Resulta pertinente insistir que sigue la política de destrucción de la propiedad en Venezuela, a pesar del cambio del patrón de actuación del Estado. Esto no ha dejado de ser tendencia desde el año 2005, pero la lectura de ciertos episodios nos pudiera llevar a olvidarlo.
En este sentido, a partir de una descripción de lo que ha sido el entorno legal y sus tendencias en Venezuela en 2022 elaborada por Carlos García Soto [1], nos gustaría proponer otra lectura, una en la que hemos insistido desde el Observatorio de Propiedad.
De este modo, tomo como ejemplo tres de estas tendencias:
Política fiscalizadora
Según el profesor García Soto «una de las características del modelo económico por varios años fue la política fiscalizadora sobre distintos sectores de la economía (…) En los últimos años las fiscalizaciones han disminuido sensiblemente…».
Ciertamente las fiscalizaciones han disminuido de manera significativa los últimos años, aunque el fundamento legal de las mismas se mantiene, tal como advierte García Soto.
Sin embargo, se ha venido aplicando de forma selectiva y a capricho. Se fiscaliza a modo de escarmiento para que no olvidemos que este «poder» todavía lo tienen y que no dudarán en usarlo.
Recordemos cómo el año pasado una reconocida cadena de medicamentos se vio obligada a bajar precios, idear un método de vuelto en divisas y asegurar la operatividad de un mayor número de cajas (ver: https://www.elnacional.com/economia/farmatodo-acuerda-con-el-regimen-tener-vuelto-en-divisas/). Esto no ocurrió con otras cadenas, fue de forma selectiva, como un statement.
Que haya disminuido la intensidad de las fiscalizaciones no le resta peso a esta medida dentro de la política sistemática de destrucción de la propiedad. Sólo cambian las formas, pero sigue la imposición arbitraria sobre el ejercicio de la libertad económica y de la propiedad.
Política expropiatoria
En el reporte de García Soto se advierte que «Otra característica del modelo económico aplicado en el país fue la intensa política expropiatoria, que dio lugar a más de 150 Decretos de Expropiación entre 2005 y 2013 (…) Tal política masiva de expropiaciones se detuvo hace varios años. En los últimos tres años el presidente de la República prácticamente no ha dictado Decretos de Expropiación».
También es cierto que ha habido una disminución de los decretos de expropiación pero los expolios, esto es, despojos de la propiedad sin las debidas garantías constitucionales no han cesado.
Los decretos de expropiación fueron muy comunes en los primeros años. Pero no olvidemos que la expropiación, como garantía constitucional de la propiedad, fue desnaturalizada poco a poco al desfigurar por completo los procedimientos administrativos convirtiéndola en sanción administrativa hasta llevarla a burdos expolios.
La expropiación es el perfecto ejemplo del desarrollo de la política de destrucción de la propiedad, primero al aplicarse a un gran número de casos; luego reformando sus procedimientos; posteriormente convirtiéndola por ley en una sanción administrativa y finalmente reducida a expolio y ejemplo de la neolengua propia del régimen.
Restitución de activos expropiados
Otra tendencia fue la supuesta restitución de activos expropiados y en su reporte, Carlos García Soto indica que «(…) en los últimos meses desde la Asamblea Nacional y desde el Ejecutivo Nacional se ha promovido la restitución de activos que habían sido expropiados a inversores extranjeros y nacionales (…) Caso emblemático fue la reciente restitución del Centro Comercial Sambil de La Candelaria, a sus propietarios».
