El gobierno nacional sigue apuntando al empobrecimiento de la sociedad venezolana. Las sanciones les han ayudado para consolidar su modelo económico, y lo utilizan como excusa para evadir su responsabilidad y mantener la burla a la sociedad, pero con amplitud a los trabajadores de la administración pública, quienes devienen salarios dependientes del capricho del gobernante, desconociendo los acuerdos entre los gremios y sindicatos con el patrono, y a su vez hace uso del control de las instituciones para apalancar los desafueros en contra de los derechos consagrados en la Constitución de la República y Leyes que de allí se derivan.
La decisión del Tribunal Supremo de Justicia de dejar sin efecto la solicitud de eliminación del instructivo de la oficina nacional de presupuesto (ONAPRE), que es desde el punto de vista legal un adefesio en contra de la clase trabajadora en todos sus niveles, es la certidumbre de la violación al Estado de Derecho que se ha venido pregonando desde hace años, y que desmienten desde la élite gubernamental, a fuerza de la privación de la libertad y la persecución a los atrevidos denunciantes. La desaparición del erario público de cuantiosos recursos que pertenecen a todos los venezolanos, sin responsable alguno, lo pretenden pasar por debajo de la mesa para seguir con la fastidiosa e irresponsable conducta de culpar a otros de su bien planificado deterioro de la calidad de vida.
La crisis económica y social inducida desde las alturas del poder ejecutivo en conchupancia con su entorno, los ha llevado a hacerse del monopolio gubernamental en todos los escenarios de la producción y distribución de lo que se genera en el territorio nacional, incluso hasta de las divisas extranjeras. Por ello limitan la libertad de expresión y buscan desesperadamente silenciar los medios de comunicación que le son adversos a sus mezquinos intereses. Desde esa perspectiva los revolucionarios siglo XXI siguen tejiendo la estrategia de vociferar que Venezuela está cambiando, y dejan ver cifras de posible crecimiento económico en 2022, para tapar la realidad que se vive a lo interno del país. Le apuestan a lo macro, pero niegan todo para que ese crecimiento se logre a lo micro.
La miseria es impuesta con precisión por el ente gubernamental, y trabajan en dar algo para quitar mucho. Los incrementos en sueldo base lo hacen perjudicando el salario integral. Adicionalmente impulsan la inflación (desaparecen el poder adquisitivo), y son promotores de la devaluación del bolívar, y llenar así las arcas del tesoro nacional. Se suma a la planificación de fortalecer la pobreza el incremento de los impuestos para cualquier trámite legal. Así recicla permanentemente a los ciudadanos el actual sistema de gobierno.
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