La Oficina Nacional de Presupuesto (ONAPRE) es el organismo rector del sector público en materia presupuestaria, responsable del estudio y formulación de los presupuestos de los organismos de la administración central. Es un ente técnico, normativo, asesor, con funciones de supervisión, seguimiento y control presupuestario. No aprueba el presupuesto, lo elabora y presenta ante las instancias competentes. Pero en Venezuela, las instancias “técnicas” terminan convirtiéndose en decisorias, lo que las hace peligrosas para el ordenamiento jurídico laboral y para el gobierno.
En función de sus valoraciones “técnicas”, la ONAPRE desconoce derechos adquiridos con décadas de existencia y vulnera los acuerdos y contratos colectivos existentes. En un país, donde el Tribunal Supremo no pone orden al generarse estas violaciones laborales, la actitud de una oficina técnica conspira contra la estabilidad social y política, y más, en situaciones tan endebles como las que se viven hoy día. Decisiones “técnicas” pueden llevar a la producción de estallidos sociales incontrolables, con efectos nefastos para todos.
¿O es que acaso no fue nefasto para Carlos Andrés Pérez la explosión social del 27 de febrero de 1989? Estimulada, independientemente de las muchas otras causas y protagonistas que pudo haber tenido, por la instrumentación de medidas económicas, quizás necesarias, pero tomadas inoportunamente por una burocracia profesionalmente muy eficaz, pero muy huérfana desde el punto de vista político. Burocracias que atizan además las luchas internas de la cúpula gubernamental, pues sus “inocentes” recomendaciones pueden dejar muy mal parado al más firme de los distintos actores políticos del gobierno.
La clara victoria de las movilizaciones laborales contra la ONAPRE, su ilegal instructivo y el irracional y desatinado diferimiento del bono vacacional de los docentes, demuestra lo que digo. Numerosas y extendidas protestas, sostenidas por suficiente tiempo, no partidizadas, con reclamos concretos y legitimidad social, sacudieron al gobierno y lo obligaron a recular en relación al diferimiento del pago del bono vacacional. Y no importa lo que el gobierno invente ahora sobre el noble corazón del presidente obrero, quien, de paso, se cuidó de no intervenir en la discusión y dejó a dos de sus peores segundones para que lo hicieran y terminaran de quemarse.
El retroceso del gobierno fue presionado por la incorporación a las protestas de sus seguidores, que además rechazaron su llamado a defender a la ONAPRE y a las medidas tomadas. Éstas eran perjudiciales para todos los docentes, simpatizantes o no del gobierno, que se unieron en la protesta. Los esquiroles fueron arrinconados y no pudieron dividir a quienes protestaban. La dupla Carlos López y su jefe Wills Rangel (adeco y guarda espaldas de Carlos Ortega) fracasó en su traición. Deberían retirarse, pues sus acciones, contrarias al interés de los trabajadores, cada vez tienen menor impacto.
Es siniestro violar derechos laborales en nombre de la “disciplina fiscal”, en vez de racionalizar los gastos. No hubo represión de las movilizaciones. El gobierno distingue, y no por ser bueno sino por ser inteligente, entre manifestaciones populares de reclamos y aquéllas convocadas con objetivos políticos desestabilizadores. Las primeras incorporan también a sus seguidores, por lo que significan un mayor desgaste político; las segundas sólo son de opositores, en la mayoría de los casos extremistas, que no le significan pérdidas de respaldo de sus seguidores. A éstas simplemente no las permite. ¡Ojo! No justifico esta conducta gubernamental, simplemente la describo.
Sin embargo. Un gobierno autoritario y soberbio como el que tenemos, cuando es derrotado por exigencias sindicales y populares, no piensa que estuvo mal lo actuado, sino que las culpas están en quienes dirigieron las protestas. Se dedica entonces a identificar al liderazgo, perseguirlo, amenazarlo y despedirlo, y así anularlo para el futuro. Es propio de la mentalidad policial de regímenes como el de Maduro, que al actuar así entorpece su propia política de promoción de las inversiones extranjeras. Alerta ante la continuación de los atropellos. Las luchas deben continuar.
