Hasta ahora habíamos asistido a una práctica de minería ilegal circunscrita solo al estado Bolívar mediante el desarrollo del Programa ecocida Arco Minero del Orinoco (AMO) en la Venezuela deplorable, coordinado y dirigido por un pranato que recibe órdenes desde la Presidencia usurpada. Pero, por la tragedia recién ocurrida en Las Tejerías, municipio Ricaurte del estado Aragua, ha quedado en evidencia clara e inobjetable, sobremanera, una actividad minera ilícita, no de yacimientos auríferos, sino de níquel, en plena zona protectora Laguneta de la Montaña, situación en la que se hallan involucrados representantes del oficialismo y un parentesco directo (NMG) con el usurpador en jefe. Fue así cómo debido a voladuras de la topografía, para la obtención del mineral, y la saturación hídrica del terreno coadyuvaron a que un dique de contención cediera ocasionando la riada junto con el derrubio de la ladera de los cerros y el saldo tan aflictivo que ya conocemos, momento cuando el narcorrégimen aprovecha a manera de precampaña electoral con miras a erigirse en actitud solidaria, incondicional y solapada, aunque ya sabía de la actividad furtiva mencionada, además de la instalación posterior y presuntuosa de comandos presidenciales hipermilitarizados que impiden el ingreso a la prensa y de cualesquiera tipos de asistencia, no visadas desde Caracas.
Situación análoga se ofrece por la vertiente norte del Parque Nacional Guaraira Repano sobre un espacio considerable de Galipán en virtud de la construcción del teleférico Warairarepano-Macuto, ejecución que, según lugareños, no se justifica e instalación de estructuras para módulos de defensa antiaérea ante una amenaza potencial de guerra asimétrica, tal y como el caso de la guerra de Irak (¿?).
