Tras el arresto de religiosos en Nicaragua, la subdirectora para las Américas de Human Rights Watch, Tamara Taraciuk, habló con DW sobre el rol vital de la comunidad internacional frente a los nuevos actos represivos.
DW: Sra. Taraciuk, después de la detención de religiosos en Nicaragua, el viernes pasado, y a pesar del pronunciamiento conjunto en la OEA el 12 de agosto, ¿le extraña que pocos países de la región hayan salido a condenar el hecho?
Tamara Taraciuk: No extraña, pero sí preocupa. La falta de atención sobre lo que está pasando en Nicaragua creo que responde a dos factores. Por un lado, los gobiernos de la región están muy preocupados por su coyuntura local, política, y un contexto global complejo, marcado por la guerra en Ucrania y el impacto económico de la pandemia. Por otro lado, creo que hay un cansancio sobre la crisis nicaragüense que puede tener que ver con la incapacidad de la comunidad internacional de conseguir concesiones del régimen. Y a veces, desgraciadamente, esta frustración se traduce en que Nicaragua termina estando menos en el radar.
En el encuentro de la OEA, 27 países condenaron “el hostigamiento” a la Iglesia católica, la persecución de la prensa y de las oenegés, y se exigió al Gobierno de Daniel Ortega que libere a los presos políticos. ¿No sirvió de nada ese pedido?
La atención internacional sobre Nicaragua sirve para mostrar que hay un consenso amplio a nivel regional sobre lo que está ocurriendo. Estamos hablando de 27 de 34 países que respaldaron esta resolución, y también es un respaldo a quienes incansablemente luchan por la liberación de los presos políticos en Nicaragua, quienes están peleando por una transición a la democracia. Esto no quiere decir que automáticamente haya resultados concretos, lo cual genera críticas muy legítimas de que los esfuerzos no han servido para, en la práctica, frenar los abusos de Ortega.
¿Qué opina que países como Colombia, que estuvo ausente del encuentro de la OEA, eviten pronunciarse sobre la situación en Nicaragua?
Lo de Ortega es una dictadura brutal, y ante esto los países de América Latina que están comprometidos con los derechos humanos deberían priorizar medidas urgentes para proteger a la población nicaragüense, para establecer un camino claro para recuperar la democracia. La ausencia de Colombia en la reciente votación de la OEA es un traspié llamativo. Soy consciente de que el embajador colombiano ante la OEA dijo que se trató de un problema producto de la transición de gobierno. Estaremos muy pendientes para ver en el futuro mensajes claros y contundentes del nuevo Gobierno de Gustavo Petro en relación a los abusos que se están cometiendo en Nicaragua.
En esa oportunidad, El Salvador, Honduras, México y Bolivia se abstuvieron de votar contra la condena a las represiones del Gobierno de Ortega. ¿Le sorprendió esas posturas?
México, Honduras y Bolivia se abstuvieron de condenar a Ortega en otras votaciones. Es preocupante la situación del Gobierno de Xiomara Castro, en Honduras, que tuvo un voto equívoco en el momento que se creó el grupo de expertos independientes en Ginebra en marzo y ahora evita respaldar una resolución rechazando la escalada represiva en Nicaragua. El caso más interesante es El Salvador, que venía votando a favor de varias resoluciones contra el régimen y que pareciera ser una jugada estratégica del presidente Nayib Bukele, pensando en buscar aliados para cubrirse de potenciales condenas por violaciones a los derechos humanos que se cometen dentro de su país.
¿Por qué es tan vital entonces el rol de la comunidad internacional en estos momentos?
El papel de la comunidad internacional es fundamental. En Nicaragua no hay ninguna institución o instancia a nivel interno que pueda forzar a Ortega a realizar concesiones. La prioridad es y debería ser, para cualquier acción internacional, un pedido claro de liberación de todos los presos políticos. Sin eso es muy difícil que se organice la sociedad civil y que haya opciones creíbles para que haya elecciones y competencia de poder en una futura transición. Por último, es importante que el papa Francisco juegue un papel vital, tanto en la protección de los miembros de la Iglesia que están siendo víctimas de la represión, como en un proceso más amplio para garantizar la liberación de los presos políticos y el restablecimiento de la democracia en Nicaragua.
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