Si no fuera por las multitudes de docentes que desde el lunes 9 de enero pasado tomaron las calles de Venezuela para protestar contra el salario de hambre que la dictadura de Maduro les ha fijado en 30 dólares mensuales, podría establecerse que la entronización del sistema socialista en el país sigue sin mayores perturbaciones y que dentro de poco seremos una segunda Cuba aunque con vías de escape que incluyen la frontera terrestre y los vuelos aéreos.
Pero hay también focos de enfrentamientos y revueltas en la llamada “Zona de Hierro,” que tienen como centro a la ciudad de Puerto Ordaz o Ciudad Guayana, donde los obreros de las otroras prósperas empresas del hierro, el aluminio y la bauxita han tomado sus lugares de trabajo como puntos de resistencia y piden, no solo que se rescate el que fue el segundo emporio de exportación minero del país, sino que sus salarios que, igualmente, no alcanzan los 30 dólares se nivelen con los estándares mundiales.
De los hospitales en vías de colapso, de las haciendas agrícolas y ganaderas abandonadas y convertidas en rastrojos después que Chávez y Maduro las expropiaron para convertirlas en socialistas y “propiedad” de los trabajadores, de las empresas de servicios como las eléctricas, del suministro de agua y telefonía también llega la presión de la que antes fue una fuerza de trabajo reconocida en la región y el mundo por su competencia, su afán por superarse y responsabilidad frente al Estado y la sociedad.
En otras palabras que, solo en la sesión que simultaneamente realizaban en Caracas los diputados de la Asamblea Nacional electa el 5 de diciembre del 2015 para elegir su nueva Junta Directiva y decidir la suerte del gobierno paralelo opositor conocido como Interinato -y sobre todo de su presidente, el asambleista Juan Guaidó- no se oía una sola referencia a los sucesos que sacudían al país, como si fuera una política de estos representantes del pueblo no inmiscuir en las acciones de confrontación y lucha que el pueblo mismo llevaba no muy lejos del histórico recinto.
Y quizá sin proponérselo, los diputados reunidos en una sala del Palacio Federal Legislativo en Caracas y los obreros que se abatían contra las fuerzas represivas del régimen en Ciudad Guayana, Lecherías, Barinas, San Cristóbal, Calabozo y Maracay nos traían en vivo y directo las imágenes contrapuestas de estas dos oposiciones que han surgido en el seno de la sociedad venezolana desde el 6 de enero de 2019, cuando una fracción de diputados liderada por Juan Guaidó de “Voluntad Popular” ganó la mayoría para presidir la AN, y semanas después, en un Cabildo Abierto en el Este de Caracas, pidió y obtuvo el respaldo para proclamarse “Presidente Interino” de la República, hasta que el pueblo en la calle hiciera realidad el programa de: 1) Cese de la Usurpación 2) Elecciones Libres y 3) Gobierno de Transición.
En otras palabras que, la llave para dar paso a una política bloqueada desde que Maduro asumió el poder luego del fraude perpetrado el 13 de abril del 2013 y que se fundamentaba en el hecho de que, como la Constitución Bolivariana solo admitía como forma legal para destituir al presidente la convocatoria a unas elecciones donde las mayorías eligieran al nuevo Jefe del Estado, el Poder Ejecutivo tenía la facultad de reprimir a todos los que quisieran desplazarlo violando el texto constitucional.
Solo que en este caso, como Maduro había sido electo a través de un fraude y el Poder Legislativo como producto de unas elecciones constitucionales, este último podía activarse para exigirle o la devolución del Poder Ejecutivo o la repetición de unos comicios libres e independientes que decidieron a quien correspondía ejercer legítimamente el poder.
Como, lógicamente, el dictador no aceptó la petición, Guaidó fue nombrado presidente Interino y lo llamó a un diálogo para decidir pacíficamente. Electoralmente, la controversia.
Entre tanto, el país pasó a ser regido por dos poderes, el Ejecutivo que lo ejercía fraudulentamente y el Legislativo que lo ejercía legítimamente Guaidó.
