Desde principios del siglo XX, la temperatura media de la superficie de la Tierra ha venido aumentando a una velocidad sin precedentes, por lo menos en relación con los últimos veinte mil años. La Organización Meteorológica Mundial(OMM) señaló en su informe “Unidos por la Ciencia” en junio de este año que “los años comprendidos entre 2015 y 2021 fueron los siete años más cálidos de los que se tiene constancia. Se estima que la media correspondiente a 2018–2022 de la temperatura media global se sitúa 1,17 °C por encima de la media de 1850–1900”.
El aumento de temperatura global ha venido ocasionando cambios significativos en los patrones del climamundial, así como alteraciones importantes en los ecosistemas del planeta, lo cual supone grandes riesgos potencialmente irreversibles tanto para la humanidad como para el resto de las formas de vida de la Tierra.
Consecuencias desproporcionadas del cambio climático
Los efectos negativos del calentamiento global y del cambio climático se distribuyen de forma desigual entre las regiones y países del mundo. Según se señala en el estudio “Perspectivas Económicas de América Latina 2022: hacia una Transición Verde y Justa”, publicado por la CEPAL, OCDE y otras organizaciones internacionales, “América Latina y el Caribe (ALC) sufre de forma desproporcionada las consecuencias del cambio climático: 13 de los 50 países más afectados por el cambio climático en el mundo pertenecen a la región. El número de fenómenos meteorológicos extremos relacionados con el clima en ALC aumentó en promedio en la mayoría de los países entre 2001 y 2022 en comparación con las dos décadas anteriores”.
Venezuela no posee políticas frente al cambio climático
Desde la Cumbre de la Tierra, realizada en 1995 en Río de Janeiro, los países miembros de las Naciones Unidas han venido suscribiendo un conjunto de compromisos e iniciativas para luchar contra el cambio climático global y sus perniciosos efectos. Venezuela, como país miembro de este organismo multilateral, tiene el deber de contribuir, dentro de sus posibilidades, con esta lucha que afecta a todo el planeta. Sin embargo, de acuerdo con el criterio de múltiples organizaciones académicas y ambientalistas venezolanas, más allá del discurso y algunas iniciativas puntuales, hasta el momento las ejecutorias del Estado venezolano en esta materia dejan mucho que desear.
La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales de Venezuela advirtió en días pasados que “Venezuela permanece sin un marco nacional de políticas y estrategias frente al cambio climático”, lo cual la coloca en una posición más vulnerable y menos resiliente frente a los impactos de este fenómeno mundial. La escasa data oficial en esta materia es uno de los factores más evidentes de la ausencia de políticas estatales frente al cambio climático.
Venezuela posee sobre el tema ambiental un amplio conjunto de regulaciones constitucionales, legales, administrativas e internacionales, compuesto por 28 leyes, 55 decretos presidenciales, 6 resoluciones ministeriales y 47 instrumentos internacionales. Esta extensa normativa podría dar la impresión de que la materia ambiental se encuentra debidamente normada. Sin embargo, según advierte la ONG Acceso a la Justicia, Venezuela se encuentra en mora respecto a los diversos tratados y acuerdos desarrollados en el ámbito internacional y, en concreto, en el entorno continental americano.
El Estado venezolano no ha promulgado la Ley de Cambio Climático. Tampoco ha suscrito el Acuerdo de Escazú, el cual es el primer tratado regional sobre derechos humanos y ambiente. El Estado venezolano también se abstuvo de suscribir varios de los acuerdos de la COP26 de Glasgow, tales como el acuerdo para frenar la deforestación y la degradación de los bosques globales, o el acuerdo sobre la reducción del carbón como fuente de energía y el de reducción de emisiones de metano. Por el contrario, según denuncia el Observatorio de Ecología Política, el régimen de Nicolás Maduro ha venido promulgado en estos últimos años un conjunto de normas como la Ley Antibloqueo (octubre de 2020) y la Ley de Zonas Económicas Especiales (julio de 2022) “que favorecen tanto las actividades extractivas en todo el país como su operación sin controles ni interpelación social o política”.
Un modelo de desarrollo contaminante
De acuerdo con las Naciones Unidas, “los combustibles fósiles (carbón, petróleo y gas) son, con diferencia, los que más contribuyen al cambio climático mundial, ya que representan más del 75 % de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero y casi el 90 % de todas las emisiones de dióxido de carbono”.
Aunque Venezuela no aporta la misma cantidad de gases contaminantes a la atmósfera que otras naciones con una industria más desarrollada, no puede desentenderse de una lucha que requiere la colaboración de toda la comunidad internacional, máxime siendo un país cuyo desarrollo se ha sustentado fundamentalmente en la industria petrolera. Sin embargo, hasta la fecha no existe en Venezuela una política estatal para la reducción de los gases de efecto invernadero.
