carteleras, obtener el marcador, investiga, planifica, promueve empatía. Todos merecen se reconozca el esfuerzo y se les cancele lo que por Ley les corresponde en los lapsos establecidos. Quitarles beneficios que han sido reconocidos, unos por más de 50 años, y otros en décadas recientes, y que se encuentran suscritos en las convenciones y contrataciones colectivas, además de la Ley de Educación y Constitución de la República, es invitar a la confrontación a quienes se encuentran cumpliendo con sus labores responsablemente.
La oficina nacional de presupuesto (ONAPRE), dependiente del ministerio de finanzas, no es la que toma decisiones sobre los salarios y beneficios de los funcionarios públicos, es el gobierno nacional en su conjunto. La centralización de los pagos de los funcionarios de la administración pública en todos sus niveles, y la negación de presupuesto para las universidades, permiten deducir que la estrategia del Ejecutivo Nacional va dirigida a la desaparición de la educación plural, gobernaciones y alcaldías, y con ello la imposición del pensamiento único, y el llamado Estado Comunal. La calidad de vida tiene estándares que el gobierno nacional violenta al permitir se implemente el hambre y la miseria en los hogares de la República. El salto que están dando es hacia atrás, generando rabia en quienes incluso les han apoyado en la fantasía revolucionaria que cristalizan en la práctica.
La gestión de gobierno no se podrá esconder ante la incertidumbre que promueven en el seno de la sociedad. Pisar la dignidad de los funcionarios públicos es atropellar al ciudadano. Ellos alzan la voz ante la arbitrariedad. Parece sus reclamos no son oídos, pero es oportuno señalar que la responsabilidad para con los funcionarios dependientes de la gobernación es suya como gobernador. La deuda se solventa fortaleciendo el empoderamiento de la persona hacia lo que le gratifica en avance, desarrollo, justicia, y oportunidades con reglas de juego transparentes, con respeto para todos.
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