La justicia es la reina de las virtudes republicanas, y con ellas se sostienen la igualdad y la libertad. Simón Bolívar.
Para hablar de la Justicia comenzando el año 2023, debemos dar su concepto claro, conciso y breve. Viene de un principio moral que inclina a obrar y juzgar respetando la verdad y dando a cada uno lo que le corresponde. Esos principios en nuestra Carta Magna que consagra en su parte dogmática, interfieren y perturban todos los dispositivos legales que conforman el ordenamiento jurídico vigente de Venezuela; en efecto, uno de los principios que más conmoción causa en su acontecer judicial, es el de la gratuidad de la justicia. Que al llevarlo a la realidad eso es absolutamente incierto y no se practica. La justicia está en emergencia, es violada a cada rato por algunos de sus hacedores de la justicia como los jueces y las críticas hacia ellos se ven afuera de los pasillos de los tribunales que operan en el país, A casi un año de la instalación de la actual Junta Directiva del Tribunal Supremo de Justicia, aún retumban las pétreas palabras del diputado barinés Pedro Carreño Escobar en el que fue su último programa televisivo “Desenlaces”, en marzo de 2022; y todavía no se realizan los cambios de quienes “administran” justicia en la jurisdicción civil de los tribunales del país, tan anhelados por los justiciables de a pie; por lo que la situación particular del Poder Judicial en el estado Yaracuy, sigue siendo caótica, por decir lo menos.
Particularmente en dicha jurisdicción, los jueces de la región siguen impregnados de una extrema flojera, de una sempiterna desidia, y se niegan a trabajar con el ahínco, la dedicación y la responsabilidad que requiere la justicia venezolana; y al propio tiempo, se rehúsan a estudiar, a instruirse, con lo cual terminan haciendo el triste papel de exhibir una inexcusable ignorancia en cuanto al ordenamiento jurídico se refiere; y son cada vez más impúdicos los casos en los que se patentiza esa indocta conducta, llegando -verbigracia- no pocas veces al extremo de intervenir descaradamente en los juicios que tienen bajo su conducción como si fueran parte litigante, vertiendo en esos procesos situaciones de hecho que les consten por ser vecinos o amigos de las partes contendientes.
La excusa que dan la mayoría de esos iletrados, son los bajos sueldos que perciben, no obstante que los de ellos están muy por encima del promedio de los que perciben la mayoría de los empleados públicos de las otras ramas del Poder Público; y ni hablar de su superioridad en relación al salario mínimo nacional y a los montos de las jubilaciones y pensiones que reciben los funcionarios judiciales pasivos.
A la sazón, con ello desdicen del principio dispositivo o de verdad procesal que informa al Derecho Procesal Civil y que forma parte del debido proceso, instituido en el artículo 12 del Código de Procedimiento Civil, según el cual, en sus decisiones el Juez debe atenerse a las normas del derecho y a lo alegado y probado en autos, sin poder sacar elementos de convicción fuera de éstos ni suplir defensas, excepciones o argumentos de hecho no alegados ni probados.
Además, con ese espurio accionar quebrantan consuetudinariamente el principio de legalidad instituido en el artículo 7 del mencionado código adjetivo, por el cual están obligados a realizar los actos procesales en la forma prevista en ese texto legal y en las leyes especiales.
Es por esa constante, que nos dimos a la tarea de realizar una acuciosa revisión de la página Web: (http://yaracuy.tsj.gob.ve/decisiones/instituciones.asp?instituto=1212&id=023&ano=2022), de donde encontramos, por ejemplo, que el Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Yaracuy, a cargo de la jueza temporal Inés Mercedes Martínez Regalado, durante el pasado 2022 tan sólo dictó la cantidad de 92 sentencias; lo que significa que durante los aproximadamente 200 días de despacho del año, apenas tuvo el pírrico promedio de 0,46 sentencias por día, es decir, ni siquiera la mitad de un fallo judicial por día de despacho… Más flojera, desidia, apatía e irresponsabilidad, imposible.
Pero el asunto no termina allí: de esas 92 sentencias del año 2022, 35 de ellas (el 34%) fueron sobre inhibiciones y recusaciones para decidir que esa misma jueza y otros los jueces de esa región, terminarán por no conocer -o por no trabajar- algunos de los casos que ya habían recaído en sus personas.
De acuerdo con nuestra Carta Marga, el ejercicio de la función pública genera responsabilidad; y si a los “togados” del Poder Judicial de Yaracuy no les satisfacen sus salarios, no les agrada que sean auditadas sus gestiones, que sea exhibido su deplorable actuar en la judicatura civil, que sean expuestos a la censura pública por los justiciables y el resto de los integrantes del sistema de justicia, pues la tienen muy fácil: renuncien a esa función pública; y den paso a otros, quienes teniendo verdadera vocación de servicio público, responsabilidad, sensibilidad social y compromiso con la delicada misión de administrar una justicia idónea, proba, imparcial y transparente, si están dispuestos al apostolado del ejercicio del poder judiciario. Recuérdese que, cónsonos con la doctrina del Libertador Simón Bolívar, la justicia es la primera necesidad del Estado; con ella quedarán a cubierto los derechos de todos, y los méritos de los ciudadanos no serán hollados por la arbitrariedad de ningún jefe militar o civil (Cuartel General de Angostura, octubre 30 de 1817).
Lo que he comentado en esta paso en el año 2022, en algunos tribunales civiles del país, lo pongo al público presente siguiendo el ejemplo como lo hicieron una vez los periodistas Bob Woodward y Carl Bernstein del diario The Washington Post en el Caso Watergate, un escándalo que provocaría la única destitución del primer mandatario de Estados Unidos de aquel entonces Richard Nixon. Todo fue producto de un informante que los periodistas llamaban “garganta profunda”, y se logró su objetivo en sacar la verdad en forma objetiva y veraz… Para este tema tan importante y reflexión invocó lo que dijo nuestro colega abogado colombiano, el Doctor Aberlardo De La Espriella (https://www.youtube.com/watch?v=5AGfk7aPsFU), en un discurso en el Congreso de Colombia: “el peor de todos los delincuentes es el funcionario judicial, quien desconoce la ley para fabricar pruebas y perseguir a un inocente, ese es el peor bandido de todos, peor que los narcos, que los paramilitares, que la guerrilla. Porque el funcionario judicial está obligado a acatar la ley. El funcionario judicial representa el espíritu de la nación y la democracia. Estos políticos de pacotilla que nos gobiernan se pueden enloquecer todos, pero los jueces no se pueden enloquecer porque son nuestra consciencia son el alma de nuestra sociedad…”
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