Si no tenemos policías, jueces, abogados, fiscales, honestos, valerosos y eficientes; si se rinden al crimen y a la corrupción, están condenando al país a la ignominia más desesperante y atroz. Javier Sicilia
Desde el martes de esta semana, malintencionados y/o chismosos, de los que abundan en Yaracuy, han pretendido hacer un escándalo de marca mayor con la aprehensión de una fiscal del Ministerio Público, algo, por lo demás, muy común en la quinta república. Que un fiscal de Ministerio Público se caiga con los verdes en la mano ya no sorprende a nadie, ni cuando rodó Esaú Alba Morales, el amigo íntimo de un abogado yaracuyano, supuesto pariente de la detenida y cuya hermana siendo Fiscal Superior en predios de María Lionza salió deshonrosamente del Ministerio Público. O sea, este es un tema trillado, por lo común que se han hecho las detenciones y destituciones de funcionarios fiscales por estar incursos en delitos y anomalías de diversa índole, tan es así, que los promotores del pretendido escándalo no lograron impactar el espectro mediático ni con el titular de primera página de Yaracuy Al Día, que se prestó a la jugada.
Si algo pone en evidencia la caída estrepitosa de la joven fiscal, haya sido por amor, amistad, avaricia o ingenuidad, es un legado bien sucio a nivel institucional, puesto de manifiesto en el tratamiento de este caso tanto a nivel procesal como a nivel noticioso, lo cual nos lleva a una conclusión burda, pero que arroja luces sobre el declive del sistema judicial venezolano en cuanto contexto de la ocurrencia de hechos como el que estamos comentando: en ese sistema judicial venezolano no habría santo a quien prenderle una vela. Lo realmente escandaloso en estas circunstancias son las medidas ejemplarizantes aplicadas al infractor, en este caso una dama, a quien desde su detención han mantenido incomunicada, aislada, hubo de intervenir una Fiscal con competencia en Derechos Fundamentales para que pudiese hablar sólo con uno de los abogados que ejercerá su defensa técnica y a eso llaman tutela judicial efectiva. Eso sí es escandaloso, pero los charlatanes de oficio omiten denunciar atropello, entre otros igualmente graves, más graves que la conducta delictiva atribuida a la hoy ex fiscal, por implicar la conculcación de derechos.
En fecha 26 de junio de 2022, por este espacio denuncié a la detenida, Julibel Lislet Rodríguez Puertas, Fiscal Provisoria 13° para la Defensa de la Mujer del Ministerio Público en el estado Yaracuy, en virtud de una confusa situación en la tramitación de una causa seguida a un ciudadano residenciado en Yaritagua. Hoy denuncio la estigmatización de ella, además de aislarla, incomunicarla, destituirla de inmediato, dando a entender que se tuvo en poca consideración la presunción de inocencia, porque cuando la destituyen ni siquiera se había realizado la audiencia de presentación, la cual no se efectuó a la hora programada, puesto que en Alguacilazgo inexplicablemente retrasaron la Boleta de Traslado y después de realizarla hubo de esperar por largo rato la decisión. Y a eso llaman debido proceso. Eso también es escandaloso.
Todo este embrollo en que se encuentra Julibel sería consecuencia de un favor que ella accedió hacer. Su mejor amiga, se criaron juntas, su socia comercial de otrora, con quien Julibel constituyó una sociedad mercantil que regentaron por más de cuatro años, desde el mes de mayo acudía a su despacho para pedirle que ayudara a un sobrino suyo investigado por la Policía Nacional Bolivariana. Luego de abogar por el sobrino de su mejor amiga, se genera el hecho sobre el que se han tejido muchas conjeturas, lo cierto es que el favorecido, el sobrino de su mejor amiga, la denunció en el CONAS por extorsión. Ahora bien, el hecho no es por una causa de ella, el hecho no es por una causa llevada por su despacho, no señor, era una situación ajena a su despacho, una investigación a cargo del UOTE de la PNB sobre un delincuente, convicto y confeso, que no se había puesto a derecho, el sobrino de su amiga, entonces, la decisión no dependía de ella y en caso de existir delito, sería otro, por ejemplo, valimiento, quizá, tráfico de influencias, corrupción propia, lo que más se ha dicho, ahí no hay extorsión, y es claro que también hay coecho, quien figura como víctima es la mejor amiga de ella.
Lo que han llamado “la caída de la corrupta fiscal 13° del Ministerio Público en Yaracuy”, caracterizada incluso como “Venganza de Jehová”, se inscribe en un contexto de deterioro institucional y de degradación moral, de pérdida de valores, sobre el que se viene insistiendo desde diversos sectores de la sociedad venezolana. Que también se diga que es un pase de factura, por la pugnacidad entre dos bandos en tierras jirajaras, constituye otra muestra de una realidad alto conocida, en la que día con día se registran bajas, que sin importar del bando que sean, son pocas las consideraciones que se le tienen al caído en desgracia y en Julibel Lislet Rodríguez Puertas tenemos el mejor ejemplo de la pérdida de derechos que un día estuvo llamada a garantizar.
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