Gozozamente, supimos de la “licencia limitada” de Chevron Corp a objeto de que reiniciara sus actividades mediante administración de la empresa mixta Petropiar (mejorador de crudo extra-pesado) con participación de casi un 30 por ciento de su capital, lo que posibilitaría nuestra reinserción en el mercado internacional, competir con otros crudos y hasta alcanzar de un siete a ocho por ciento de PIB petrolero para 2023, según expertos en la materia. Tal decisión impactó en el sector y áreas pertinentes que las transnacionales Repsol y ETI se apercibieron para ir a la zaga de Chevron y, así, incorporarse a nuestra crítica producción petrolera. No obstante, el 16/12 la Cámara de Representantes de EEUU (senado) aprobó un Proyecto de Ley que prohíbe a las agencias federales cualquier negociación con el régimen de Nicolás Maduro por arbitrario y amenazante para la seguridad nacional hemisférica.
No obstante, con todo el respeto que pudieran merecerse o no los señores representantes de dicho cuerpo legislativo, estimamos tal instrumento de adefesio jurídico, paradójico, lerdo, burlesco, desfasado e ininteligible ante los intereses comerciales (compra) de hidrocarburos a Venezuela, pues se sabe que el presidente Biden apela por la reserva estratégica de petróleo a objeto de mitigar los costos tan elevados de la energía ya que las expectativas con el WTI y el Brent del mar del Norte, merman por agotamiento.
En verdad, tal hecho, análogo a un floripondio, nos trastoca y hace proclives a dudar de las “formalidades” aparentes del imperio. Entonces, ante tal dilema precisamos de un juicio sesudo, puesto sobre los objetivos energéticos a los cuales se contrae la gracia otorgada a Chevron y, por extensión, a Venezuela y sus residentes.
