Para 2022 y 2023, las expectativas de crecimiento económico son positivas. Las empresas apenas utilizan 25% de su capacidad instalada y con un buen programa de reactivación pueden aumentar su producción sin tener que realizar nuevas inversiones en maquinarias, equipos o infraestructura.
Sin embargo, se presentan factores que frenan la reactivación productiva, tales como la creciente presión tributaria por parte de los gobiernos locales. A raíz de la caída de la renta petrolera, los ingresos de las gobernaciones y alcaldías sufrieron una drástica reducción y ya no reciben la misma cantidad de situado constitucional, que es el monto de los ingresos fiscales ordinarios que el gobierno central debe transferir a los estados y municipios. Esto ha forzado a gobernadores y alcaldes a incrementar considerablemente los impuestos y tasas por el uso de bienes y servicios, papel sellado, timbres fiscales, impuestos municipales sobre las actividades económicas, inmuebles urbanos, circulación de vehículos, espectáculos públicos, juegos, loterías, propaganda y publicidad comercial.
Los gremios empresariales advierten una mayor presión tributaria sobre un aparato productivo que viene de sufrir una prolongada contracción y apenas comienza a recuperarse. En la Encuesta de Coyuntura Industrial del Segundo Trimestre de 2022, el 74% de las empresas afirmó que los excesivos tributos fiscales son un factor que frena la recuperación de la producción. Consecomercio expone que en los municipios las tasas impositivas pasaron del 0,05% hasta 5%, un incremento de 9.900%.
La voracidad fiscal de las gobernaciones y alcaldías ha generado una situación desordenada y caótica. Los estados invaden competencias de los municipios y viceversa, se solapan con la República encubriendo impuestos bajo la figura de timbres fiscales, se aplican cobros anticipados de IVA e ISLR que dejan a las empresas sin flujo de caja. Y todo esto frena la reactivación económica.
En atención al llamado empresarial, el gobierno central se ha planteado limitar los cobros exorbitantes de tributos estatales y municipales, y alinearlos con la política fiscal y tributaria nacional. Con ese fin, impulsa Ley Orgánica de Coordinación y Armonización de las Potestades Tributarias de los Estados y Municipios, en función de evitar la doble tributación, la sobreimposición y la sobrecarga fiscal que afecta la recuperación económica.
Esta Ley establecerá parámetros y limitaciones a las potestades tributarias de los estados y municipios, lo cual no ha sido bien recibido por los gobernadores y alcaldes que perderán margen de maniobra para generar ingresos propios que compensen la reducción de las transferencias que reciben del gobierno central. En adelante, los gobiernos regionales deberán consultar al Consejo Superior de Armonización Tributaria cualquier cambio en los impuestos que cobran, así como el recálculo de tasas o alícuotas. No podrán cobrar impuestos que no estén previstos en leyes estadales u ordenanzas municipales y se declara nulo e ineficaz cualquier cobro bajo otros conceptos, tales como aportes, aranceles, contraprestación o sus equivalentes.
La Ley ha sido considerada por gobernadores y alcaldes como un proyecto centralista que -al limitar las competencias de los estados y municipios en materia de impuestos, tasas y contribuciones que son de su competencia-, puede llevar al quiebre técnico y desaparición de los gobiernos locales, toda vez que el presupuesto dependerá cada vez más del situado constitucional que se ha reducido a menos de la mitad y no es transferido oportunamente por el gobierno central.
Para evitar que estas tensiones entre gobierno central y gobiernos locales sirva de pretexto para calentar la calle y regresar a una situación de conflictividad social y violencia política que en nada contribuye a la recuperación del país, es necesario concertar en los tres niveles de gobierno un nuevo marco legal tributario que delimite claramente qué le corresponde a los estados y municipios. Ni tan calvo ni con dos pelucas: es necesario construir un acuerdo ganar-ganar que ofrezca incentivos fiscales a la reactivación económica, pero sin comprometer los ingresos fiscales que necesitan los gobiernos locales para realizar una buena gestión en favor de sus habitantes.
Asimismo, los ciudadanos estamos llamados a analizar y entender que lo regalado sale caro, toda vez que las gratuidades indebidas y los subsidios a la gasolina y servicios públicos de electricidad, agua, gas, telecomunicaciones, autopistas, etc. terminaron financiándose con desmesuradas emisiones de dinero sin respaldo y causaron una prolongada espiral hiperinflacionaria que destruyó el poder adquisitivo de las familias y empobreció a los hogares. Si queremos buenos servicios públicos, habrá que comenzar a pagar por ellos, pero el ajuste de las tarifas de servicios públicos es inviable social y políticamente en un país donde el salario mínimo no llega a 30 $/mes. Esto solo será posible si se incentiva la reactivación de la economía para que se generen abundantes puestos de trabajo cada vez mejor remunerados, y el ingreso de las familias permita cubrir sus necesidades básicas y esenciales.
Escuche el análisis completo en el nuevo: Impacto de la Ley de Armonización Tributaria
@victoralvarezr
