Hasta las economías avanzadas experimentan hoy los efectos de la inseguridad energética. Y para garantizar el suministro es necesario recurrir a energía nuclear y combustibles fósiles. Son las únicas fuentes con capacidad de proporcionar una potencia significativa en ausencia de grandes parques de baterías para solar y eólica.
En una ocasión se le pidió al químico Richard Smalley, ya fallecido, que clasificara los retos mundiales por orden de urgencia. Aunque citó las preocupaciones habituales sobre la pobreza, el hambre, los conflictos y el acceso a los recursos, situó la seguridad energética a la cabeza de su lista. Smalley argumentó que todos los demás retos tienen el potencial de resolverse si podemos garantizar un suministro energético fiable.
Hoy en día, cuando hasta los países del G7 están experimentando los efectos en cascada de la inseguridad energética en sus economías e instituciones democráticas, el mundo está aprendiendo por las malas que Smalley tenía razón. Tenemos medios limitados de gobernanza internacional o de toma de decisiones con base científica en materia de seguridad energética. Esperemos, por tanto, que el duro despertar potenciado por la actual crisis económica mundial y la guerra de Ucrania conduzca a una acción internacional más constructiva y a políticas energéticas nacionales más sensatas.
Un indicio de que así será se produjo el 6 de julio, cuando el Parlamento Europeo votó a favor de seguir clasificando la energía nuclear y el gas natural como “actividades económicas ambientalmente sostenibles” en el marco de la normativa de “taxonomía” de la Unión Europea. La medida se aprobó por un estrecho margen de 328 votos a favor, 278 en contra y 33 abstenciones, pero el hecho de que se haya convocado una votación de este tipo y, lo que es mejor, que haya prevalecido el sentido común, representa un cambio tectónico en la agenda medioambiental de Europa.
La política energética de la UE ejemplifica lo que los geógrafos llaman “amplificación social del riesgo”. Tal vez lo más notable sea la decisión de Alemania de eliminar gradualmente la energía nuclear nacional tras el accidente de Fukushima en Japón en 2011, que fue contraria a las conclusiones de un grupo de expertos de las Naciones Unidas, que no ha detectado ninguna relación causal directa entre casos de cáncer y el incidente, incluso después de diez años de registros de datos. El propio Japón ha actuado con más sensatez, manteniendo la energía nuclear para la generación de energía de carga base.
Tanto en el G7 como en otros lugares, la aplicación errónea del “principio de precaución” por parte de fuerzas de ambos extremos del espectro político supera con demasiada frecuencia el uso sensato de la ciencia en la toma de decisiones. Incluso los políticos europeos de derechas están gravitando hacia el populismo medioambiental, como demostró la cancelación de un proyecto de extracción de litio en Serbia a principios de este año.
La decisión del gobierno serbio afectará negativamente a las perspectivas de las energías renovables, ya que las baterías de iones de litio son esenciales para el almacenamiento de baterías en las redes inteligentes y las infraestructuras verdes relacionadas. En Estados Unidos, mientras tanto, a pesar de la letanía de órdenes ejecutivas sobre minerales críticos, muchos proyectos siguen acosados por conflictos medioambientales. Incluso la recientemente aprobada Ley de Reducción de la Inflación se enfrentará a obstáculos para su aplicación, ya que los grupos ecologistas ya están preparados para oponerse a sus disposiciones sobre minería.
Gran parte de la batalla actual sobre el cambio climático refleja un problema grave en la comprensión que tiene la gente sobre la relación entre la naturaleza y el orden social y político. Aunque los científicos han criticado con razón a los “mercaderes de la duda” de la industria de los combustibles fósiles, una visión utópica sobre las soluciones fáciles en el suministro de energía también ha contribuido a nuestro actual estancamiento. Activistas bienintencionados como Greta Thunberg han hecho un gran trabajo de concienciación medioambiental, pero no tanto cuando se trata de promover la alfabetización en a materia.
Hay que tener en cuenta la necesidad de energía de carga base para el suministro de energía. Muchos críticos de las subvenciones a los combustibles fósiles apenas prestan atención al hecho de que solo la energía nuclear y los combustibles fósiles tienen la capacidad de proporcionar una potencia significativa en ausencia de grandes parques de baterías para la energía solar y eólica o de infraestructuras de almacenamiento de energía hidroeléctrica bombeada.
Los ecologistas tendrán que hacer concesiones para permitir la extracción de metales críticos para esta infraestructura. El propio reciclaje conlleva una demanda de energía, y el cambio a una economía circular requiere que tengamos inicialmente un stock de material lo suficientemente grande para reciclar. Esto, a su vez, implica el reto de fabricar productos que sean más fáciles de reciclar. Tenemos que calcular el equilibrio entre la durabilidad, la reciclabilidad y la innovación de nuevas tecnologías para averiguar el momento óptimo de lo que los economistas llaman “obsolescencia programada”.
Dada la gran variedad de cuestiones técnicas y las persistentes tensiones con China y Rusia, los países del G7 deberán hacer hincapié en la coordinación de la política energética. En primer lugar, el G7 debería crear un panel científico centrado en la seguridad energética para orientar las inversiones en una gama diversificada de fuentes. Los resultados del panel deberían basarse únicamente en las limitaciones científicas y de ingeniería y no en consideraciones políticas internas. La legislación nacional, incluida la normativa sobre expropiación (eminent domain), también puede ser necesaria para aplicar las recomendaciones del panel.
Falta menos de un año para la cumbre del G7 de 2023 en Japón, un país que ha demostrado un notable pragmatismo a la hora de asegurar y diversificar su energía. Un grupo de trabajo para desarrollar dicho panel debería ponerse manos a la obra de inmediato.
Las soluciones relativas a la mitigación del cambio climático y a la seguridad energética deben enmarcarse ahora en una planificación de contingencia a largo plazo para una combinación energética diversificada que sea congruente con las leyes fundamentales de la naturaleza, no con la conveniencia política. El tópico “nadie da duros a cuatro pesetas” es muy cierto cuando se trata de satisfacer la demanda energética.
Los mecanismos existentes, como el Tratado sobre la Carta de la Energía, la Agencia Internacional de la Energía o la Agencia Internacional de las Energías Renovables, carecen del mandato necesario y tienen muchos miembros que se benefician del statu quo. El G7, por el contrario, tiene el potencial de establecer normas que no sólo garanticen la seguridad energética de las principales economías avanzadas del mundo, sino que también creen un modelo factible basado en la ciencia para que otros países lo emulen.
