Además de estar sometida Venezuela a una investigación formal por parte de la Corte Penal Internacional por la presunta comisión de delitos de lesa humanidad, el Estado venezolano también se encuentra desde el año 2018 bajo el escrutinio de una Comisión de Encuesta de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
La Comisión de Encuesta es el mecanismo de investigación de más alto nivel y mayor formalidad del cual dispone la OIT para los casos en los cuales un Estado miembro es acusado de cometer violaciones persistentes y graves a los Convenios Internacionales del Trabajo, y se niega reiteradamente a ocuparse de ello. Desde su fundación en 1919, la OIT solo se ha visto en la necesidad de crear catorce Comisiones de Encuesta, y esta es la primera vez que Venezuela ha sido sometida a este escrutinio.
Venezuela y la Comisión de Encuesta de la OIT
Durante las dos últimas décadas, los órganos de control de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) han recibido por parte de organizaciones de trabajadores y de empleadores, nacionales e internacionales, un amplio conjunto de quejas y reclamos en contra del Estado venezolano por la permanente y continua violación de los convenios internacionales del trabajo.
De forma específica, se ha denunciado la injerencia del Estado venezolano en contra de la independencia de las organizaciones de empleadores y trabajadores; el favoritismo y promoción de organizaciones afines al Gobierno, así como la imposición de trabas al funcionamiento de las organizaciones sindicales y gremiales independientes; el uso de la violencia, intimidación, hostigamiento y otras vulneraciones a las libertades civiles en contra de organizaciones de empleadores y trabajadores; la criminalización de la actividad gremial y sindical independiente a través del uso de la persecución judicial, incluyendo el sometimiento de líderes sindicales y gremiales a la jurisdicción militar; la exclusión del diálogo social y la ausencia de la consulta tripartita (gobierno-trabajadores-empleadores), en particular, en relación con la fijación del salario mínimo.
Así, por ejemplo, la organización no gubernamental para la defensa de los derechos humanos PROVEA señaló en su informe “Política de Estado en contra de la libertad sindical en Venezuela”, publicado en el año 2021, que “en Venezuela se configuró en los últimos 20 años una política de Estado antisindical con el propósito de debilitar y acabar con el sindicalismo que defiende derechos. Esa política se ejecuta desde el Ejecutivo Nacional con el respaldo del Poder Judicial y el Ministerio Público, y la complicidad de la Defensoría del Pueblo”.
El Consejo de Administración de la OIT designó una Comisión de Encuesta en marzo de 2018 en vista de los incumplimientos reiterados por parte del Estado venezolano de las recomendaciones de los órganos de control de la organización. En septiembre de 2019, luego de haber recabado y analizado abundante documentación e información, la Comisión de Encuesta presentó su informe “Por la reconciliación nacional y la justicia social en la República Bolivariana de Venezuela”. Dicho informe concluyó que en Venezuela existe “un conjunto de instituciones y prácticas que atentan contra las garantías y derechos establecidos en los Convenios objeto de la queja. Afectan en particular a la existencia y a la acción de organizaciones libres e independientes de empleadores y trabajadores y al desarrollo de un diálogo social de buena fe en un ambiente de confianza y respeto mutuo”.
Entre otras medidas concretas, la Comisión recomendó a las autoridades venezolanas: a) la no utilización de los procedimientos judiciales y de medidas cautelares y sustitutivas con el propósito de coartar la libertad sindical, incluido el sometimiento de civiles a la jurisdicción militar; b) la liberación inmediata de todo empleador o sindicalista que, habiendo ejercido actividades legítimas, permanecen sin embargo en prisión; c) el establecimiento de procedimientos de consulta tripartita efectivos; d) la eliminación en la legislación y en la práctica de todas las disposiciones o instituciones incompatibles con la libertad sindical, incluido el requisito de comunicar información detallada sobre afiliados; e) la adopción de medidas para asegurar el Estado de derecho.
En abril de 2022, luego de haber transcurrido casi 3 años de emitido el informe de la Comisión de Encuesta, el gobierno de Nicolás Maduro aceptó finalmente, ante la presencia del Director General de la OIT, participar en unas mesas de diálogo con trabajadores y empleadores para revisar los avances en el cumplimiento de diversos convenios relativos al establecimiento del salario mínimo, la libertad sindical y la consulta tripartita.
Incumplimiento de las recomendaciones de la OIT
No obstante, las expectativas generadas tras esa primera reunión de las mesas tripartitas respecto a una posible mejoría de las condiciones para el ejercicio de la libertad sindical en el país, al poco tiempo la realidad resultó muy distinta. Según la abogada Jacqueline Richter, especialista en Derecho Laboral y directora del Observatorio Venezolano de Libertad Sindical, “al día de hoy el Gobierno Nacional ha hecho muy poco para cumplir las recomendaciones de la Comisión de Encuesta de la OIT. Todo lo que era el diálogo social es inexistente o está completamente paralizado; han vuelto a encarcelar a dirigentes sindicales por defender los derechos de los trabajadores; han mantenido la política de despido o de jubilaciones forzosas de los dirigentes sindicales; y, finalmente, todas las disposiciones que violan la libertad sindical o la convierten en delito siguen vigentes y no se ve ninguna intención de derogarlas”.
