Se les venía siguiendo el rastro. En el camino habían quedado las huellas de sus pezuñas. La baqueana fue la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre la República de Venezuela, que, en el año 2019, fue comisionada por el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU) para investigar el cometimiento de crímenes de lesa humanidad en nuestro país. En el Primer Informe, publicado en 2020, la Misión afirma que sí habían tenido lugar esos crímenes, con el conocimiento de “autoridades de alto nivel”, pero que éstas “no tomaron medidas para impedirlos o reprimirlos”. En el Segundo Informe, presentado en 2021, se señala la ausencia de independencia judicial que contribuye a que haya una absoluta impunidad ante los crímenes e impide a las víctimas el ejercicio de recursos legales y judiciales.
Es en el Tercer Informe, publicado el 20 de septiembre de este año 2022, donde sale a flote la parte oculta del iceberg –o se sube la gata a la batea, se diría en lenguaje popular- al señalar con nombre y apellido a Nicolás Maduro, a integrantes de la cúpula del chavismo y a directores de los servicios de inteligencia, como principales responsables de esos crímenes de lesa humanidad. Así lo ratifica la propia presidenta de la Misión de la ONU, Marta Valiñas, al declarar: “Este plan fue orquestado al más alto nivel político encabezado por el presidente Nicolás Maduro y apoyado por otras altas autoridades”. Y como comenta The Washington Post –un periódico de corte liberal- fueron la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) y el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) los que recibieron, con el apoyo de agentes de la Cuba castrista, el encargo de la represión sistemática y de las torturas que califica como “castigos espantosos”. El Tercer Informe de la Misión de la ONU, citado por ese diario, detalla las torturas aplicadas: “Fuertes palizas con bates y objetos punzocortantes; descargas eléctricas en partes sensibles del cuerpo; asfixia con sustancias tóxicas y agua; cortes y mutilaciones incluso en la planta de los pies y debajo de las uñas…violación con objetos; golpes y descargas eléctricas en los genitales; iluminación constante u oscuridad constante; calor extremo o frío extremo; alimentación forzada de heces y vómito; y amenazas de muerte y amenazas de violación a las víctimas y sus familiares”. El súmmum del horror, de atrocidades inimaginables. Un profesor de derecho internacional y analista político tan ponderado como Adolfo P. Salgueiro, reflexiona: “…Las dantescas y comprobadas torturas en las mazmorras de los organismos de seguridad con la particularidad de que por vez primera en un informe internacional se menciona con nombre y apellido a los responsables de la cadena de mando cuyo vértice es precisamente Maduro y sus escalones inmediatos, los generales Padrino, Hernández Dala y otros que de esta manera quedan señalados como posibles candidatos al banquillo de los acusados en la Corte Penal Internacional cuando llegue el momento procesal oportuno”. Es tan grave el tamaño de las denuncias que se han hecho que amigos del régimen venezolano, como el gobierno argentino y el presidente chileno Gabriel Boric, han pedido que “los expertos sigan indagando in situ” y que “el problema de Venezuela necesita atención”.
Pero hay un segundo tema planteado en el Tercer Informe de la Misión de la ONU, que no se tocó en los dos anteriores: la situación de los derechos humanos en el Arco Minero del Orinoco y otras áreas del Estado Bolívar. A este respecto, se celebró el foro Derechos humanos y rendición de cuentas en Venezuela: hallazgos del tercer informe de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela, en el que participaron reputadas y reconocidas defensoras, a nivel mundial, de derechos humanos.
Marta Valiñas, presidenta de la Misión de Determinación de Hechos, manifestó que se documentaron “graves violaciones de los derechos humanos cometidas tanto por agentes estatales como por grupos armados criminales…hay convivencia o tolerancia por las autoridades estatales con relación a actos cometidos por grupos armados criminales que ejercen el control de facto en las minas y en las poblaciones locales…hemos podido documentar algunos casos que demuestran dinámicas de violencia no solo dentro de los grupos armados criminales y el tipo de violencia que ejercen contra las poblaciones locales, sino también las dinámicas entre estos grupos y agentes estatales y miembros al nivel del Estado”.
Eumelys Moya, coordinadora del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello, dijo que hay una especie de esclavitud moderna traducida en la explotación laboral y la explotación sexual. La primera –la laboral- se logra concretar en jornadas de trabajo de hasta 14 horas diarias en condiciones a veces infrahumanas; la segunda –la sexual- es como una vía de escape de las familias para lograr la sobrevivencia.
Mercedes de Freitas, directora de Transparencia Venezuela, afirmó que, en el Arco Minero y poblaciones cercanas, la inmensa red que funciona en esa zona tiene “conexiones estrechas” con criminales internacionales y muchos funcionarios del alto gobierno, si se toma en cuenta la presencia de la Corporación Venezolana de Minería, empresas en las que el Estado tiene mayoría accionaria, la Fuerza Armada Nacional, la Dgcim, el Sebin, etc.
Tamara Taraciuk, directora adjunta para las Américas de Human Rights Watch, opinó que también habrá que hacer “un monitoreo preventivo ante las eleciones presidenciales previstas para 2024”, en lo que coincide con Marta Valiñas que, en su exposición, había dicho que el período de la preeleción presidencial, la libertad de expresión y de asociación, serían “temas en los que seguramente la Misión se enfocaría”.
Como es sabido, los crímenes de lesa humanidad no prescriben, y, por tanto, como reza el título de estas líneas, en el régimen dictatorial que impera en Venezuela hay la presencia de Estos Émulos De Los Nazis, En Espera De Su Núremberg.
