No juzgue nada por su aspecto, sino por la evidencia. No hay mejor regla. Charles Dickens
En mi linda Barinas, abogados litigantes exigen acciones institucionales como contrapeso a la aparente impunidad, cierta incompetencia, falta de decoro en el desempeño de funciones públicas y la falta de garantías para el libre ejercicio de la abogacía.
La detención arbitraria y privación ilegítima del abogado Jameiro Aranguren es un claro reflejo de la cantidad y variedad de abuso de poder que pueden ejercer ciertos jueces en la Venezuela actual, particularmente en el terruño del difunto eterno, como es el caso de la jueza Franchesca Giuliana Castillo Cianitto, cuya artera actuación, sin guardar ni siquiera las formas para violarle derechos a este colega, es una causal de destitución, porque además de hacer ostensible su parcialidad, infligió trato cruel a un profesional del derecho e incitó al desconocimiento de la Carta Magna y las leyes.
En este caso hay un trasfondo, decirlo, por irónico que parezca, suena trillado en estos tiempos, a esa jueza por razones que pudiesen derivarse de complicidad institucional pareciera que el Ministerio Público se niega a investigarla, estaría incursa en delitos, es un secreto a voces, pero la investigación habría sido engavetada. Ante la insistencia del abogado Jameiro Aranguren, mi persona y uno de nuestros representados, Noel Ramón Gorrín Rivas, de que sea investigada, no debe sorprender que haya volcado su visceralidad en el colega, por el simple hecho de aspirar la realización de un juicio apegado a derecho. Que según lo ocurrido, sería mucho pedir.
Por esa razón Abogados Litigantes en libre ejercicio en el Circuito Judicial Penal del Estado Barinas y en otras jurisdicciones a lo largo y ancho del país, en el ejercicio de los derechos constitucionales consagrados en los artículos 51 y 257 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, acudimos ante el Dr. José Luis Cárdenas Quintero, Juez Rector de la Circunscripción Judicial del Estado Barinas y Presidente del Circuito Judicial Penal del Estado Barinas, a quien, después de realizar una protesta pacífica, entregamos un escrito de solicitudes inscritas en los hechos aludidos, que atañen al funcionamiento de las instituciones judiciales dirigidas por él, en especial al Circuito Judicial Penal, que por ser centro de trabajo de la mayoría de los abogados litigantes, de defensa técnica privada, lo exhortamos a reconocernos como parte del sistema integrante de justicia, que se mejoren las condiciones laborales para el ejercicio y se reactive el principio de confianza y buena fe, así como a garantizar celeridad procesal.
En cuanto al hecho público, notorio y comunicacional, condenado por el mundo jurídico regional y nacional, como fue la detención arbitraria y privación ilegítima del abogado Jameiro Aranguren por parte de la Jueza del Tribunal Primero de Primera Instancia en Funciones de Juicio del Circuito Judicial Penal en materia de Delitos de Violencia contra la Mujer del Estado Barinas, en las instalaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Barinas el día 02 de Agosto de 2022, causa penal N° EP01-S-2016-001796 y que posteriormente fue presentado ante el Tribunal Primero de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Barinas, causa penal N° EP03-P-2022-001897, por el presunto delito de Ultraje a Funcionario Público (sentencia apelada oportunamente y por distribución en la Corte de Apelaciones de este Circuito Judicial Penal del Estado Barinas), ya que las dos causas están íntimamente ligadas entre sí, exigimos que el mismo sea tramitado en los cauces del COPP y de la Constitución y que de existir responsabilidades de los jueces involucrados, los cuales responden penal, civil y administrativamente por sus actos, dicha rectoría permita una investigación transparente y expedita para esclarecer los hechos.
Ante el Dr. José Luis Cárdenas Quintero respaldamos firmemente las gestiones que ha venido realizando la Inspectoría General de Tribunales en cabeza de la Dra. María Salomé Zambrano, quien por instrucciones superiores de la Inspectoría General de Tribunales y a petición de parte u oficio, realizó inspecciones y vigilancia en los tribunales Primero de Primera Instancia en Funciones de Juicio del Circuito Judicial Penal en Materia de Delitos de Violencia de Género, causa penal N° EP01-S-2016-001796, y posteriormente se trasladó y constituyó de una manera oportuna y expedita en el Tribunal Primero de Primera Instancia de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Barinas, donde de igual manera se realizó una inspección y vigilancia de los expedientes, los cuales fueron remitidos ante la Inspectora General de Tribunales a nivel nacional, actuaciones que confiamos conducirán a la apertura de un procedimiento administrativo disciplinario, en el cual se destituya a la jueza Franchesca Giuliana Castillo Cianitto, quien ha venido de una u otra manera transgrediendo con su actuación la imagen del Poder Judicial, lo cual ha sido verificado y constatado por la ciudadana Inspectora de Tribunales, lo que logró evidenciar que se materializó una privación ilegítima y detención arbitraria por abuso de poder, inscribiendo este acto en un error judicial inexcusable de derecho de acuerdo al artículo 49 constitucional, ameritando que sea ventilado dicho caso en el Tribunal Disciplinario conforme al Código de Ética del Juez y la Jueza venezolano.
En tal sentido, Jameiro Aranguren hizo llegar una comunicación a la ciudadana Dra. Gladys Requena, Inspectora General de Tribunales de la República Bolivariana de Venezuela, para impulsar el trámite urgente de la denuncia a la juez Franchesca Giuliana Castillo Cianitto, por ser la autora material de este error judicial inexcusable que atentó contra el derecho a la libertad, al consumar una privación ilegítima por abuso de poder y detención arbitraria y que aún se mantenga en el cargo, empañando la imagen del Poder Judicial, contando con ciertos personajes que dicen apoyarla para que siga de una u otra manera atentando contra el estado de derecho y la ley. Requirió la actuación y buenos oficios de tan alta funcionaria a los fines de solicitar formalmente la destitución inmediata de la jueza denunciada, eso sí, no obvio pedir que se le garanticen todos los derechos en el Tribunal Disciplinario conforme al Código de Ética del Juez y la Jueza.
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