Con una hoja de servicios revolucionarios que exhibe 102 radioemisoras cerradas en lo que va del 2022, la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) puede ser declarada desde ya como el Depredador Mediático del Año, y no sólo de Venezuela, sino de todo el orbe.
En efecto, es difícil conseguir en otras latitudes una actuación de un organismo estatal que arremeta contra el ecosistema de medios como lo hace este creado por el régimen venezolano. Toda una política de Estado puesta en práctica siempre en la hora política más conveniente.
El cómputo actual lo arroja el Observatorio de Seguimiento de Agresiones a Periodistas y Medios, creado y dirigido desde la Seccional del CNP Distrito Capital en 2009, según el cual de esas 102 emisoras solamente dos pudieron «milagrosamente» volver al aire.
Pero son varios los organismos dedicados en Venezuela al registro de esta accionar estatal que sin tregua ni contemplaciones ha ido reduciendo de manera brutal el espectro radioeléctrico nacional.
La profesora Luisa Torrealba, del Instituto de Investigaciones de la Comunicación (Ininco), destaca que los pocos datos oficiales que suministra el Estado se conocieron en el Examen Periódico Universal (EPU) de las Naciones Unidas. Así, en el 2019 existían en Venezuela 1.161 radioemisoras, de las cuales 934 eran FM y 182 AM. Hoy tenemos que desde el 2003 a la fecha han desaparecido por la acción “administrativa” del Estado 335 emisoras.
A ello agrega que la integración de Conatel no es un organismo plural, como es común y aceptado hoy día por los estándares de las sociedades democráticas, y que eso le permite a ese organismo manejarse con una opacidad total y discrecionalidad sin límites.
Para colmo, Conatel no sólo va devastando el espectro radial venezolano, sino que no otorga nuevas concesiones ni las renueva, al mismo tiempo que el Estado venezolano ha potenciado su control sobre otros sectores mediáticos, como la televisión, y los medios impresos, donde sólo los del régimen o los de sus muy selectos y escasos aliados reciben papel periódico.
Se suman agravantes. La información que tiene el Colegio Nacional de Periodistas del Distrito Capital es que se han fijado en 10 mil dólares el monto para solicitar el otorgamiento de una concesión. Costo prohibitivo para quien crea un medio sabiendo que después se encontrará con la sequía de las fuentes de inversión publicitaria en un país cuya economía marcha sigue dando tumbos. La industria de la comunicación, con muy raras excepciones, ya prácticamente no es rentable en Venezuela.
Los cierres por estado, según esta última organización, abarcan casi todo el territorio nacional, pero se concentran en estados fronterizos como Zulia con 31 y Táchira con 13, precisamente donde la ciudadanía depende más para informarse del medio radial. Los venezolanos de esas zonas deben acudir a los medios de Colombia, en lugares donde la señal de internet es prácticamente inexistente.
De los 400 miembros que tuvo la Cámara Venezolana de la Radiodifusión hoy se ha reducido a 200. El organismo emitió un comunicado donde calificó a las radioemisoras cerradas de “clandestinas”.
Lo curioso es que varias de ellas llevaran años trabajando, muchas veces esperando una solicitud de renovación que no es contestada. A veces la concesión no ha sido otorgada, pero durante el tiempo de espera se les cobra el impuesto a los solicitantes!
Ya es rutinario que el régimen siempre coloque al objeto de sus medidas como el infractor. Eso es una constante. Siempre el trasgresor es el otro, todos «se comen la luz» y son castigados de acuerdo a la impecable acción del sector oficial. ¿Quién se lo discute?
A nadie escapará que la degollina radial ejecutada por Conatel llega en un momento preelectoral, donde está a las puertas las primarias de la oposición y cuando el régimen se dedica a hablar, posiblemente para generar confusión y desconcierto, de un adelanto de las elecciones presidenciales.
La magnitud de la masacre que viene perpetrando Conatel contra las radioemisoras venezolanas cobra mayores dimensiones a la luz de una reciente encuesta de Consultores 21, según la cual el 66 % de los venezolanos prefiere informarse a través de la radio.
La mudez, el silencio, el acallar las voces discrepantes, sofocar a la oposición, hacer nula cualquier visión de la realidad que contraríe la visión oficial que difunde la permanente campaña propagandística del régimen, seguir aumentando el ventajismo electoral. No hay otro objetivo. El costo medido en retroceso democrático es incalculable y tardará en revertirse. Ojalá llegaran pronto los avances tecnológicos que saltarán esos escollos.
Exsecretario general del SNTP.
