El 14 de diciembre de 1922 se produjo una erupción en el Zulia. No fue de lava, sino de un producto que ha signado la vida de los venezolanos durante los últimos cien años y que acaparó la atención de un mundo que, después de la primera Guerra Mundial, se había percatado de la importancia geopolítica de esa fuente de energía. Ya no eran los pocos barriles de petróleo que producía la Petrolia del Táchira desde 1878. Tampoco los algo más de doscientos barriles por día del pozo Zumaque, perforado en 1914. Esta vez, la enorme presión de gases en el pozo Los Barrosos, hizo brotar miles de barriles del llamado oro negro antes de ser controlado. ¿Qué hicimos con ese regalo que nos dio la naturaleza y que fue posible extraer y refinar por el ingenio y trabajo de unos pocos? ¿Aprendimos alguna lección?
El negocio petrolero empezó mal para los venezolanos. La zarabanda de las concesiones, como las llamó Betancourt, no fue el inicio de la corrupción en estos lares, pero la misma llegó a niveles nunca vistos. De un lado, un grupo de allegados a Juan Vicente Gómez se enriqueció, al traspasar a las compañías extranjeras las concesiones obtenidas solo por jalar mecate al dictador. Del otro, las empresas invadieron tierras de nuestros compatriotas de la tribu barí, eludieron pagos de impuestos y trataron mal a sus trabajadores.
Gradualmente, las compañías extranjeras cambiaron positivamente sus políticas. Ello fue posible no solo por la evolución de los tiempos, sino también por presión de sus trabajadores y de un grupo de profesionales encabezado por el ministro Gumersindo Torres y, posteriormente, por muchos otros. Sin mezquindad, hay que reconocer que cuando esas empresas abandonaron el país en 1975, dejaron un legado importante. Formaron recursos humanos, crearon una cultura de dedicación al trabajo, realizaron donaciones para la construcción de escuelas y vías de comunicación, construyeron hospitales y Medicaturas Rurales, crearon Fundaciones y aportaron cuantiosos recursos al fisco en impuestos y regalías.
Casi todos aplaudimos cuando las obligamos a irse. Pensamos que ya no las necesitábamos para explorar, extraer y refinar el crudo. Lo cual era cierto. Teníamos debilidades en tecnología y comercialización, pero eso se solucionó con convenios, mientras adquiríamos esas experticias. Nos frotamos las manos al creer que habíamos hecho un buen negocio, ya que solo las compensamos con unos 117 millones de dólares en efectivo y 937 millones en bonos de la deuda a cinco años. Lo que pocos advirtieron era que, en manos del Estado, la industria petrolera era un manjar demasiado atractivo para muchos.
Recordemos que, antes de la nacionalización o estatización, estaban operando 19 empresas extranjeras y tres venezolanas. Reducir gradualmente estas empresas a solo Maraven, Lagoven y Corpoven fue un trabajo bien hecho y la transición no fue traumática. Sin embargo, por ser empresa del Estado, se protegió a los trabajadores y, cuando posteriormente se fusionaron las tres operadoras citadas, era todavía más notorio el exceso de personal. Se diseñaron incentivos para que algunos se retiraran voluntariamente, pero eso no fue suficiente y, además, se retiraron algunos que no convenía. La situación se manejó muy bien desde el punto de vista humano, no así desde la perspectiva de negocio. Se esté o no de acuerdo, una empresa privada hubiese hecho recortes drásticos. De todas maneras, en esta etapa meritocrática Pdvsa funcionaba bien. Creaba valor.
Ahora bien, debemos reconocer que los gobiernos que han administrado los cuantiosos recursos que han ingresado no lo han hecho bien. Nunca han entendido que su misión es atender la educación, salud, seguridad e infraestructura, así como crear las condiciones de seguridad jurídica y de incentivos fiscales para promover la inversión privada nacional y extranjera.
Cierto que no todo ha sido malgastado. Se invirtió en la construcción de escuelas, universidades y vías de comunicación. Se formaron recursos humanos y mejoró el área de salud preventiva. Sin embargo, el medio rural no fue bien atendido; escuelas y liceos no contaron con los recursos necesarios para impartir una buena educación. Ni los estudiantes, ni las maestras disponían de medios de transporte. Los pacientes debían llevar las medicinas a hospitales y medicaturas. Todavía hay estados en los que hay muy poca actividad económica y dependen de los aportes del gobierno central.
Los gobiernos, unos más, otros menos, favorecieron un capitalismo de Estado. Crearon empresas y las quebraron. Al respecto, hay que recalcar que en nuestro sistema educativo prevalecen maestros y profesores que enseñan que el sector privado es malo y, por ello, el Estado debe manejar empresas propias y establecer todo tipo de controles para el resto. Desde luego que no todo lo privado es bueno, pero es asunto de establecer reglas claras. Tradicionalmente, el sector gubernamental ha sido fuente de corrupción al establecer peajes para el otorgamiento de permisos o contratos.
Tenemos la oportunidad de cambiar. Los demócratas disponemos de un Plan País para un nuevo gobierno. También de recursos humanos calificados, aunque estos están disminuyendo por efecto de la edad y migración. El petróleo seguirá siendo importante por unas dos generaciones. Si no aprovechamos ese tiempo para formar buenos ciudadanos, incentivar que el sector privado participe en petróleo, otras fuentes de energía, hierro, aluminio y telecomunicaciones, así como en favorecer el desarrollo de la agricultura y otros sectores de la economía, corremos el riesgo de seguir como estamos, es decir, de vuelta al año en que el Barroso creó una ilusión de riqueza.
Como (había) en botica: Como respetamos y apreciamos a la gente de ANCO y de Vente, nos permitimos sugerirles que moderen sus descalificaciones hacia otros grupos de la oposición. Recuerden que después de las primarias seremos un solo equipo. Rechazamos la decisión del tribunal rojo que impuso a Laidy Gómez una compensación de doce millones de dólares por supuestos daños morales a Freddy Bernal. ¡No más prisioneros políticos, ni exiliados!
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