Los primeros llegaron hace meses y se quedaron. Ahora son centenares los barcos anclados en aguas del río Madeira, a un centenar kilómetros de Manaos, que se dedican a buscar oro, pese a que la extracción de minerales está prohibida en la región. Trabajan sin molestias, incluso en reservas naturales y territorios demarcados de pueblos nativos. Los mineros revuelven el fondo de los ríos, filtran el agua para buscar oro y luego la devuelven contaminada a sus cauces, envenenando así a los peces, base de la dieta de las poblaciones ribereñas. La fiebre del oro aluvial ha llevado a algunos colonos a invadir las tierras de los yanomamis en Amazonas y Roraima. Según escribe Eric Nepomuceno en Página 12, grupos organizados llegan incluso en aviones y helicópteros.
En Colombia, el código penal prohíbe la extracción de minerales sin autorización oficial. Pero como sucede siempre, la ley se acata pero no se cumple. La Oficina de la ONU contra la Droga y el Delito (UNODC) estima que las áreas de extracción ilícita de oro aumentaron un 6,5% en el último año. La minería mueve el 2% del PIB colombiano. Las explotaciones ilegales suelen coincidir con las formales en los mismos sitios. En Antioquia y el Chocó se concentran el 40% y 38%, respectivamente, de la extracción ilícita de oro en tierra. Cuando las extracciones se hacen en reservas forestales, tras su paso dejan hoyos de hasta 20 metros de profundidad.
El llamado barequeo, el lavado de sedimentos de río en busca de oro, supone el 44% de la producción colombiana del metal, según la UNODC. El 87% de las explotaciones son ilegales. La propia Asociación Colombiana de Minería (ACM) admite que toda la producción legal no supera el 40%. InsightCrime calcula, por su parte, que las ganancias netas del negocio rondan el 86%, con un amplio margen de impunidad por la escasa trazabilidad del oro, cuyo rastro se pierde en los laberintos del mercado negro en cuanto cruza las fronteras colombianas. La minería en las vetas clandestinas andinas y amazónicas implica, además, condiciones de trabajo abusivas, impago de tributos a las administraciones locales, criminalidad y destrucción y polución. Cuando el mercurio líquido se vierte en fuentes de agua, se metaliza y produce metilmercurio, que se acumula luego en los tejidos de los peces.
En cimas andinas
El lago Titicaca (que comparten Perú y Bolivia) y sus afluentes están cada vez más contaminados por los vertidos de alcantarillas y metales pesados –boro, manganeso, plomo y aceites y grasas– provenientes de las ciudades circundantes –incluida la boliviana de El Alto, con casi un millón de habitantes–, que carecen de plantas de tratamiento de aguas residuales.
En enero de 2016, en el puerto de Tampico (México), la policía incautó en el mercante peruano Yacu Kallpa un cargamento de 1.200 metros cúbicos de madera extraída ilegalmente en regiones amazónicas y que se iban a vender en Estados Unidos. El 3 de septiembre de 2021, Global Plywood and Lumber Trading se declaró culpable de violar la ley Lacey, que protege la vida silvestre. Un tribunal de Washington DC sentenció a la compañía a indemnizar con 200.000 dólares al gobierno peruano. El dueño de Inversiones La Oroza, propietaria del 80% de la madera incautada, afronta, en el peor de los casos, una pena máxima de tres años de prisión.
Naciones insulares
Para las naciones insulares del Caribe y la Polinesia, el cambio climático es, literalmente, una amenaza existencial: subidas del nivel del mar, pérdida de playas y arrecifes coralinos, olas de calor y huracanes cada vez más destructivos. El de 2017 no dejó una sola estructura edificada sin dañar en Antigua y Barbuda.
Desde 2000, las grandes inundaciones han aumentado un 134% a escala global. En el océano Índico y la Polinesia, sus países y territorios insulares están viendo cómo el agua salada contamina progresivamente sus acuíferos subterráneos, haciendo que dependan cada vez más de las lluvias y empujando a sus poblaciones a emigrar.
La Gran Barrera Coralina australiana –que se extiende a lo largo de 2.250 kilómetros, cubriendo una superficie similar a la de Italia– ha ido perdiendo sus colores a medida que el calentamiento del agua disminuye la cantidad de oxígeno, matando a las algas (zooxanthellae) que nutren a sus pólipos y les permiten formar sus exoesqueletos de carbonato de calcio, que se tornan blancos (bleaching) cuando mueren. Aunque los arrecifes coralinos solo cubren un área equivalente a la mitad de Francia, sostienen al 25% de todas las especies marinas.
China y el carbón
China ha suspendido la construcción de plantas de carbón en 10 regiones del país. En 2019, según el Global Energy Monitor, sin embargo, financió más de 2.000 proyectos de plantas de carbón en 35 países. Cuando se completen, generarán 102 gigavatios de electricidad. China Huadian Corp. es la segunda mayor constructora de plantas de carbón del mundo.
En 2019 y 2020, Pakistán generó el 19% de su electricidad en cuatro plantas alimentadas por carbón, incluyendo la de 1.320 megavatios de Sahiwal, de tecnología china. Dos de sus ciudades –Lahore y Karachi– están entre las 10 con aire más sucio del mundo. La Global Alliance on Health and Pollution estima que 130.000 paquistaníes mueren cada año por asma, cáncer de pulmón, infecciones bronquiales y otras enfermedades respiratorias y coronarias.
