Los eventos violentos de los últimos días en Jalisco, Guanajuato, Chihuahua y Baja California de manera secuencial parecieran seguir una “estrategia de la tensión”: crear desorden para imponer un nuevo orden.
El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, anunció el 8 de agosto que la Guardia Nacional pasará a formar parte de la Secretaría de la Defensa nacional, violentando Constitución que obliga a que las tareas de seguridad pública cotidiana deben ser solo y únicamente de orden civil.
Como los partidos de oposición en el Congreso se oponen a una reforma constitucional que permita tal aberración, AMLO afirmó que lo haría a través de un decreto presidencial preanunciando un golpe a la democracia y dando un paso definitivo a un estado cien por ciento militar.
Aquellos gobiernos de Sudamérica que en el pasado y la actualidad han girado hacia regímenes militares han terminado en dictaduras o regímenes de carácter autoritario. Partidos de oposición- incluso aquellos de derecha pro militaristas en el pasado- y organizaciones no gubernamentales de inmediato manifestaron su rechazo absoluto a la medida anticonstitucional. Incluso la ONU emitió un comunicado invitando al gobierno de México a mantener la naturaleza civil de la Guardia Nacional.
Horas después de su advertencia, los estados de Jalisco, Guanajuato, Chihuahuay Baja California, los tres primeros gobernados por partidos de la oposición, de manera secuencial sufrieron ataques armados que siguieron un mismo modus operandi, una especie de ‘manual’ del caos, de uniformidad atípica de las acciones espontáneas unilaterales del crimen organizado.
Para explicarlo de modo más comprensible, se asemeja a una obra de teatro perversa, macabra y peligrosa, que se ha montado en otras naciones como en Italia, titulada “La estrategia de la tensión”. Se trata de una vieja práctica típica del autoritarismo, como el fascismo, y partes de Estado desviadas, con el objetivo de crear desorden para imponer un ‘nuevo orden’. ¿El ‘nuevo orden’ que quiere el Presidente?
Primer Acto
No voy a rendirme, nunca me he echado para atrás. Si tengo la razón y estoy bien con mi conciencia, si esto es bueno para el pueblo y no les gusta a las minorías, vamos para adelante, afirmó con obstinación AMLO en su conferencia de prensa matutina el 9 de agosto, ante el rechazo colectivo contra el golpe a la democracia y el poder civil.
Horas después, dos de las ciudades más importantes de estados gobernados por la oposición comenzaron a incendiarse de manera atípica. En las inmediaciones de Guadalajara, capital de Jalisco, gobernado por Movimiento Ciudadano, hubo narcobloqueos en vías principales de comunicación, toma y quema de vehículos de transporte público y particulares, disparos, así como la quema de tiendas de conveniencia de una cadena conocida como OXXO, propiedad de grupo Femsa, un evento absolutamente atípico ya que, aunque dichos negocios han sufrido en los últimos años intentos de extorsión, tiene la norma de no pagar y pese a esta medida no habían tenido ni ataques a los locales ni al personal que labora ahí.
El infierno duró más de ocho horas en una situación fuera de control. Fueron momentos de terrorismo y pánico entre la población civil, describieron los medios de comunicación locales y nacionales que presenciaron los hechos. La ola de violencia se propagó en Guanajuato, gobernado por el Partido Acción Nacional, en las ciudades de Irapuato y Celaya. Ahí fueron quemadas al menos 25 tiendas OXXO y algunos otros establecimientos.
La excusa dada por el gobierno de AMLO fue que se debió a la reacción de grupos criminales por un operativo militar. Mucho tiempo después la SEDENA, no la Secretaría de Seguridad Pública Federal, anunció el envío de 750 militares para “reforzar la seguridad del estado”.
Segundo acto
El 11 de agosto la misma modalidad de hechos violentos ocurrió en Ciudad Juárez, Chihuahua, también gobernado por un partido de oposición. Es una de las tres ciudades de la frontera entre México y Estados Unidos más importantes. Según la SSP federal todo se originó en una disputa de dos bandas rivales pertenecientes al Cartel de Sinaloa, en una prisión local. Ahí, siguiendo el manual de la “estrategia de la tensión” la violencia subió de tono y cobró la vida de 11 personas, entre ellas cuatro trabajadores de una radiodifusora y dos mujeres que se encontraban en un OXXO.