Era una solución novedosa en el contecto de un país gobernado por una dictadura marxista que, no obstante, había permitido que el Poder Legislativo fuera ejercida con mayoría absoluta de la oposición
Y esta fue la razón por la que el pueblo venezolano apoyó mayoritariamente al presidente Interino, Juan Guaidó y a la Asamblea Nacional e internacionalmente fueran reconocido por 60 países, aparte que se le concedieron facultades para actuar como propietarios y salvaguardas de los activos del país en el extranjero.
Maduro, entonces, fue objeto de un aislamiento feroz, se le presionó para que convocará a unas elecciones libres y objeto de continuas sanciones para obligarlo a someterse a un veredicto popular que legitimara o deslegitimara su gobierno.
El gobierno Interino, su presidente Guaidó y la AN convocaban, por su parte, diversas y permanentes movilizaciones para obligar al tirano a aceptar las peticiones que surgieron de la reunión del 6 de enero del 2019, pero que al no lograr que cediera se desviaron hacia una aventura golpista perpetrada el 30 de abril para que el pueblo tomara el Palacio de Miraflores y los cuarteles también fracasada y que concluyó con la fuga del Presidente de “Voluntad Popular”, Leopoldo López, de su lugar de reclusión, su casa y su petición de refugio en la embajada de Chile en Caracas, para después viajar a España con un status de asilado.
Puede decirse que después del fracaso de la intentona golpista del 30 de abril del 2019 y del traslado del presidente de “Voluntad Popular”, Leopoldo López a España (que era el verdadero jefe del gobierno Interino), así como de numerosos dirigentes y activistas que tuvieron que tomar el camino del exilio por la persecución del madurismo, la movilización de la oposición en las calles del país fue reducida a niveles notables, en tanto que, los partidos que estructuraban el gobierno opositor tuvieron que mudarse al extranjero para continuar las tareas que les asignó su condición de administración gubernamental paralela.
Lo cual, al verla forzada a defender los activos del país sujetos a demandas en el extranjero por los incumplimientos de Chávez y Maduro, la convirtió en “un gobierno en exilio”.
Ello significó que los ingresos que también generaban los activos que no estaban sujetos a demandas cayeran en manos de políticos opositores pocos conocedores de la legislación administrativa nacional e internacional y los mismos se emplearan para pagar nóminas de políticas exilados que debían procurarse recursos de fuentes que en absoluto estuvieran relacionados con dinero que pertenecían a todos los venezolanos.
Resaltemos que se trató de una circunstancia que contribuyó al crecimiento de la burocracia opositora en el exterior, de la denuncia de líderes opositores por malversación de fondos y al final del cruce de denuncias por corrupción entre dos de los principales líderes exilados: Leopoldo López y Julio Borges.
Pero sobre todo, destrozó el prestigio, la confianza y credibilidad de la mayoría de los venezolanos en el Interinato y su presidente Guaídó y al final su disolución por una mayoría de diputados que obedecen órdenes de Henry Ramos, Julio Borges y Manuel Rosales.
Hoy puede decirse que la oposición venezolana apenas dispone de tres líderes que se mantuvieron alejados de las malandanzas de Interinato: María Corina Machado, Andrés Velásquez y Antonio Ledezma y de las multitudes que desde el 9 de enero piden aumentos salarios, nuevo gobierno y nueva oposición.
Sin embargo, es apresurado pronosticar si habrá punto de encuentro entre estos líderes y sus partidos que vienen de la vieja oposición, con la nueva que está naciendo, que está en la calle y cuya cultura política tiene pocas coincidencias con las glorias y caídas de una era que no se puede olvidar: la de las luchas de los venezolanos contra las dictadura de Chávez y Maduro.
El próximo lunes 23 de Enero se celebrará el 65 aniversario de aquella gloriosa fecha que derrocó la dictadura del tirano Marcos Pérez Jiménez: es seguro que despejará muchas claves sobre el futuro de la oposición venezolana