Inexistencia del diálogo social y la ausencia de la consulta tripartita
El instructivo salarial dictado en marzo de este año por el Ejecutivo Nacional a través de la Oficina Nacional de Presupuesto (ONAPRE) con el objeto de regular los tabuladores salariales de los empleados públicos ha sido el detonante de las protestas laborales que se vienen realizando en toda Venezuela durante los últimos meses.
De acuerdo con la denuncia de dirigentes sindicales, este instructivo reduce entre el 40% y el 60% el salario real del trabajador público, violándose así la Constitución, las normas laborales y los acuerdos de las convenciones colectivas vigentes en el país. Además, estas tablas laborales fueron establecidas de manera unilateral por el gobierno nacional, sin contar con la participación de los legítimos representantes de los trabajadores. La negativa del gobierno a derogar o a reformar este instrumento contradicen las recomendaciones de la OIT sobre el necesario diálogo social y la consulta tripartita.
En el mismo sentido va la reciente decisión del Tribunal Supremo (TSJ) (24.08.2022), que declaró inadmisible la solicitud interpuesta por los trabajadores del sector público para que declarara la nulidad del instructivo de la ONAPRE. La Sala señaló que tal instructivo es “inexistente” y solicitó que se abran averiguaciones para determinar responsabilidades ya que “a pesar de su inexistencia, se ha utilizado para generar malestar en ciertos sectores de la colectividad, crear conflicto social y atentar contra valores y principios cardinales previstos en nuestro orden constitucional”.
Despidos y jubilaciones forzosas por reclamar derechos laborales
Según denuncia el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS) en su informe del primer semestre del 2022, como respuesta a las recientes protestas laborales “los trabajadores han recibido por parte de las instituciones del gobierno jubilaciones forzosas y despidos injustificados, como también amenazas, detenciones arbitrarias y persecuciones”.
Zenaida Figuera, presidenta del Sindicato Único Nacional de Empleados Públicos del Sector Salud (SUNEP-SAS), denunció el 19 de agosto de 2022 que 1.920 líderes sindicales de SUNEP-SAS fueron víctimas de jubilaciones forzosas en retaliación a su participación en las recientes marchas de protesta. Esta medida viola tanto la Ley del Trabajo como las convenciones colectivas, pues los líderes sindicales no pueden ser removidos de sus puestos de trabajo o jubilados hasta tanto culminen su labor de representación sindical.
Uso de procedimientos judiciales para coartar la libertad sindical
Otro mecanismo que se mantiene en Venezuela para coartar la libertad sindical es la utilización de procedimientos judiciales, incluyendo medidas cautelares y sustitutivas de libertad. En este momento, señala la profesora Richter, “el Estado venezolano tiene todo un aparato legal que funciona muy sincronizado para perseguir a la disidencia política y la disidencia sindical. Si hay un sindicato, si hay un dirigente sindical que cuestiona las políticas del Gobierno, tiene una alta posibilidad de ser sometido a un proceso penal. Hay una criminalización de la actividad sindical y para eso se utiliza el poder judicial”.
La ONG Movimiento Vinotinto, dedicada a la defensa de derechos humanos, reportó que doce dirigentes sindicales han sido sometidos a procedimientos judiciales entre enero y agosto del presente año, de los cuales siete se encuentran privados de libertad.
Mantenimiento de normas violatorias de la libertad sindical
Finalmente, el gobierno venezolano no ha presentado avances en la dirección de restituir el Estado de derecho en el país, ni en el de derogar o reformar las normas violatorias de la libertad sindical contenidas, entre otros instrumentos, en el Decreto Ley Orgánica del Trabajo (DLOTTT) referidas al registro de las organizaciones sindicales, a la injerencia del gobierno en las elecciones sindicales y al establecimiento de obstáculos para la acción sindical.
Todos estos hechos llevan a tener muy bajas expectativas sobre los avances reales que se puedan presentar en la próxima reunión de las mesas tripartitas previstas para septiembre de este año en el país. En definitiva, tal y como observa la abogada laboralista Richter, el título escogido por la Comisión de Encuesta para su informe sobre la situación laboral en Venezuela contiene ya la principal exhortación que la OIT quiere transmitir al gobierno venezolano: la justicia social es condición indispensable para que pueda haber reconciliación en Venezuela, y no puede existir justicia social en un país en el que se viola la libertad sindical.
