El diario The Washington Post publicó recientemente un contundente editorial en el que enfatizó la necesidad de seguir adelante con las investigaciones por los presuntos crímenes ordenados por Nicolás Maduro desde la cúpula del Palacio de Miraflores en la capital de Venezuela.
La maquinaria de represión en Venezuela y las órdenes de silenciar a la disidencia vienen desde arriba
Los dolores de Venezuela bajo el gobierno del presidente Nicolás Maduro y su mentor Hugo Chávez son evidentes para que todos los vean: años de grave declive económico, ruptura de la democracia y un éxodo épico fuera del país. Ahora vienen los detalles de cómo Maduro ha dirigido personalmente a los brutales servicios de seguridad para silenciar la disidencia.
Una misión internacional de investigación creada por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU acaba de emitir un tercer informe, luego de hallazgos anteriores en 2020 y 2021. En conjunto, concluyen que el régimen cometió crímenes de lesa humanidad en un “ataque generalizado y sistemático dirigido contra la población civil”, con el resultado de que “la disidencia política ha sido aplastada en gran medida”. Para ello, Maduro también recibió ayuda de la dictadura de Cuba.
Los informes, basados en 471 entrevistas, brindan una imagen espeluznante del estado policial de Maduro, incluida la siguiente lista de castigos espantosos: “fuertes palizas con bates y objetos punzocortantes; descargas eléctricas en partes sensibles del cuerpo; asfixia con sustancias tóxicas y agua; cortes y mutilaciones incluso en la planta de los pies y debajo de las uñas… violación con objetos; golpes y descargas eléctricas en los genitales; iluminación constante u oscuridad constante; calor extremo o frío extremo; alimentación forzada de heces y vómito; y amenazas de muerte y amenazas de violación a las víctimas y sus familiares”.
El informe de 2020 encontró que los servicios de inteligencia y aplicación de la ley fueron clave para la represión sistémica. En 2021, el panel implicó a fiscales y jueces. El nuevo informe apunta a la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), y al Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN). Los “crímenes y violaciones” cometidos por estas agencias, concluye el panel, “fueron de particular crueldad” contra los detenidos indefensos. Nadie en estas agencias ha sido investigado por los crímenes, dice el informe, y “el daño que [las víctimas] sufrieron sigue sin abordarse”.
¿Quién es responsable? En la cúspide se sienta el señor Maduro, quien “da órdenes directas” al titular de la DGCIM, siempre personalmente o por teléfono, nunca por escrito; Las órdenes al SEBIN “vinieron directamente del propio presidente Maduro”, dice el informe. En algunos casos, dijo un alto funcionario, cuando un objetivo estaba bajo vigilancia del SEBIN, “el presidente Maduro quería saber qué estaba haciendo la persona las 24 horas del día, por lo que el Director General le enviaba información cada dos horas”. Maduro y altos funcionarios “se destacan como los principales artífices en el diseño, implementación y mantenimiento de una maquinaria al servicio de la represión de la disidencia”, dice el informe.
El informe llega en un momento delicado para la política de EE.UU., que ha buscado aislar al régimen de Maduro y aún reconoce a Juan Guaidó elegido democráticamente como presidente interino, aunque Maduro parece estar fortaleciendo su control. Los gobiernos de izquierda que llegan al poder en América Latina parecen dispuestos a restablecer los lazos con Venezuela. Funcionarios estadounidenses se han reunido directamente con el gobierno venezolano dos veces este año para discutir la liberación de ciudadanos estadounidenses detenidos injustamente. Mientras tanto, la corriente de refugiados venezolanos es una pesada carga para el hemisferio occidental y los Estados Unidos. En todo esto, no se deben pasar por alto los crímenes del señor Maduro.
