La comunidad internacional no debe olvidar a los presos políticos en Venezuela, si quiere detener la violación sistemática de derechos humanos y evitar que estas prácticas se extiendan en la región, opina Ramón Cardozo.
En medio de las inmensas dificultades por las que día a día atraviesan los venezolanos, se corre el riesgo de que en el país se vaya perdiendo la sensibilidad respecto a la dramática situación en la que se encuentran los presos políticos en Venezuela. Ello no solo pondría en mayor riesgo la integridad física y mental de los detenidos, sino que además sería un incentivo para extender aún más el uso del sistema penal como instrumento de control y represión política en el país.
Evitar que ello ocurra ha sido una tarea que ha asumido un grupo de organizaciones civiles defensoras de derechos humanos en Venezuela. A pesar de los riesgos que actualmente conlleva, estas organizaciones no gubernamentales han venido prestando apoyo desde hace varios años a las víctimas y junto con algunos de los pocos medios de comunicación independientes que aún quedan en el país visibilizan, monitorean y documentan las violaciones sistemáticas de los derechos humanos de los perseguidos y presos políticos en Venezuela.
La defensora de derechos humanos Martha Tineo, abogada cofundadora y coordinadora general de la organización no gubernamental Justicia Encuentro y Perdón, señala al respecto que “el gobierno nacional, a través de su poderoso aparato comunicacional, quiere convencernos a los venezolanos y a la comunidad internacional que el país ha venido superando la profunda crisis en la se encuentra sumido desde hace varios años, cuando en realidad es todo lo contrario”.
“Esto lo afirmo con absoluta responsabilidad porque somos una organización de víctimas, una organización donde estamos en permanente comunicación con ellas y por ello tenemos información de primera mano. A partir de ese conocimiento digo con responsabilidad que lejos de superarse la crisis o de avanzar en la superación de la crisis, la situación en nuestro país se agrava cada vez más, y eso se hace sobre todo evidente en el caso de los presos políticos”, continúa.
“Hoy en día, los presos políticos están en una situación peor de desamparo y nos preocupa que en el marco que va, entre los 200 y 300 presos políticos, ya pareciera que es un tema que se ha normalizado en el país. Hablamos de presos políticos en Venezuela, como hablamos de presos políticos en Cuba y en Nicaragua, casi como un lugar común”, agrega.
Cifras de presos políticos en Venezuela
Justicia Encuentro y Perdón estima que en las cárceles venezolanas se encuentran 314 presos políticos actualmente privados de libertad. De ellos, 23 (8.1 %) son mujeres y 291 (91.9 %) hombres. Casi la mitad, 141 (48 %), son miembros de las Fuerza Armada Nacional, 125 (43 %) proceden de la sociedad civil, 15 (4.7 %) son miembros de cuerpos policiales, siete de partidos políticos (2,2 %) y uno es periodista (0.3 %). Según Tineo, “estas son unas cifras referenciales, debido a la total opacidad que existe en cuanto a información sobre esta materia por parte del Estado venezolano. Por otro lado, existen familias de detenidos políticos que no denuncian por temor a represalias, por hostigamiento, por amenaza, porque creen que si no se visibiliza su caso tal vez puedan ser liberados en un momento determinado. Por ello hablamos de una cifra de al menos 314 detenidos políticos, pero cada día nos enteramos de otra”.
Estas cifras son similares a las que recopila la organización no gubernamental Observatorio Nacional de Derechos Humanos, la cual reporta 297 presos políticos para el 29 de septiembre de este año. Esta ONG dispone en su página web de un listado con los datos de los detenidos por razones políticas y su lugar de detención. Por su parte, la organización no gubernamental Foro Penal reportaba 239 presos políticos para el 30 de junio este año.
Denegación de justicia y violaciones al debido proceso
Muchos de los casos de presos políticos no tienen aún sentencia y sufren una larga dilación injustificada por parte del sistema judicial venezolano. Existen demoras en los procesos, así como falta de presentación y diferimientos en tribunales. Al respecto, la abogada Tineo señala que “aunado a los problemas de detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, maltratos y torturas, a muchas de estas personas luego se les mantiene privadas ilegítimamente de libertad”.
Además, “tienen o pueden llegar a tener desde uno hasta seis años, sin que se establezca su responsabilidad en la comisión de un hecho punible. Allí el problema reside en que, tal como la ha señalado el segundo informe de la Misión Independiente de la ONU, el sistema venezolano de justicia lamentablemente no solo no opera a favor de la justicia, sino que hace parte en la ejecución del delito per se”.
De acuerdo con las estimaciones de Justicia Encuentro y Perdón, de los 314 casos de presos políticos actualmente solo 30,9 % ha sido sentenciado, mientras que el restante 69,1 % se encuentra en proceso. Además, según el Reporte de represión política en Venezuela: primer semestre de 2022, elaborado por Foro Penal, “actualmente en el país se encuentran en ‘prisión preventiva’ al menos 114 presos políticos privados de libertad; es decir, personas que han pasado más de 3 años presas sin una condena”. El informe señala como ejemplos al sargento del ejército Jairon Ely Villegas Moreno, detenido desde enero de 2017, así como los casos de Emirlendris Benítez, Yolmer Escalona Torrealba y José Eloy Rivas, quienes sufrieron un retardo procesal de cuatro años.