Los hechos no corresponden al modus operandi del crimen organizado quienes habitualmente no atacan a la población civil en las plazas que tienen bajo su control. Cuando llega a ocurrir es causado por grupos contrarios para generar problemas a sus adversarios y para eso se requiere de una intensa movilización imposible que no detecten las autoridades con antelación.
En todas esas ciudades bajo fuego hay presencia de la SEDENA y la Guardia Nacional, corporaciones responsables de la seguridad nacional y de combatir delitos federales como delincuencia organizada y terrorismo. Su intervención fue injustificadamente tardía ya que en todas ellas existen Centros de Comando, Control, Cómputo y Contacto Ciudadano mejor conocido como C5 que cuentan con sistema de videovigilancia e intercomunicación en tiempo real entre todas las corporaciones locales y federales. El número de detenidos fue mínimo.
Tercer acto
Continuando con el instructivo de la “estrategia de la tensión” el 12 de agosto la violencia hizo su aparición en un estado gobernado por el partido de AMLO, Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA) en la Ciudad Fronteriza de Tijuana y en Mexicali, entre otras, pero fue una violencia contenida. Hubo un grupo de encapuchados que secuestró vehículos y los quemó, pero no se reportaron heridos ni muertos. Contrario a los otros casos ahí hubo una pronta reacción del gobierno federal y según dijeron hubo varios detenidos.
Y mostrando esa misma ‘eficacia’ en Michoacán otro estado gobernado por MORENA se anunció que fueron detenidas 164 personas simultáneamente pertenecientes a una célula delictiva cuando en realidad se trata de integrantes de un grupo de autodefensa llamado Pueblos Unidos, tolerado por el gobierno federal desde su surgimiento.
La Presidenta Municipal de Tijuana, Monserrat Caballero – morenista controversial que igual bebía cerveza en las sesiones del congreso local cuando fue diputada y quien en su campaña por la alcaldía dijo frases como “si quieres drogas Tijuana te las dá” – dio permiso explícito al crimen a cobrar extorsiones y venganzas, pero sin afectar a la población. Siguiendo la línea presidencial de “abrazos no balazos”.
“…Les pedimos que salden sus deudas con los que no pagaron lo que deben, no con las familias y ciudadanos trabajadores”, dijo Caballero, quien es parte del grupo cercano al dirigente nacional de Morena, Mario Delgado.
Pese a la frase criminal de la Alcaldesa hasta ahora no ha sido sancionada ni judicial ni políticamente.
La estrategia de la tensión se ha puesto en marcha en países de Europa como por ejemplo en Italia en diferentes momentos de su historia. En una fase grupos criminales y/o extremistas exacerbaron su violencia para obligar a partes del Estado a cumplir los acuerdos pactados. Otra fase ocurrió entre finales de los ochenta e inicios de los noventa: hubo colusión entre grupos extremistas e integrantes de la mafia con partes desviadas del Estado para provocar masacres, asesinatos de personalidades políticas y judiciales relevantes, para generar temor entre la población y crear un estado de emergencia y excepción que ayudara a un grupo político y criminal a tomar el poder hegemónico.
¿Cómo se llamó la obra?
En este espacio de colaboración en DW he señalado desde hace más de un año las claras muestras de complicidad entre algunos integrantes del gobierno de AMLO, así como candidatos y gobernantes emanados de MORENA, con el crimen organizado. He confirmado dos modalidades de acuerdos que incluso se han llegado a complementar: establecimiento de acuerdos de pax mafiosa para lograr supuestos índices de disminución de la violencia- aunque sea un punto porcentual y que el gobierno federal pueda alardear de la pírrica cifra- a cambio de cederles los territorios y dejarles operar sus negocios delictivos: tráfico de drogas, extracción ilegal de hidrocarburos, tráfico de personas y extorsión, entre otros, con la correspondiente protección.
La otra modalidad son los narco-pactos electorales en los que candidatos y líderes del Cartel de Sinaloa se han sentado a negociar apoyo a sus candidaturas como en Sinaloa, incluyendo promoción del voto u operaciones de terror en la jornada electoral, con el fin de poder ganar las elecciones, ofreciendo a cambio igual protección e impunidad.