Tragedias africanas
En África, el problema provocado por el cambio climático más acuciante es el del agua. Sus tres últimos glaciares de montaña, entre ellos el del Kilimanjaro (Tanzania), podrían desaparecer en 20 años, lo que provocará daños irreversibles en sus ecosistemas, como advierte Petteri Taalas, secretario general de la Organización Meteorológica Mundial.
Durante la pandemia, dos centenares de países han generado más de ocho millones de toneladas de residuos plásticos. OceanAsia calcula que 1.500 millones de mascarillas podrían terminar en los océanos y mares. Una sola de ellas puede liberar en una playa más de 16 millones de microplásticos, los llamados nurdles, que atraen toxinas a su superficie. Según escribe Ian Urbina en Outlaw Ocean (2019), frente a la atención que atraen los vertidos accidentales, lo cierto es que se arroja mucho más combustible al mar a propósito y con permiso de los Estados.
En Kenia, la ampliación y dragado del puerto de Lamu, cuna de la cultura islámica swahili, ha destruido manglares, arrecifes coralinos y las zonas de cría de peces que han sostenido a las poblaciones locales durante siglos. El lago Chad, que comparten Chad, Níger, Nigeria y Camerún, casi se ha secado ya. Unos 30 millones de personas dependían de él como fuente de agua potable. Desde 1970, la población chadiana ha pasado de 3,6 millones a 16,4 millones de habitantes.
En el primer semestre de 2020, el Internal Displacement Monitoring Center contabilizó 14 millones de nuevos desplazados en 127 países y territorios. La violencia fue responsable de 4,8 millones. Los desastres naturales, de 9,8 millones. África oriental concentró el 12%.
Tipificar para poder sancionar
Todas esas catástrofes y delitos ecológicos están reanimando el debate sobre la necesidad de tipificar el delito de ecocidio e incluirlo como crimen contra la humanidad en el Estatuto de Roma, que creó la Corte Penal Internacional (CPI).
No va ser fácil, sin embargo. En la conferencia de la que surgió el Acuerdo de París en 2015, los grandes emisores se negaron a hablar de compensaciones, ofreciendo, en cambio, ayudas voluntarias a los países en desarrollo. Entre 1900 y 2020, los principales emisores fueron Europa (sin Alemania, 27% del total), EEUU (25%), Asia (sin China, 13,7%), China (13,7%), Alemania (5,7%), Rusia (3,2%), India (3,2%), África (2,4%) y América del Sur (2,4%). Desde el principio de la revolución industrial, los países desarrollados, cuya población no supera el 17% del total, han emitido el 70% de los gases acumulados en la atmósfera.
En la cumbre climática de Glasgow (COP26), Antigua y Barbuda, Tuvalu y Palau acordaron buscar vías legales para demandar a los grandes emisores. Una de esas vías que están considerando es pedir a la CPI que emita una opinión sobre si los Estados pueden ser legalmente responsables del impacto de sus emisiones en terceros países. Vanuatu ha solicitado al Tribunal Internacional sobre el Derecho del Mar creado por la convención de la ONU de 1982, con sede en Hamburgo, que redacte un dictamen no vinculante que podría servir de precedente en futuras negociaciones internacionales.
En 2010, la abogada ambientalista escocesa Polly Higgins propuso a la Comisión de Derecho Internacional de la ONU incluir el “ecocidio” como quinto delito contra la humanidad en el Estatuto de Roma, en el caso de que los daños sean tan graves que pueda considerarse que la víctima es la comunidad internacional entera. En 1998 ya se sugirió esa posibilidad, pero se rechazó por “prematura”. Vietnam fue el primer país en incluirlo en su ordenamiento legal por los efectos que tuvo en su población el “agente naranja”, un herbicida y defolinte usado como arma química por el ejército de EEUU durante la operación Ranch Hand (1962-1971).
Los Parlamentos de Francia, Bélgica, Chile, España y México, entre otros, están debatiendo propuestas para que se pueda responsabilizar a personas físicas y jurídicas (corporaciones) por daños ambientales transfronterizos. El problema es que las sentencias condenatorias y con sanciones ejecutables siguen siendo excepcionales, como muestran las dificultades que ha tenido Ecuador para que Chevron lo indemnice por vertidos de crudo en sus regiones amazónicas.
El Derecho Internacional es una suma de tratados de los que algunos Estados son parte y otros no, lo que crea un dumping normativo: las empresas prefieren situar sus actividades con mayores riesgos ambientales en países en los que las regulaciones sean menos exigentes o en los que sea más fácil corromper a los funcionarios que otorgan las licencias.
Ni EEUU ni China ni Rusia forman parte de la CPI. El Consejo de Seguridad de la ONU, del que son miembros permanentes, puede además vetar investigaciones de la fiscalía de la CPI. Algunos creen, por ello, que sería más eficaz crear un tribunal internacional medioambiental mediante un estatuto similar al de Roma. La tala y la minería ilegales son, al fin y al cabo, el tercer delito más lucrativo que existe, después del narcotráfico y el contrabando.
