El pasado 28 de octubre el Procurador Especial, designado por la legítima Asamblea Nacional, Enrique Sánchez Falcón, se dirigió a ese órgano legislativo con el fin de señalar las consecuencias que traería para el país el cese de gobierno interino.
Recordó en su comunicación a los parlamentarios que la desaparición de la Asamblea Nacional legítima, en el caso de que los diputados no prorroguen su vigencia el próximo 5 de enero mediante una nueva modificación del Estatuto de la Transición, implicaría también la desaparición del Ejecutivo Interino y de todos los organismos que fueron creados desde el mes de enero de 2019.
El Procurador señaló que estos organismo son: “la Junta Administradora Ad Hoc de PDVSA, la Junta Administradora Ad Hoc del Banco Central de Venezuela, la Procuraduría Especial de la República y el Consejo Nacional de Defensa Judicial, la Contraloría Especial de la República, la Comisión Presidencial para la Administración del Gasto, las Juntas Administradoras Ad Hoc de instituciones autónomas como las del Bandes o de la Corporación Venezolana de Guayana, los Comisionados Presidenciales que pudieran subsistir, las representaciones diplomáticas o consulares designadas por el Gobierno Interino y las representaciones ante organismos internacionales como la Organización de Estados Americanos”.
Afirmó igualmente que “las directivas de los organismos integrantes de la cadena corporativa que se inicia con las Juntas Administradoras Ad Hoc no desaparecerían automáticamente, sino que el régimen de Maduro tendría la posibilidad de reclamar que esos organismos (PDVHolding, Citgo, por ejemplo) pasen a estar bajo su administración, sin que existiera ningún órgano del Gobierno Interino que pueda oponerse a esa pretensión”.
Además, indicó que al cesar la institucionalidad interina cesarán también los organismos que en nombre de esa institucionalidad puedan oponerse a los reclamos del régimen de Nicolás Maduro sobre bienes venezolanos depositados en el exterior. Entre estos bienes se encuentran 1.000 millones de reservas en oro pertenecientes al Banco Central de Venezuela que fueron colocados en custodia en el Banco de Inglaterra, y 1.543 millones de euros colocados por Venezuela en el banco portugués NOVOBANCO.
De lo expresado por Sánchez Falcón se concluye sin ningún género de dudas que si los diputados de la legítima Asamblea Nacional deciden autoliquidarse, y de esa manera extinguir al gobierno interino, los más de 50 países que han sostenido la legitimidad de la causa democrática venezolana quedarían en libertad, y además en la ´posibilidad, de actuar en función de sus intereses nacionales y de replantearse su posición frente a la dictadura.
En ese nuevo escenario Maduro podría obtener la titularidad de todos los recursos venezolanos ubicados en el extranjero. Y sería para él una victoria política que recibiría como generoso obsequio de año nuevo de los mismos diputados que en febrero de 2019 sancionaron la “Ley del Estatuto que rige la Transición a la democracia para restablecer la vigencia de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela”.
A partir de la aprobación de esa ley la comunidad democrática internacional representada en más de 50 países nos ha acompañado en el reconocimiento del gobierno interino y en el celoso resguardo de los bienes que nuestro país posee en el exterior.
Pero lo más significativo ha sido la lealtad de esos países amigos con las luchas de Venezuela por su libertad y democracia, y la solidaridad para con los millones de compatriotas refugiados fuera de nuestras fronteras debido a la crisis humanitaria severa causada por el totalitarismo del siglo veintiuno.
Y por supuesto destaca en esa lucha la actitud militante de la ciudadanía que con su presencia en las calles resistiendo a la represión legitimó al Estatuto de la Transición, cuyo objetivo es cumplir el artículo 333 de la Constitución que dice: “Esta Constitución no perderá su vigencia si dejare de observarse por acto de fuerza o porque fuere derogada por cualquier otro medio distinto al previsto en ella.
En tal eventualidad, todo ciudadano investido o ciudadana investida o no de autoridad, tendrá el deber de colaborar en el restablecimiento de su efectiva vigencia”.
Sin embargo, aquel empuje inicial del liderazgo opositor que fue acompañado por miles de compatriotas, muchos de los cuales perdieron su libertad o su vida, cesó paulatinamente por los errores y conflictos internos de los grupos partidistas, o por los distintos instrumentos de violencia del régimen, el acoso a la disidencia y las violentas acciones contra la propia Asamblea Nacional y demás instituciones fundamentales del interinato.
Y en las reuniones efectuadas en la ciudad de México entre los representantes del régimen de Nicolás Maduro y los partidos integrantes de la Plataforma Unitaria, comenzó a desmontarse a espaldas de los venezolanos la política concebida con el fin de derrotar la usurpación, constituir un gobierno de transición y realizar las elecciones libres que permitieran recuperar la democracia.
En cumplimiento de ese objetivo el 13 de agosto de 2021 en la capital azteca Jorge Rodríguez en nombre del Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, Gerardo Blyde en representación de la Plataforma Unitaria de Venezuela y Dag Nylander del Reino de Noruega firman un Memorando de Entendimiento en el que sus signatarios dicen colocarse “bajo el amparo de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela” y afirman estar “convencidos de la necesidad de poner el bienestar del pueblo venezolano en el centro de la atención”.
Se reconoce de esa manera a Nicolás Maduro como legítimo presidente de la República y se inicia, invocando a la Constitución, lo que llaman “un proceso de diálogo y negociación integral y pacífica”, en el que las partes “atendiendo a los valores superiores del ordenamiento jurídico del Estado venezolano” establecerán las reglas de la convivencia “con respeto absoluto por la Constitución nacional”.
Afirman además que esas negociaciones se realizan “atendiendo a los valores superiores del ordenamiento jurídico del Estado venezolano y de su actuación, que son los de la vida, la libertad, la justicia, la igualdad, la solidaridad, la democracia, la responsabilidad social y, en general, la preeminencia de los derechos humanos, la ética, los derechos humanos y el pluralismo político”.
Con esa declaración los mismos partidos que denunciaron la condición usurpadora del régimen, anuncian en México que en plan de iguales iniciarán con ese régimen la supuesta tarea de fortalecer “la democracia inclusiva, la cultura de tolerancia y la convivencia política”.
Sin embargo, a pocas semanas de invocarse tan idílicos propósitos el régimen se levanta airadamente de la mesa de negociaciones demostrando su verdadero talante. Y a pesar de ello, la representación de la Plataforma deja constancia de su interés en continuar los diálogos bajo las mismas pautas establecidas en el Memorando de Entendimiento.
Ahora esos diálogos se reanudarán precisamente cuando a la Asamblea Nacional legítima le toca decidir si el interinato continúa, o si los mismos partidos que lo crearon lo disuelven para resolver el destino del país en el cenáculo congregado en la capital mexicana.
Las patrióticas advertencias que el Procurador Enrique Sánchez Falcón ha formulado a los miembros de la Asamblea Nacional deberían llamar a reflexión a una dirigencia política obligada a defender la Constitución y la democracia, y a ser consecuentes con el país y consigo mismos en estas infaustas horas de nuestra historia.
