Aníbal Manzanares denunció que la Policía Nacional le ha prohibido salir de su parroquia, en el municipio de Terrabona, creo que me están vigilando.
El sacerdote nicaragüense Aníbal Manzanares denunció que la Policía Nacional le ha prohibido salir de su parroquia, en el municipio de Terrabona, departamento de Matagalpa (norte), en medio de tensiones entre la Iglesia católica y el régimen del presidente Daniel Ortega.
“Mis buenos amigos y hermanos, solamente notificarles que la Policía esta mañana me ha notificado que no tengo permiso para salir, no puedo salir a las calles, a procesiones, a actividades fuera del templo parroquial, así que creo que me están vigilando”, dijo el sacerdote Manzanares, de la parroquia San José, en un mensaje grabado el miércoles, y distribuido este jueves en sus redes sociales.
La comunidad eclesiástica de Terrabona, ubicada a unos 73 kilómetros al norte de Managua, pertenece a la Diócesis de Matagalpa cuyo obispo, Rolando Álvarez, cumple hoy ocho días de estar sitiado por la Policía Nacional, que lo acusa de intentar organizar “grupos violentos”.
Junto con Álvarez se encuentran otros cinco sacerdotes, tres seminaristas, y dos laicos, sitiados por policías en la curia de la Catedral de Matagalpa, que la tarde del miércoles fue merodeada por un dron, cuyo uso es restringido en Nicaragua.
Se trata de uno de los momentos más tensos entre la Iglesia católica y el régimen nicaragüense desde que la histórica imagen de la Sangre de Cristo de la Catedral de Managua fue calcinada el 31 de julio de 2020 en un acto que el papa Francisco calificó de “atentado”, mientras que las autoridades lo clasificaron como un accidente.
Persecución, allanamientos, cárcel, cierre de medios de comunicación católicos y exilio de religiosos son algunas de las acciones oficiales represivas que enfrenta la Iglesia, en medio de la crisis que vive el país desde 2018, cuando se produjeron protestas masivas contra el régimen de Ortega.
“La iglesia católica es la (institución) más creíble, de confianza y credibilidad en la población. El sitio al obispo Álvarez es un episodio más en el forcejo y represión que Ortega y (su esposa y vicepresidenta, Rosario) Murillo están ejerciendo para que se pliegue a sus posiciones”, dijo a la agencia AFP la socióloga Elvira Cuadra.
“Tienen una relación de confrontación abierta contra la iglesia desde 2018 y antes, en 2014, cuando la Conferencia Episcopal (CEN) hizo pública una carta que contenía puntos fuertes sobre la institucionalidad y rumbo del país. Esa carta fue ignorada y molestó mucho a Ortega”, recordó Cuadra.
Ortega, un ex guerrillero de 76 años, gobierna desde 2007 y es acusado de corrupción y nepotismo por sus rivales, lo cual él niega al asegurar que está restituyendo derechos que fueron quitados a los nicaragüenses durante los gobiernos neoliberales que les antecedieron.
“Vamos adelante. Sabemos que el porvenir nos pertenece, un pueblo que no se dejará, jamás, nunca más, arrebatar la paz”, acostumbra a decir Murillo, en sus alocuciones cotidianas de mediodía en medios afines a su gobierno.
Cuando agentes antidisturbios de Nicaragua impidieron al obispo Rolando Álvarez salir de su casa
Obispo asediado
El obispo de Matagalpa Rolando Álvarez se encuentra retenido desde hace una semana, bloqueado por las fuerzas de seguridad en la Curia de esa ciudad situada a 127 km al norte de Managua, acusado de intentar desestabilizar al país. Este jueves, aseguró que tanto él como la decena de personas que lo acompañan están bien de salud.
“Nos encontramos gracias a Dios bien de salud, viviendo en comunidad, estamos en las manos de dios”, dijo Álvarez en una misa que transmitió por Facebook, en la que añadió que están viviendo el “encierro como un retiro espiritual”.
Las autoridades investigan al religioso por intentar “organizar grupos violentos” e incitar “a ejecutar actos de odio con el propósito de desestabilizar al Estado de Nicaragua”, indicó la policía el pasado viernes.
Álvarez fue retenido después de denunciar el cierre de cinco emisoras de radio religiosas y exigir al régimen de Ortega que “respete” la libertad de culto ante los “hostigamientos” a la Iglesia.
Álvarez, de 55 años, fue nombrado obispo de Matagalpa por el Vaticano en el 2011.
En su misión pastoral acostumbra visitar los pueblos rurales donde tiene aceptación de las comunidades. En 2015, encabezó una marcha multitudinaria, en Rancho Grande (Matagalpa), para oponerse a una concesión minera que el régimen había otorgado a una compañía canadiense.
La confrontación con la Iglesia católica ha motivado mensajes de solidaridad de sus pares de América Latina, con llamados al diálogo en Nicaragua.
Antecedentes
En marzo, el representante del Vaticano, monseñor Waldemar Stanislaw Sommertag, salió del país de forma intempestiva y según autoridades eclesiales, sus relaciones con el régimen “no eran buenas”.
El Vaticano, mediante un comunicado, había calificado de “incomprensible” la expulsión de su representante.
En julio, monjas Misioneras de la Caridad, de la orden de Santa Teresa de Calcuta abandonaron Nicaragua luego de que el Congreso cerrara sus oficinas y se alegara que no estaban acreditadas para realizar operaciones de asistencia social.
Durante las protestas de 2018, durante el ataque armado de paramilitares contra manifestantes, Álvarez salió en procesión con el Santísimo, uno de los símbolos sagrados de los católicos, en rogativa para que cesará la agresión.
Silencio del Papa, la OEA vota
Antes de regresar al gobierno, Ortega pidió perdón a la Iglesia por las relaciones tensas durante su primer administración (1979-1990). Las mismas se deterioraron en 2018, cuando varios templos abrieron sus puertas para refugiar a manifestantes heridos.
El régimen sostiene que estas manifestaciones fueron parte de un intento de golpe de Estado promovido por la oposición con el apoyo de Washington y del cual los obispos fueron cómplices. El papa Francisco se abstuvo de hacer comentarios públicos sobre la situación en Nicaragua desde los recientes incidentes.
El Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA) se pronunciará este viernes en Washington sobre un proyecto de resolución que condena el “cierre forzado” de oenegés, así como “el hostigamiento y las restricciones arbitrarias de organizaciones religiosas y de las voces críticas del gobierno” en Nicaragua.
El texto vuelve a pedir la liberación de los presos políticos y reitera su ofrecimiento a dialogar con el mandatario nicaragüense Daniel Ortega, que ha hecho caso omiso de llamados similares en el pasado.
(Con información de EFE y AFP)