Condiciones de los centros de reclusión
Al menos 46 presos políticos se encuentran detenidos en El Helicoide bajo la responsabilidad del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) y 26 recluidos en Boleíta, en la sede bajo responsabilidad de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim). Estos dos lugares de reclusión fueron señalados en el último informe de la misión de la ONU como centros donde a los detenidos se les practican regularmente torturas y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes. Adicionalmente, respecto a las condiciones de reclusión en ellos, se puede leer en el informe de la ONU que en el Helicoide “los exdetenidos describieron las condiciones de detención como terribles, con celdas a menudo superpobladas muy por encima de su capacidad”, mientras que “las celdas en su mayoría carecían de luz natural y agua, y dado que a los prisioneros solo se les permitía una visita diaria al baño, muchos tenían que orinar en botellas de plástico”. Similares denuncias se hacen sobre Boleíta.
Otros 42 detenidos por razones políticas se encuentran recluidos en los centros penitenciarios de El Rodeo, Yare y La Pica. Estas cárceles comunes son consideradas de “alta peligrosidad” y en ellas los presos políticos se encuentran detenidos junto a condenados por homicidio o violaciones, lo cual pone sus vidas e integridad física en riesgo. Esta situación es todavía más grave, pues según el informe anual de 2021 del Observatorio Venezolano de Prisiones, en las cárceles del país el hacinamiento alcanza 159,09 %, sus infraestructuras y servicios están completamente deteriorados y los presos no tienen acceso a atención médica. De allí que el informe advierta que “los traslados a las cárceles del país de las personas privadas de libertad por motivos políticos de ningún modo les garantiza su integridad física ni mental, toda vez que la administración penitenciaria, como se ha desarrollado en el presente informe, no se hace responsable de la alimentación, la salud ni siquiera del derecho a la vida de sus internos”. Así lo confirma Tineo al explicar que “las condiciones de salud de los presos políticos es un tema grave, aun cuando la mayoría de los presos políticos han entrado a reclusión sin problemas de salud o patologías previas, hoy en día una gran proporción de ellos enfrentan un importante deterioro de salud y sufren enfermedades a consecuencias de las condiciones de reclusión, los tratos inhumanos a los que se ven sometidos día a día y la falta de atención medica”.
Como ejemplos extremos de esta grave anomalía, el referido informe del Observatorio de Prisiones señala los tres fallecimientos de presos políticos ocurridos en 2021: “el 3 de enero, el preso político e indígena pemón Salvador Franco falleció en el Rodeo II por cuenta de la falta de atención médica ante falencias (desnutrición) que venía presentando desde meses atrás. Posteriormente, en el mes de agosto falleció tras sufrir un paro respiratorio el Gabriel Medina Díaz, quien se encontraba recluido en La Pica y habría estado durante un mes en condiciones críticas de salud y sido trasladado a un centro hospitalario tras la presión ejercida por sus compañeros. Por último, en octubre muere Raúl Baduel, quien fuese ministro de Defensa de Venezuela y militar retirado, luego de sufrir un paro cardiorrespiratorio como consecuencia del covid-19”.
Situación de las mujeres presas por razones políticas
A pesar de la amplia protección internacional a favor de la mujer que incluye tratados como la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (Cedaw), las Reglas Mandela y las Reglas de Bangkok, el trato que el gobierno venezolano le da a las mujeres presas por razones políticas no es distinto al que le da a los hombres. De acuerdo con el informe Mujeres presas políticas en Venezuela, de las 19 mujeres políticas presas para el 2021, 84 % (16) fueron víctimas de tratos crueles, inhumanos, degradantes o torturas.
Tineo describe un caso que puede ser ilustrativo de la situación que podrían padecer las presas por razones políticas: “Tenemos a una mujer presa política, Emirlendris Benítez, ella es una muchacha sumamente humilde del interior del país. Fue detenida y desaparecida por más de 2 meses. Cuando a la detienen, no sabía lo que era un dron. No sabía ni siquiera el significado de la palabra magnicidio y por ese caso la detienen. Emirlendris tenía 3 meses de embarazo en el momento de su detención y según las denuncias recibidas la torturaron a tal punto que perdió su bebé en prisión. Mucho tiempo después fue que su familia pudo finalmente verla. La muchacha fue confinada en una celda de castigo llena de aguas negras, donde había ratas que mordían sus pies y piernas. Esa muchacha hoy en día prácticamente no puede caminar por falta de asistencia médica. Esa criatura ha sido condenada a 30 años de prisión”.
Extensión de la lista de los perseguibles por razones políticas
Otra muestra más del agravamiento en el uso del sistema penal para la persecución política es el hecho de que este mecanismo se viene extendiendo a sectores no políticos de la sociedad. En este sentido, la abogada Tineo explica que “bajo la premisa del enemigo interno, el gobierno empezó por perseguir y detener a dirigentes políticos. Posteriormente, su persecución se extendió a dirigentes estudiantiles, luego a dirigentes gremiales o sindicales y trabajadores de la prensa. Hoy día, incluso los defensores de derechos humanos pasamos a engrosar la lista de perseguibles. Por ejemplo, Javier Tarazona lleva un año y dos meses presos por defender derechos humanos. Gabriel Blanco, sindicalista y trabajador humanitario, actualmente está siendo procesado en un tribunal contra terrorismo”.
Perspectivas a futuro
Como bien señala el último informe de la Misión de la ONU, la violación sistemática de los derechos humanos en Venezuela no es solo un problema del pasado que se debe investigar, sino que sobre todo es un problema actual que debe ser enfrentado. Por ello, tal y como concluye Tineo, “a pesar de los esfuerzos que hemos realizado en defensa de los derechos humanos en Venezuela, tanto las ONG nacionales como organismos internacionales, los resultados obtenidos hasta el momento no han sido lo suficientemente satisfactorios y el empeoramiento de la situación de los presos políticos es una muestra de ello. A mi juicio, si realmente se quiere detener la violación sistemática de los derechos humanos en el país y evitar que estas prácticas se extiendan en la región, serán necesarias acciones más decididas y contundentes por parte de la comunidad internacional”.