Según el ya citado informe “Perspectivas económicas de América Latina 2022”, Venezuela tuvo entre los años 1990 y 2019, junto con Brasil, México, Argentina y Colombia, niveles de emisiones más altos que otros países de América Latina y el Caribe. La profunda crisis económica que ha sufrido el país desde el 2017, sumada a la pandemia de COVID del año 2020, llevaron al país a reducir sus niveles de emisión de gases invernadero durante los últimos cinco años. Sin embargo, según los datos proporcionados por la organización Climate TRACE, Venezuela se mantenía para el año 2021, con un aporte del 0,44% de las emisiones globales totales, dentro del grupo de países con las emisiones más altas de gases contaminantes de la región, después de Brasil, México, Argentina y Colombia. Esta situación es muy ilustrativa respecto del modelo de desarrollo contaminante que impera en el país. El “Reporte Global de Desarrollo Sostenible 2020” ubica a Venezuela en el puesto 118 entre 166 países del mundo, con un puntaje de 61.7, diez puntos por debajo del puntaje regional que se ubica en 70.4.
Por ello, el Observatorio de Ecología Política de Venezuela sostiene que “el gran desafío del petroestado venezolano consiste en asumir su cuota de responsabilidad ambiental. Como productor de hidrocarburos, debe iniciar y acelerar el gran viraje hacia un nuevo modelo de desarrollo, que no se encuentre anclado únicamente a las industrias extractivas, que sea menos contaminante, que se oriente a la economía circular y sea más compatible con el efectivo ejercicio de los derechos humanos de las presentes y futuras generaciones”.
Minería indiscriminada acelera de forma desmesurada tasa de desforestación
Alrededor de un quinto de las emisiones de gases de efecto invernadero, generadores del cambio climático en el mundo, son producidas por efecto de la deforestación. entre los años 2001 y 2020, Venezuela perdió 2,2 millones de hectáreas de sus bosques. La tasa de deforestación en Venezuela, aunque relativamente menor a la de otros países amazónicos, es alta y se ha venido acelerando en estos últimos años. Durante el período 2016-2020, según el informe de agosto de 2022 del Observatorio de Derechos Humanos Ambientales Clima 21, elaborado con datos provenientes de la organización Global Forest Watch, la superficie de bosque deforestado alcanzó 157.307 hectáreas por año en promedio, convirtiendo a Venezuela en el país que perdió más bosques naturales en toda la región.
Para el Observatorio de Ecología Política de Venezuela, las principales causas de la deforestación en el país han sido la ausencia de regulaciones y gestión ambiental que han dejado muy desprotegidos a las zonas boscosas, así como el cambio de uso del suelo debido a la actividad agropecuaria y minera. Esta última causa ha venido cobrando mucha relevancia en los últimos años.
Durante el periodo 2016-2020, según el referido informe de Clima21, el 63% de la desforestación en el país se concentró en los estados Bolívar, Zulia, Mongas, Amazonas y Anzoátegui. De ellos, Bolívar y Amazonas vienen sufriendo desde el 2016 las perniciosas consecuencias de la política extractivista indiscriminada denominada “Arco Minero del Orinoco”. Esta política del Estado venezolano no solo es inconstitucional y violatoria de los convenios internacionales de protección al ambiente suscritos por Venezuela, sino que además ha venido destruyendo, quizás de manera irreversible, los ecosistemas de la reserva ambiental más importante del país y una de las más importantes del mundo.
A través de imágenes satelitales, la ONG “SOS Orinoco” ha detectado en ese sector más de 900 focos mineros extendidos en un área que cubre 86,600 hectáreas. Esta ONG señala que desde el año 2000 hasta finales del 2020, la superficie del bosque en el Arco Minero se ha reducido en 7,6%, equivalente a 520.900 hectáreas. Entre los años 2015 y el 2020, la disminución fue de 230,121 hectáreas, lo que representa la mayor pérdida de bosque entre los periodos quinquenales estudiados. Este grado de deforestación equivale a la emisión aproximada de 162 millones de toneladas de CO2.
El cambio climático ha impactado negativamente el PIB
Con miras a la elaboración del Segundo Reporte Académico de Cambio Climático de Venezuela, la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales de Venezuela (ACFIMAN) ha venido recopilando y analizando las investigaciones más relevantes sobre la situación ambiental del país llegando a las siguientes conclusiones preliminares respecto al impacto económico del cambio climático en Venezuela:
Estudios e investigaciones recientes han encontrado que existe una relación no lineal a nivel global entre la productividad y la temperatura. Para el caso específico de Venezuela, el aumento de la temperatura media global entre el 2010 y el 2020 habría contribuido por sí sola a una reducción entre 0,97 % y 1,30 % del producto interno bruto (PIB) per cápita en Venezuela. Se estima que para el año 2030, el cambio climático habrá ocasionado una pérdida del 10% del PIB de Venezuela. Para el 2080, de continuar esta tendencia, el cambio climático produciría una pérdida superior al 25% de la producción de los cultivos venezolanos.
Estas predicciones desfavorables, así como las tragedias de deslave en el Estado Vargas de 1999 o la reciente en la ciudad de Tejerías, son una dolorosa advertencia para que el Estado venezolano deje de utilizar la lucha contra el cambio climático solo como bandera discursiva internacional. Tiene el Estado venezolano la obligación de asumir su cuota de responsabilidad en la crisis ambiental del país, rectificar y comprometerse realmente con un modelo de desarrollo que proteja al ambiente.