Esa es en la práctica la política de “abrazos no balazos”, ya descaradamente abierta en las palabras de la alcaldesa de Tijuana. Pero es un juego con fuego que ningún gobierno precedente a AMLO ha logrado llevar a buen término aunque todos, al menos desde la década de los setenta, lo han intentado con funestas consecuencias.
Los Carteles de la droga, los grupos criminales no quieren una rebanada del pastel, lo quieren todo. Al dejar en sus manos la seguridad pública revela que la paz existe cuando ellos quieren, y se rompe también de acuerdo a su voluntad.
Una fuente de información muy cercana a Palacio Nacional y que ha sido muy precisa en consultas anteriores me explicó una de las que yo llamaría una de las primeras hipótesis de la violencia coordinada: “Se trata de crear la enfermedad para después darte la medicina, generar la crisis para dar una sola solución”. Y añadió que se trata de una violencia- que el gobierno asume tener bajo control- para justificar la militarización total del país e incluso someter a la oposición, en una especie de extorsión orquestada entre miembros del gobierno federal y el crimen organizado.
Se explicó que a dos años de que concluya su sexenio AMLO tiene una carrera contra reloj para protegerse así mismo, a su familia y a lo que llama su “movimiento y legado político” y son tales los compromisos con el Ejército que considera que ellos serán los responsables de cuidarle las espaldas y garantizar la permanencia de su legado, independientemente de quien gane las elecciones presidenciales de 2024.
Habrá que recordar que en este sexenio nunca antes se había dado tanto poder y recursos económicos a los militares: se les ha concedido la construcción y administración de las obras públicas más importantes de su gobierno, y se les ha protegido para no rendir cuentas. AMLO salvó de una cárcel segura al ex titular de SEDENA Salvador Cienfuegos, uno de los miembros VIP de la cúpula militar y amigo del actual secretario Luis Cresencio Sandoval. Y hasta ahora no hay ningún militar condenado por el caso de los 43 normalistas desaparecidos en Iguala en 2014, pese a las pruebas y testimonios que incriminan al Ejército.
En esa dinámica el crimen organizado está dispuesto a sacrificar dinero y peones menores, o incluso contratados ex profeso, a cambio de un beneficio mayor: el pastel.
Consultado aparte, uno de los líderes de oposición me confió que tienen la hipótesis de que el terrorismo en los cuatro estados fue un asunto coordinado para justificar la militarización total del país.
La otra estrategia de la tensión
Por supuesto el gobierno federal, su partido, sus voceros -espontáneos o pagados- dirán que es todo lo contrario, que es el crimen quien ataca al gobierno en represalia porque con la militarización se les atacaría. Quien diga eso se olvida de toda la historia de complicidad documentada por décadas entre altos mandos del Ejército Mexicano, incluyendo titulares de la SEDENA, con los carteles de la droga. Y para no ir muy lejos está el episodio cuando en 2019 el ejército detuvo exitosamente a un hijo narco de El Chapo, uno de los dirigentes del Cartel de Sinaloa, y dócilmente lo liberó.
Si fueran, como dice el gobierno, grupos criminales de manera espontánea los que han podido arrodillar al estado mexicano, eso revelaría un absoluto fracaso de la política de “abrazos no balazos” que obligaría a la renuncia de una buena parte del gabinete de seguridad y justicia del gobierno federal e incluso un llamado a cuentas por parte del Congreso al Presidente de la República, además de otras medidas legales que podrían tomarse para sancionar la omisión y/o complicidad. En ese caso la estrategia de la tensión sería de los grupos criminales ¿ante promesas no cumplidas?
El hecho es que la violencia terrorista tuvo el efecto de cumplir el deseo externado por AMLO antes de que la violencia se iniciara: aumentar la militarización y justificarla por el supuesto ‘bien de la Nación’. Miles de militares llegaron a varias ciudades del país, aumentando así de facto su rol en la seguridad pública.
Ola de violencia de los carteles lleva al gobierno de México a desplegar el ejército en varias ciudades fue el titular publicado por la BBC el 13 de agosto.
En la década de los noventa, en Italia la “estrategia de la violencia” fue confrontada pacíficamente por una sociedad civil indignada por las masacres y el terror, organizaciones civiles y por instituciones y hombres de esas instituciones que se rehusaron a caer en la extorsión.
