En la nueva era de las relaciones colombo venezolanas, varias fechas serán importantes al estudiar y hacer balance de 7 años de ruptura oficial, pero -paradójicamente- años de estrechos vínculos que no se pararon por trochas, ramales, caminos, veredas, ríos y puentes no oficiales, probando que “la frontera siempre ha estado integrada y los gobiernos han sido los encargados de separarlos” como lo afirma la doctora Marleny Bustamante del Centro de Estudios de Frontera de Integración -CEFI- de la Universidad de los Andes, en cuyos espacios se elaboró en 2006 la propuesta de definición y delimitación de la zona de integración fronteriza.
Recordemos: El 15 de agosto de 2015 el Gobierno nacional decretó el Estado de Excepción en los municipios fronterizos obligado a enfrentar la silenciosa invasión paramilitar colombiana que ocupaba áreas urbanas de San Antonio, deportando a los invasores del vecino país.
El 10 de enero de 2019 el gobierno de Duque, siguiendo órdenes del ministerio de colonias gringo rompe las relaciones existentes; desconoce el nuevo mandato del presidente Nicolás Maduro, ganado en las elecciones del 2018, y luego reconoce al “interino autonombrado” permitiendo que la oposición golpista realizara actos de latrocinio y corrupción contra las inversiones de Venezuela en territorio neogranadino.
El 23 de febrero de 2019 -día miserable en la historia de Colombia- el gobierno títere de Iván Duque al servicio de la agresión de EEUU y aliado del narcotráfico, en abierta violación de los principios básicos del Derecho Internacional Público, se prestó para invadir el territorio patrio, siendo derrotado por el pueblo venezolano en la “guerra de los puentes”.
El 26 de septiembre de 2022, Nicolás Maduro y Gustavo Petro anunciaron la reapertura de la frontera y el compromiso de restablecer las relaciones de hermandad, terminando con el aislamiento y la confrontación, inducida por el agresor Estado norteamericano.
El 1° de enero de 2023 es el punto de partida de la nueva historia, que algún día narrará el desaguisado causado hasta el 7 de agosto de 2022 por el forajido gobierno colombiano y hará el listado del daño causado a las intrincadas relaciones afectivas, culturales, sociales, económicas, históricas construidas por siglos como proyecto de vida común en los ámbitos espaciales del Táchira con el Norte de Santander.
Esta experiencia debe ser el referente que oriente a ambos gobiernos para sentar las reglas de juego sobre las que se cimentará la nueva relación. Se trata justamente de un nuevo modo de relación, orientado por los deberes de cooperación, solidaridad recíproca, asistencia bilateral y consolidación de la “frontera integrada” que ambos gobiernos están obligados a aplicar ante la nueva realidad política latinoamericana y mundial.
Las nuevas relaciones deberán consolidar los avances existentes en la realidad común que nos amarra, haciendo hincapié en resolver rápidamente los asuntos que causan ruido. Derogar la Resolución N° 8 del año 2000 del Banco de la República de Colombia, es uno de ellos. Instrumento normativo ideado por la delincuencia financiera para perjudicar al bolívar (solo se aplica en la frontera) permitiendo a las casas de cambio de Cúcuta establecer el valor de las divisas, al margen del valor oficial establecido por el mismo banco para todo el territorio colombiano, lo cual deterioró inclementemente el valor de la moneda venezolana y su libre circulación en la zona fronteriza. El gobierno de Petro está en el deber ético de hacerlo.
Sean cuales fueren las razones que generen diferencias entre ambos gobiernos, el proyecto de vida en común en la frontera integrada Táchira – Norte de Santander no tiene por qué verse afectado. Llegó la hora de revisar bibliotecas y archivos oficiales para evaluar las propuestas de los centros de investigación académica dedicados al estudio de la frontera; valorarlos y ponerle voluntad política a lo que pudiera ser -oficialmente- la zona de integración fronteriza Táchira – Norte de Santander
Ingeniero industrial, agricultor urbano.
